Una comitiva de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) forma parte de la misión internacional de observadores que se encuentra verificando el proceso con vistas a las elecciones nacionales presidenciales que se celebrarán el domingo próximo en Colombia.
La delegación paraguaya, cuyas tareas con la misión extranjera se iniciaron ayer, miércoles y concluirán el lunes 30 de mayo, está integrada por los directores del Registro Electoral, Alfredo Ignacio Gamarra; de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Fausto von Streber, y por el miembro del Tribunal Electoral de Misiones, José María Salinas.
También forma parte de la comitiva en representación del TIC el coordinador general electoral, Miguel Duarte, y Celeste González, de la Coordinación General de Liquidación. Los funcionarios paraguayos fueron asignados, respectivamente, a los grupos de la Misión de Observación Internacional (MOI) de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), así como de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés).
Misión técnica
Los emisarios del TSJE tenían previsto tras su arribo a Colombia participar de las reuniones con autoridades locales, referentes políticos y sociales, además de los recorridos por los locales de votación durante la jornada eleccionaria en el marco de la tarea de acompañamiento al proceso electoral de las naciones de Latinoamérica, según informó la Justicia Electoral.
Las elecciones nacionales presidenciales en su primera ronda de Colombia se desarrollarán el domingo 29 de mayo próximo, de 8:00 a 16:00 (hora local) y la eventual segunda vuelta está prevista para el 19 junio del año en curso. Paraguay también había participado con representantes del TSJE en una misión de la Uniore, que llevó a cabo tareas técnicas con vistas a esos comicios en territorio colombiano, del 4 al 11 de mayo pasado, con el objetivo de conocer cómo los organismos electorales, estatales y políticos realizaban sus preparativos para esa pugna electoral.
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Julián Vega recibe su proclamación como intendente electo de Roque Alonso
El intendente electo de Mariano Roque Alonso, Julián Agustín Vega Insfrán, recibió su certificado de proclamación tras obtener más de 20.000 votos en las elecciones municipales del 4 de octubre. Posteriormente, visitó al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, para destacar la organización de los comicios.
Durante el acto de proclamación que se realizó ante la magistrada Myriam González, presidenta del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Capital y Central - Primera Sala, del TSJE, indicó que: “Quiero dar gracias, a Dios, a mi familia y principalmente a cada vecino roquealonseño que nos abrió las puertas de su casa y que creyó en este proyecto”, expresó Vega Insfrán tras recibir el certificado de proclamación.
El jefe comunal colorado agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que trabajará por los vecinos de la ciudad. “Vamos a trabajar dignamente por la ciudadanía de Mariano Roque Alonso que confió en nosotros con más de 20 mil votos y estamos a disposición de la Justicia Electoral”, sostuvo el jefe comunal ante la magistrada del Tribunal Electoral.
Trabajo impecable del TSJE
Posteriormente, visitó al Ministro del TSJE, Jaime Bestard y destacó el trabajo impecable de la Justicia Electoral durante las elecciones municipales del 4 de Octubre pasado. Por su parte, Bestard felicitó al flamante titular de la comuna de Mariano Roque Alonso.
“Quise venir personalmente a saludar al Ministro Jaime Bestard, y a todo su equipo. Quiero destacar el trabajo impecable, transparente y eficiente que hicieron en estas elecciones municipales, en todo el país y principalmente en Mariano Roque Alonso, donde tuvimos una jornada sin incidentes mayores, con resultados rápidos y claros”, remarcó Vega.
Asimismo, resaltó que esos resultados hablan de una institución sólida que da garantías a todos los paraguayos. “Como intendente, mi reconocimiento y mis felicitaciones al ministro y a todos los funcionarios electorales”, sostuvo Julián Vega, acompañado de miembros del equipo de transición de mando de la Municipalidad de Roque Alonso.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.
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Ideología de género: “Todo lo que pueda confundir en su identidad tiene que ser considerado abuso infantil”, sostuvo senadora
La senadora Lizarella Valiente, miembro de la bancada de Honor Colorado, expresó su respaldo a la iniciativa popular vinculada a la protección de niños y niñas respecto a la ideología de género. Aclaró que la propuesta normativa aún debe completar el proceso de certificación de firmas, al tratarse de una iniciativa popular, para luego formalizar su presentación ante el Congreso. Sostuvo que, una vez ingresada deberá ser analizada en comisiones, audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas.
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No obstante, en entrevista con La Nación/Nación Media, la parlamentaria confirmó que acompaña el espíritu de la propuesta ciudadana y vinculó su postura con la protección de la identidad y el desarrollo de niños y niñas. Indicó que la educación sexual en las instituciones educativas es importante, pero la discusión debe centrarse en el enfoque de los contenidos.
En cuanto al proceso, señaló que por de pronto tiene conocimiento que la iniciativa popular cuenta con más de 50.000 firmas; pero todavía no se hizo una presentación oficial, porque al tratarse de una iniciativa popular tiene un trámite que cumplir en la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.
“Como senadora, acompaño el espíritu de la iniciativa. Una vez que llegue al Congreso tendrá que seguir un trámite por las distintas comisiones, ya que deberá pasar por las comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más importante, porque, si está en contramano con la Constitución Nacional, no se tiene que aprobar. También contar con dictamen de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, porque tiene que ver con los niños, que son las comisiones afines”, expresó.
Protección de la niñez
Valiente resaltó que su labor legislativa se centra en la protección de la niñez y en la preservación de la indemnidad de niños y niñas, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su desarrollo armónico.
Remarcó además que el desarrollo armónico es justamente su bien jurídico que es la indemnidad, que busca proteger su desarrollo libre y sano de la sexualidad de los menores de edad frente a injerencias o conductas abusivas.
“Todo lo que pueda llegar a confundir en su identidad, en el desarrollo de su personalidad, se refiere en ese proceso de cero año a más o menos, según la ciencia, hasta los siete u ocho años, tiene que ser realmente considerado abuso infantil”, remarcó.
Biología e identidad
La parlamentaria sostuvo que la perspectiva de género desconoce la realidad biológica al plantear cuestiones vinculadas con la identidad sexual y advirtió que los niños podrían asumir como cierta la idea de que pueden elegir ser lo que desean. Señaló que la identidad también tiene un componente biológico y manifestó su acompañamiento al espíritu del proyecto relacionado con la protección infantil.
“Esa confusión es lo que nosotros consideramos y por eso acompaño el espíritu de la iniciativa popular, al referir que es abuso infantil. Porque le confunde en su identidad al niño o niña. Esto no tiene nada que ver con la libertad genuina que tiene un adulto, de autopercibirse como quiera, de tener la orientación sexual que quiera; porque no estamos hablando de adultos, de sujetos de derecho y de hecho. Sin embargo, los niños son sujetos de derecho, pero no todavía de hecho y en tutela de un adulto”, remarcó.
Finalmente, la senadora colorada destacó la relevancia de las iniciativas populares como herramientas propias de una república democrática y celebró que los ciudadanos, especialmente los padres y tutores, se involucren en el debate sobre los contenidos que reciben sus hijos y las políticas públicas aplicadas en el sistema educativo. Si bien reconoció que la educación sexual es necesaria en las escuelas, la discusión central gira en torno al enfoque que se le dará.