Mediante un comunicado los miembros del Club de Ejecutivos del Paraguay, presidido por Jaime Egüez, exigieron a los autores políticos, resguardar la institucionalidad del país, ante la instalación de una agenda mediática de intereses espurios que en coordinación con medios de comunicación buscan denigrar y contaminar los procesos jurídicos.
Al respecto, en la nota mencionan que que “el Club de Ejecutivos demanda al sector político que no destruya por intereses sectoriales la institucionalidad y la vigencia de los derechos básicos de todos los paraguayos. La agenda mediática intencionada hacia la destrucción de estas garantías, nos pone en peligro a todos los que vivimos en el Paraguay”, sostiene.
La postura surge ante la filtración de un informe confidencial por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de Carlos Arregui, relacionado al expresidente de la República Horacio Cartes, cuyos datos estarían siendo utilizados de acuerdo a las denuncias como un “garrote político” contra el líder del movimiento Honor Colorado, rumbo a las elecciones internas que se encuentran previstas para el próximo 18 de diciembre.
“Ello, porque estamos camino a perder la vigencia constitucional de imparcialidad a manos de intereses espurios que usan los titulares de los medios para denigrar y contaminar un proceso que debe ser rigurosamente jurídico y garante de la libertad de cada ciudadano”, afirman.
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Finalmente, sostienen que exigen a las instituciones encargadas de velar por los procesos de investigación, las garantías correspondientes respaldadas constitucionalmente. “Demandamos responsabilidad y seriedad con el Paraguay y todos sus ciudadanos”, piden.
Una documentación reservada se filtró desde la Seprelad a medios de comunicación que junto con el Gobierno buscan posicionarse en las internas coloradas para deteriorar la suerte del cartismo, teniendo la campaña electoral en puertas. El informe confidencial de 43 páginas no contiene elementos nuevos, son fragmentos del informe de Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional. En el informe hacen alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
El Tribunal de Apelación deberá estudiar si corresponde confirmar el fallo dictado en primera instancia.
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
ABSOLUCIÓN DE CULPA
Un tribunal de sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible.
Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente.
Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
- Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
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Empresarios respaldan debate para modernizar la institucionalidad energética
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este jueves la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, un espacio multisectorial convocado por iniciativa del mandatario para avanzar en la transformación y fortalecimiento de la institucionalidad energética del Paraguay. Como paso concreto, el Ejecutivo puso a disposición pública dos proyectos de ley vinculados a estas propuestas, para que puedan ser analizados, revisados y debatidos por especialistas y sectores involucrados.
En conferencia de prensa, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte resaltó que no existen puertas cerradas, ya que el Gobierno está poniendo a consideración de todos los sectores los planes de acción respecto al futuro energético del país.
“El Gobierno está poniendo a disposición de todos dos proyectos de Ley, en lo que estaremos opinando cada uno observando las cuestiones que requiere cada uno de nuestros sectores. Creo que esa es la forma de construir políticas públicas”, remarcó.
Mencionó que a través del diálogo público y privado se podrá construir consensos mediante la diversidad de opiniones. Indicó que tal vez 10 años atrás no se esperaba que las inversiones extranjeras pongan el ojo sobre el Paraguay. “Pero ahora necesitamos construir fortalezas, necesitamos construir una estructura energética confiable. Necesitamos inverisión, pública y privada. Pero para que exista esa inversión y la industria se pueda desarrollar se necesita condiciones, se necesita seguridad jurídica”, remarcó.
Superar el cuello de botella
A su turno, Rubén Jacks, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) resaltó que hoy el Paraguay tiene muy buenas oportunidades de inversión extranjera y nacionales, pero están enfrentando un “cuello de botella institucional”, ante la falta de un ente regulador y un Ministerio de Minas y Energías.
“El tema de energía no es un tema menor y el cuello de botella que estamos encontrando para las inversiones extranjeras y de las industrias nacionales, tiene que ver con la energía. Por eso, es un tema que tenemos que tomarlo con mucha seriedad”, remarcó.
Importante “punta pie”
A su turno, Eduardo Vierma titular de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) señaló que esta primera reunión ha sido un importante “puntapie” de algo que hace mucho tiempo venían necesitando el sector. Indicó que el sector eléctrico es un tema que necesita la atención de todos los paraguayos en general, la industria, el comercio; para lograr esa institucionalidad que es necesaria.
Destacó que se está logrando ahora con la presentación de estos dos proyectos de Ley que presentó el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la creación del Ministerio de Minas y Energía y la creación del ente regulador energético. Aseguró que desde el sector privado van a colaborar. “Creemos que es el mecanismo para que el Paraguay sea previsible en los próximos años con respecto a la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica”, acotó.
