El politólogo y miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington DC, Emanuele Ottolenghi, cuestionó que se haya “filtrado” informes de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y más aún que se haya utilizado para golpear a los adversarios del actual gobierno. Sostuvo además que esta situación no es buena para el país, principalmente, al ser usado con fines político-electorales.
“Me llama mucho la atención, no dice nada de la precisión, de los detalles que están en este reporte, es algo que los investigadores deberán seguir investigando, pero me llama la atención que hay elementos en el sistema político y del poder en Paraguay que piensan que el trabajo de inteligencia sea para golpear a sus adversarios políticos y no para adelantar el tema de la justicia, la transparencia del actual gobierno y de la democracia”, cuestionó el principal miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
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El especialista en los casos de investigaciones sobre lavado de dinero y bienes se refirió a la “filtración” de un informe de la Seprelad a medios de comunicación a fines del gobierno en contra del grupo empresarial del expresidente Horacio Cartes, que sostiene que desde Tabacalera del Este SA (Tabesa) presuntamente se produce la actividad ilícita de lavado de dinero. El informe de la Seprelad señala supuestos pagos de empresas que hacen parte del Grupo Cartes, a Tabesa, que de acuerdo a Pedro Ovelar, abogado del expresidente, se trata de conjeturas e incluso habla de un esquema montado por el oficialismo para responsabilizar a la Fiscalía sobre la filtración del informe.
Sobre esto, Ottolenghi insistió que le llama la atención que justamente las filtraciones se hayan dado en un momento en que en Paraguay se están dando las campañas políticas de cara a unas elecciones presidenciales y previamente a unas elecciones internas. Incluso mencionó dos situaciones que deberían estar siendo investigadas por las autoridades nacionales, sin embargo, se enfocan en un supuesto informe que está siendo utilizado en una cuestión política.
“Las mismas facturas que se reportan en el informe de la Seprelad y que salen dos días y medio sin que supuestamente una investigación de porqué llega un carguero venezolano y porqué hay una tripulación iraní en Ciudad del Este dos días y medio, y en lugar de investigar y recoger inteligencia, lo que se hace es filtrar información en un momento delicado, muy sensible del proceso político en vuestro país. Por eso me llama mucho la atención”, expresó.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Premiaron con alto cargo en Seprelad a la ejecutora del plan contra Cartes
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.
- Por Cinthia Mora
Un reporte de auditoría interna de la Seprelad ordenado por la actual ministra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcionaba el engranaje para filtrar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.
La Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la divulgación indebida de datos confidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.
Este pedido fue remitido a las autoridades de nuestro país a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La solicitud consistía en un pedido puntual sobre los antecedentes policiales y judiciales del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación.
El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la declaración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para responder el pedido de informe de Panamá. En su declaración, el funcionario reveló que recibió instrucciones escritas y verbales del funcionario Guillermo Preda (imputado en la causa de filtraciones) ordenándole adjuntar, además de la información solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.
De acuerdo al relato del funcionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el contenido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.
PREMIADA CON PUESTO CLAVE
Llamativamente y posterior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presidencial en el cargo de viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análisis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecutora de los operativos de filtración que se registraron ese año.
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.
En mayo del año 2022 iniciaron las sucesivas publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos claves.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.