Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

Colombia dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dijo el martes a la AFP una fuente de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. El presidente derechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto, pretende construir diez megacárceles en zonas remotas del país durante su mandato de cuatro años.

El penal llamado Renacer está “en medio de la nada” en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, explicó a la AFP una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Su construcción se inició durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), pero quedó paralizada por falta de fondos.

Va en un “88 % de construcción” y será inaugurada “en el menor tiempo posible”, señaló el funcionario. De la Espriella lleva a cabo una guerra frontal contra las poderosas mafias del país, a las que ofrece “cárcel o tumba”. Quiere que los recónditos centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.

Quiero “que no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, dijo en campaña el derechista, que hace frecuentes alusiones religiosas. El costo de la megacárcel asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos (unos 87 millones de dólares).

“La directriz del presidente De la Espriella fue: necesitamos que reactiven eso ya”, añadió el funcionario del USPEC.

Imágenes compartidas por el organismo muestran enormes pabellones que recuerdan a la famosa prisión salvadoreña CECOT en un espacio de 22 hectáreas.

También celdas con pequeñas camas, pegadas a los baños.

El modelo carcelario de Bukele, criticado por abusos a los derechos humanos y dignidad de los reclusos, también ha sido bandera de líderes derechistas en la región como Daniel Noboa en Ecuador o Keiko Fujimori en Perú.

En agosto, De la Espriella también pidió recluir a los presos más peligrosos en buques en medio del mar, un proyecto que avanza la Armada colombiana.

La alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, avanza otro penal de máxima seguridad con capacidad para 1.300 personas.

Fuente: AFP.

La Policía ya tendría identificado a un hombre que sería el autor material del ataque a balazos contra Rebeca Martínez Aricayé (28), víctima fatal, y Carolina Aguilar (32), quien está luchando por su vida en un hospital.

Se trataría de un hombre que en diciembre de 2024 fue identificado como el presunto cabecilla de una banda de criminales que intentó asaltar a una empresa de transportadora de caudales.

La camioneta de color blanco, tipo Fortuner, en la que fueron alzadas ambas mujeres, todavía no fue localizada. Se presume que dentro del rodado iban tres a cuatro personas.

Durante la persecución, mientras se dirigían a su vivienda, la motocicleta en la que circulaban las dos mujeres terminó cayendo en una cuneta.

La Policía Nacional conformó cuatro grupos de agentes especiales para investigar el caso del ataque a balazos contra la víctima fatal y la otra mujer, quien está luchando por su vida en un hospital.

Están siendo buscadas seis personas, quienes tendrían participación en el hecho.

Para la Policía aún se desconoce el motivo del ataque contra las dos mujeres, quienes fueron abandonadas con heridas de arma de fuego ayer lunes en horas de la mañana, en el predio del cementerio de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera.

En efecto, se presentaron dos hombres, uno de ellos se ve en el vídeo bailando con las mujeres, y el otro sería su patrón que también estuvo participando en la “jineteada”.

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Se trata de Lucas Ancelmo Núñez Silva (19), argentino, quien es cuidador de caballos, y oriundo de Pilar, Departamento de Ñeembucú. El otro que se presentó ante las autoridades es Juan Manuel Durañona (37), quien habría brindado información para colaborar con la justicia.

La Fiscalía no dispuso nada aún contra estas dos personas, que no cuentan con antecedentes penales.

Según la Policía, Lucas Núñez conoció a las mujeres en la fiesta y bailó ahí con ellas.

Según los datos proporcionados por la Policía, estas dos personas están colaborando con información que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido.

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La Policía maneja varias hipótesis sobre el crimen ocurrido ayer en Eusebio Ayala, donde dos mujeres fueron baleadas y sus cuerpos abandonados en el cementerio, mientras se aguarda la autopsia de la víctima fatal a llevarse a cabo esta tarde.

“Las dos mujeres salieron de la fiesta entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada y a las 4:45 fueron interceptadas, alzadas en el vehículo y, según datos investigativos, el hecho en el cementerio ocurrió aproximadamente a las 5:05 de la mañana”, relató el comisario Abel Cantero, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970AM/Nación Medio.

A partir del hallazgo de los cuerpos, comenzaron la investigación, haciendo el seguimiento de los hechos. “Tenemos muchas informaciones. Nuestro objetivo es identificar a las personas que estaban a bordo de la Fortuner que, según nuestras pesquisas, serían los responsables de la muerte y lesión grave de esta pareja”, afirmó.

En ese sentido, presumen que a bordo de la camioneta estaban más de dos personas, atendiendo a que, según imágenes de video, no se observa descender al conductor. “Creemos que el conductor permaneció en el volante y solamente se abrieron las dos puertas laterales de la derecha. Y hablamos de tres a cuatro personas”, indicó el jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

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Por otro lado, descartó que las mujeres hayan tenido que ver con una riña que se habría producido entre dos hombres durante la fiesta. “Las dos mujeres no tenían nada que ver con la pelea. La pelea fue con otros hombres lugareños de Eusebio Ayala”, aclaró.

Sin embargo, circuló un video en el que la mujer fallecida intenta impedir que el agresor golpee a otro hombre. No obstante, el jefe policial descartó una cuestión pasional. ”Ellas estuvieron ahí, pero no participaron como agresoras o víctimas. La riña ocurrió con su exnovio. No se le ve ahí a ella. Fue una gresca de segundos y terminó ahí”, explicó.

En el contexto del narcotráfico, están analizando toda la información porque no se descarta esta hipótesis, señaló. “Tenemos la sospecha de que son gente que vino de lejos, porque no hay nadie que les pueda identificar en la zona. Entonces, puede venir por ahí. Puede ser que sea gente que vino de lejos para la fiesta. Ahí puede estar el vínculo”, expresó el agente.

Añadió que tampoco tiene lógica decir que fue feminicidio. “Hay que analizar bien qué pudo haber pasado”.

Sobre señales de tortura en los cuerpos de las mujeres, dijo que “se confirmará una vez que se termine la autopsia que se va a hacer a la tarde”.

En cuanto a la detención del novio y del hermano, mencionó que sería por una cuestión preventiva. Además, señaló que ambos colaboraron con datos. “Todo el día estuvimos en contacto con ellos y estuvieron colaborando con la investigación. No se halló relación con ellos; creo que la detención fue más bien preventiva porque ellos estuvieron aportando datos”, apuntó.

En relación al hombre que se autoeliminó en la zona de Piribebuy y que estaría relacionado con el caso, fue descartado. “Hay mucha información que en su momento tiraban las personas y lanzaban hipótesis; eso pudo haber confundido, pero no tiene nada que ver. De todos modos, analizamos y no hallamos nada compatible”, precisó.

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