Tendremos más consensos
En tanto, el exdiputado de Patria Querida, Sebastián Acha, consideró de trascendencia absoluta los dos proyectos de Ley que presenta el Gobierno. “Estoy convencido de que tendremos mucho más consensos que disensos en este proceso y que el futuro del Paraguay depende en gran medida en los próximos pasos que tengamos que dar y la apertura del mercado eléctrico a inversiones privadas”, expresó.
Desde el ámbito técnico, Cecilia Llamosas de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (CAPAMAD), sostuvo que el desafío no se limita a cuestiones de capacidad técnica, sino que requiere respuestas en materia de gobernanza e institucionalidad. Estimó que durante los próximos 13 a 15 años serán necesarias inversiones cercanas a USD 11.000 millones en el sector y planteó la importancia de generar las condiciones para movilizar ese capital.
La primera sesión de la Mesa deja así instalado un proceso de análisis que continuará con nuevas reuniones y con el estudio público de los proyectos. El objetivo es avanzar sobre las fortalezas ya construidas por Paraguay y modernizar su marco institucional y regulatorio para que la energía siga acompañando el crecimiento, la inversión y el desarrollo del país en las próximas décadas.
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Generación continua, el atractivo de la energía nuclear para Paraguay
Mientras el Estado paraguayo analiza incorporar reactores modulares pequeños para diversificar su matriz energética ante el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica, la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) insiste en que el proyecto tendrá fines exclusivamente civiles. Sus autoridades destacan la alta disponibilidad de la energía nuclear y piden a la clase política recurrir a fuentes especializadas antes de tomar decisiones.
En esta tercera y ultima entrega de la entrevista que brindaron al diario La Nación/Nación Media, el titular de la ARRN, Dr. Jorge Molina así como el vicepresidente el Dr. Eduardo Galiano confirmaron que la energía nuclear que Paraguay está buscando incorporar estará destinada exclusivamente a fines civiles, es decir, generar energía eléctrica.
Las autoridades sostienen que el Plan Nacional de Energía encargado por el Ejecutivo no contempla ningún uso militar y recuerdan que Paraguay es signatario del Tratado de Tlatelolco, que compromete a los países de América Latina y el Caribe a mantener la región como zona libre de armas nucleares desde 1968.
“Hicimos este plan sobre posible uso de estos SMR, reactores modulares pequeños. Este documento fue revisado por el departamento de Estado de los Estados Unidos y la Universidad de Texas; les gustó el trabajo y fruto de eso justamente salió este primer paso que fue la firma de memorandum de entendimiento firmado por el canciller”, comentó el Dr. Molina.
Cabe recordar que para concretar la compra y operación de reactores nucleares de origen norteamericano, Paraguay deberá cumplir primero las condiciones del denominado Acuerdo 123, un convenio bilateral altamente exigente que regula la transferencia de tecnología sensible.
“Despachabilidad”, principal ventaja
Por otra parte, el Dr. Eduardo Galiano destacó la capacidad de los reactores nucleares de generar electricidad de manera continua, independientemente de las condiciones climáticas. Señaló el concepto de “despachabilidad” como una de las principales ventajas de la energía nuclear frente a otras fuentes que cobra relevancia ante el crecimiento de la demanda eléctrica del Paraguay.
“Una categoría aparte por su despachabilidad, eso quiere decir que siempre está disponible de día, de noche, si hay granizo, si hace frío, si hace calor, si hay sequía, si está nublado, o sale el sol, si no sopla el viento, está ahí. No hay ninguna otra energía que pueda competir en despachabilidad, porque produce energía eléctrica de forma continua″, expresó.
A su turno, el Dr. Molina destacó que otra de las ventajas de esta tecnología es que pueden durar 60 años y con un buen reacondicionamiento, puede llevar hasta los 100 o 110 años. “Es más caro, es cierto, que los paneles solares, está más o menos en el orden del gas, un poco más caro, pero dura mucho más. Y tenés 100 %, o sea, más del 90 % de despachabilidad, que significa que está operando. No importa las condiciones climáticas. Entonces, altamente confiable”, acotó.
Debate técnico con fuentes expertas
Finalmente, ambos expertos de la ARRN señalaron que ante la complejidad y sensibilidad de la tecnología nuclear, advierten sobre el riesgo de que rumores, información falsa o datos sin sustento que terminen influyendo en el debate público. Por ello hicieron un especial llamando a la clase política a recurrir a especialistas antes de tomar decisiones sobre el futuro energético del país.
“Cuando exista alguna duda sobre el tema hablen con gente entendida. Si no confían en nosotros que vayan a una fuente al exterior, pero fuentes entendidas, gente formada en este tema. Porque de lo contrario, los rumores como bolas de nieve, crecen, y se multiplican y estamos con con una población mal informada, con una clase política mal informada que inexorablemente llevan a malas decisiones”, concluyó el Dr. Galiano.