El fiscal Omar Legal, de Delitos Económicos y Lavado de Dinero, informó que se fortalecerá el protocolo de seguridad para los agentes fiscales tras el crimen de Marcelo Pecci. Actualmente existe un protocolo de protección del Ministerio Público, pero no se aplicó con Pecci por ser una actividad privada su viaje a Colombia.
Sin embargo, tras lo ocurrido, se deberá tomar otros recaudos para la protección de los agentes fiscales en el país y en el exterior. Estos temas fueron abordados con un grupo de fiscales que acompañó a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en el encuentro con la mesa directiva del Senado.
Los temas se trataron en asuntos presupuestarios y algunos casos de investigación en particular, ahora se suscribió el sistema de seguridad que tiene la Fiscalía para la protección a sus agentes y el protocolo pertinente que se fortalece. “Existe un protocolo de protección establecido, pero aquí lo que se habló de dosificar dicho protocolo”, dijo.
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También mencionó que el Ministerio Público tuvo recorte presupuestario que afecta en todos los sectores, insumos, infraestructura, “la cantidad de hechos sube y nuestro presupuesto bajó, eso impacta a la hora de investigar”, confesó. Se busca reforzar la estructura del Ministerio Público para tener impactos positivos y un trabajo bien hecho.
Los proyectos de reducción presupuestaria pasaron en su momento por el Ministerio de Hacienda, a partir de esta experiencia negativa se aprende, partiendo de que ahora los crímenes son complejos y la transnacionalidad obliga a cuidarse en todas las actividades.
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Alerta de bomba en el aeropuerto: Fiscalía determinará jurisdicción del caso
Ayer domingo se desarrolló un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi luego de que un pasajero que acababa de abordar un avión con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, manifestara que tenía una bomba en su equipaje de mano.
“Estamos asumiendo la conducta bajo varios códigos penales, pero también vamos a tener en cuenta el lugar del hecho, se realizó dentro de una aeronave con matrícula argentina eventualmente nosotros podríamos ceder la intervención a la justicia argentina o tomar la jurisdicción para formular lo que corresponda al derecho, pero estamos analizando las opciones”, dijo el fiscal del caso Federico Delfino en comunicación con el programa “Arriba Hoy”, emitido por Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Aseguró que si la Fiscalía paraguaya llega a quedarse con el caso, el ciudadano argentino podría ser imputado por cargos como producción de riesgos comunes, coacción y coacción grave, eso sin contar las sanciones pecuniarias y administrativas que podría aplicar la Dinac como ente regulador aeroportuario, pudiendo inclusive prohibir que este hombre vuelva a volar con destino a Paraguay desde cualquier destino y viceversa.
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Tras la amenaza de bomba el capitán de la aeronave alertó a la torre de control y se activó el protocolo de seguridad, empezando por suspender el vuelo. La aeronave fue aislada a la zona de seguridad y posteriormente a la detención del pasajero que mencionó que portaba un explosivo se procedió a la evacuación de los más de 150 pasajeros y la tripulación, quienes fueron nuevamente inspeccionados al igual que sus equipajes para descartar cualquier amenaza.
Si bien se descartó la presencia de algún explosivo minutos después de haber iniciado el protocolo de seguridad, el pasajero identificado como Guillermo Bertolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina quedó bajo custodia policial en la Comisaría 3ª de Luque a disposición del Ministerio Publicó y las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quienes ahora deberán decidir la manera de proceder ante el hecho.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
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“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP