La fiscal Alicia Sapriza desmintió este miércoles que se haya dado un intento de ataque contra el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia el 10 de mayo pasado. La agente del Ministerio Público mencionó que sí se dieron amenazas que en su momento se hicieron públicas; sin embargo, sostuvo que no se registró ningún atentado frustrado contra Pecci en Paraguay como lo apuntó ayer martes la Policía Nacional de Colombia en una conferencia de prensa.
“Se hicieron públicas ciertas amenazas con procesados de él en algunas causas, que fueron amenazas de público conocimiento, pero en particular no hubo ningún atentado”, expresó la fiscal Sapriza en contacto con la 1080 AM.
Igualmente, también se refirió a las versiones de que supuestamente se habría dado un intento de acabar con su vida días antes o en el mismo día de su boda. En ese sentido, mencionó que ya conversaron con todas las personas que se manifestaron sobre el supuesto hecho y quedaron descartadas.
“Nosotros hemos hablado ya con todas las personas que en algún momento dijeron eso, que habría ocurrido algo ya días previos a su boda, incluso ese día, todo eso ya quedó para nosotros descartado”, indicó la agente fiscal.
La misma insistió en que desde el Ministerio Público no se registró ningún intento de atentado, agregando que el extinto fiscal Marcelo Pecci tenía conocimiento de las amenazas y los riesgos del trabajo que realizaba.
“No hubo ninguna amenaza, y sí, obviamente los riesgos propios que sí había con respecto al cargo que siempre manejaba Marcelo con mucha prudencia porque sabemos que estamos expuestos de alguna u otra manera, pero una amenaza concreta o un atentado frustrado no hubo en ese sentido”, puntualizó.
Esta versión surgió del director general de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, quien informó en conferencia de prensa realizada ayer martes que el Primer Comando Capital (PCC) ya intentó asesinar al fiscal contra el Crimen Organizado en Paraguay.
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Separan a tres guardias tras plan de ataque a Tío Rico en su celda
El presunto plan de ataque a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, dentro del Centro Penitenciario de Minga Guazú sigue teniendo derivaciones. Se conoció la separación de tres agentes penitenciarios sancionados, según confirmó el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, en comunicación con Radio Universo 970 y el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, a La Nación/Nación Media.
Maciel reiteró que la alarma se encendió al principio de este mes al detectarse comportamientos y movimientos inusuales dentro del área de máxima seguridad del centro penitenciario.
Los agentes apartados estaban asignados al módulo donde está la celda de Insfrán en el momento en que se detectaron las conductas irregulares. Para el viceministro Rubén Maciel, la arista más crítica del caso apunta a la complicidad interna.
Por su parte, el director de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña, aclaró que el presunto intento de atentado contra Tío Rico es una alegación de los defensores del citado.
Reiteró que los tres agentes fueron sometidos a sumarios y “sancionados con traslado que es una de las sanciones posibles” y, al mismo tiempo, “mejorar las condiciones de seguridad dentro de este pabellón de máxima seguridad”, en el que se encuentra Miguel Ángel Insfrán.
TRASLADADOS
“Fueron trasladados al Penal Regional de Ciudad del Este tres funcionarios, en un proceso de reorganización y mejora operativa, coincidente con el fin de la intervención y el nombramiento de un nuevo director de la penitenciaría”, explicó Peña.
Con respecto al incidente donde supuestamente se quiso atacar a Tío Rico, el coronel Rubén Peña explicó que “el 11 de mayo pasado, 7 personas privadas de libertad, recluidas en el mismo módulo con Miguel Insfrán, lograron salir de sus celdas y se dirigieron hacia el sector donde está el señor Insfrán”. “Sin embargo él estaba en una comparecencia telemática a esa hora y su integridad nunca estuvo comprometida. Posteriormente se tomaron medidas administrativas contra las PPL que abandonaron sus celdas”, agregó Peña.
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Irán responde a la última propuesta de EE. UU. en medio de nuevas amenazas de Trump
La cancillería de Irán aseguró este lunes haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, horas después de que Donald Trump renovara sus amenazas contra Teherán si no acepta el acuerdo de paz.
Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.
“Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.
El vocero añadió que los intercambios “continúan a través del mediador pakistaní”, sin ofrecer más detalles.
Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero, el levantamiento de las sanciones de larga data y que Estados Unidos pague reparaciones por una guerra “ilegal y sin fundamento”.
Irán, “preparado”
Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está “totalmente preparado para cualquier eventualidad”.
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La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Estados Unidos se había negado a liberar “ni siquiera el 25 %” de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.
El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.
En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.
También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.
La gestión del estrecho de Ormuz
Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.
El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.
En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería “información en tiempo real sobre las operaciones” en este paso marítimo.
Por su parte, los Guardianes de la Revolución afirmaron que los cables de fibra óptica de Internet que atraviesan el estrecho también podrían quedar sujetos a un sistema de permisos.
“Tras la imposición del control sobre el estrecho de Ormuz, Irán, alegando su soberanía absoluta sobre el lecho y el subsuelo de sus aguas territoriales (...) podría declarar que todos los cables de fibra óptica que atraviesan la vía navegable están sujetos a permisos”, afirmó el ejército ideológico de la república islámica en redes sociales.
- Fuente: AFP
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Condenan a 8 años a hombre vinculado al crimen de Pecci
La condena por lavado de dinero fue para Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Marcelo Pecci.
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
LAVADO DE DINERO
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida. Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
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A cuatro años del crimen de Pecci, investigación internacional avanza con resultados positivos
Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.
Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.
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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.
Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.
Captura y condena de autores materiales
En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.
La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:
- Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
- Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
- Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
- Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
- Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
- Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.
Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
Eslabón perdido
A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.
En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.
Cooperación Internacional
Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.
A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.
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