Este martes, la Policía Nacional junto con el Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos y lograron detener a tres personas que habrían atacado a un trabajador rural en el departamento de Canindeyú. El atentado se habría registrado el pasado 31 de marzo, cuando resultó herido un hombre.

Según el reporte dado por la Fiscalía durante varios procedimientos que se realizaron durante la jornada de hoy en la Colonia Nueva Durango, se logró dar cumplimiento a las órdenes de detención que pesaba contra: Wenceslao Benítez Britos, Rufinos Pérez Velázquez y Alberto Ramón Núñez Álvarez.

Estas personas estarían sindicadas como los presuntos autores del atentado que se reportó contra un peón que realizaba su trabajo a bordo de un tractor en la misma localidad el pasado 31 de marzo. Los ahora detenidos portaban armas de fuego con las que dispararon al trabajador.

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La víctima recibió disparos en el brazo y tórax, también un corte importante a la altura de la cabeza. Se presume que este ataque se registró porque estas personas estaban contra los trabajos agrícolas en un terreno que se encuentra en disputa y que existe interés de una presunta ocupación ilegal.

Las intervenciones estuvieron encabezadas por el fiscal de Curuguaty, Juan Benegas, y el fiscal de San Pedro, Juan Daniel Benítez. En el caso también se encuentran imputadas otras 11 personas por tentativa de homicidio doloso, portación ilegal de armas, asociación criminal e invasión de inmuebles.

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El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.

Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.

El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.

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“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.

En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.

“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.

Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.

“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.

En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.

“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.

Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.

Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.

Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.

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El presidente Donald Trump despidió el jueves a la fiscal general Pam Bondi, una fiel aliada suya, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas.

El vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump, ejercerá como fiscal general interino, anunció el presidente en su plataforma Truth Social.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal”, aseguró Trump.

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“Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado”, añadió.

Trump había expresado meses atrás su frustración por lo que consideraba un compromiso insuficiente de Bondi para llevar a juicio a varios enemigos políticos de la época en la que estuvo a punto de ir a la cárcel por varios casos, tras su primer mandato presidencial.

La fiscal general también recibió críticas, tanto de seguidores de Trump como de la oposición demócrata, por la forma como gestionó el dossier del criminal sexual Jeffrey Epstein.

Fuente: AFP

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La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Espe­cializada en Crimen Organizado, emitió un comu­nicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Direc­ción Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una orga­nización criminal que trafi­caba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), Líder Amarilla. En el documento, Arriola ini­cia su descargo con una des­cripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coro­nel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).

Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sen­tencia Especializado en Cri­men Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.

“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produ­ciendo los elementos probato­rios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obteni­dos conforme a las disposicio­nes legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente indi­vidualizados”, refiere.

El agente agrega que en el curso de la investigación “sur­gieron menciones relativas a un legislador (haciendo refe­rencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendi­das en su contexto”. Señala que “dichas referencias pro­vienen exclusivamente de elementos probatorios vin­culados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en rei­teradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal”. Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Minis­terio Público y serán valora­das dentro del contradictorio propio del juicio oral”.

La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denun­ciará ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una quere­lla en su contra por falsas acu­saciones. Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Ama­rilla en la sede del Congreso.

En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.