El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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• Ciudad Victoria, México. AFP.

La violencia ligada al narcotráfico golpeó a un grupo de cinco músicos en México, cuyo asesinato a manos de presuntos miembros de un cártel en un estado fronterizo con Estados Unidos fue confirmado por la fiscalía este jueves. Nueve presuntos integrantes del Cártel del Golfo, que hace tres meses fue designado como “organización terrorista” por el gobierno estadounidense de Donald Trump, fueron detenidos como presuntos responsables del crimen.

Los cadáveres de los integrantes del grupo musical Fugitivo -cuyos corridos están listados en Spotify- fueron hallados en un predio de la ciudad de Reynosa, dijo el fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, en rueda de prensa. El rastro de los artistas, de entre 20 y 40 años de edad, se desconocía desde el domingo cuando tenían previsto realizar una presentación en un bar del centro de Reynosa, según sus familiares.

Barrios informó que los cinco hombres fueron secuestrados la noche del domingo cuando se dirigían al evento en una camioneta de color negro. Sus captores los trasladaron al lugar donde fueron asesinados, agregó. Además del Cártel del Golfo, el gobierno de Trump etiquetó a otras cinco mafias mexicanas como “organizaciones terroristas extranjeras”.

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La hermana de uno de los músicos, que declinó identificarse por seguridad, dijo a la prensa que había recibido llamadas extorsivas tras su desaparición. También denunció el robo de dos vehículos de la agrupación.

Los familiares, junto a colegas de otros grupos musicales, realizaron el miércoles una protesta frente a la alcaldía de Reynosa y luego bloquearon el puente internacional que comunica la localidad con la ciudad estadounidense de Pharr, en Texas.

Por años, músicos mexicanos del género regional han sido blanco de amenazas y agresiones de grupos del crimen organizado, que les pagan por componer e interpretar canciones que exalten a sus líderes, conocidas como “narcocorridos”.

Esas composiciones establecen una forzada lealtad con las mafias que las solicitan y detonan la ojeriza de los cárteles rivales.

En enero pasado, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos con amenazas a una veintena de artistas e influencers por supuestos tratos con Los Chapitos, una de las facciones en guerra por el control del cártel de Sinaloa fundado por el detenido Joaquín “Chapo” Guzmán.

Entre los amenazados figuraba el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, quien admite haber escrito canciones por encargo de narcotraficantes.

La violencia en Sinaloa deja unos 1.200 muertos desde septiembre pasado.

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En 2013, en el estado de Nuevo León (noreste), 17 músicos del grupo Kombo Kolombia fueron ejecutados por miembros del cártel de Sinaloa, quienes habrían castigado así su supuesto vínculo con una banda rival.

En 2008, cuatro integrantes del grupo Herederos de Sinaloa fueron asesinados en Culiacán.

Otros casos sonados fueron los del cantante Valentín Elizalde, asesinado también en Reynosa cuando salía de una presentación en 2006, y el de Sergio Gómez, vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, abatido en Michoacán (oeste) en 2007.

Entre 2006 y 2013, unos cincuenta músicos de narcocorridos habían sido ultimados en México.

Pese a estos crímenes, el género mantiene gran popularidad, lo que impulsó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a lanzar en abril un concurso binacional de música “por la paz y contra las adicciones”, que busca contrarrestar su auge entre jóvenes de México y Estados Unidos.

Varias regiones del país han prohibido la difusión de narcocorridos, lo que recientemente desató disturbios durante un concierto en el estado de México, luego de que un cantante se negara a interpretar algunos de sus más populares números. Otros artistas mexicanos de renombre internacional, como el grupo Los Ángeles Azules y las bandas de rock Molotov y Café Tacvba, también han sido blanco de la delincuencia, con el robo de sus equipos e instrumentos.

El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.

“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.

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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.

Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.

Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.

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• Morelia, México. AFP.

Seis militares murieron y dos resultaron heridos la noche del martes pasado por la explosión de una mina mientras patrullaban en una conflictiva región del oeste de México, según un documento interno del Ejército al que tuvo acceso la AFP. El artefacto explotó al paso del vehículo blindado en el que viajaban los agentes. Dos de los fallecidos eran oficiales de la militarizada Guardia Nacional y cuatro de un grupo especial del Ejército mexicano, detalla el reporte militar conocido este miércoles.

La explosión provocó la “pérdida total” del blindado, que circulaba por una zona limítrofe de los estados de Michoacán y Jalisco, una región golpeada por la disputa territorial entre las mafias Cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este miércoles el uso de “artefactos explosivos” en contra de las fuerzas de seguridad, aunque evitó atribuir el hecho a algún grupo del crimen organizado. Expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Los dos heridos fueron evacuados al hospital de la ciudad de Apatzingán, mientras que el Ejército dispuso el envío de seis aviones y cuatro helicópteros a la zona donde ocurrió la agresión para “proporcionar apoyo” a la fuerza terrestre, señala el documento.

Estados Unidos designó este año al CJNG y a Cárteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras por su participación en el tráfico de fentanilo a ese país. Además, ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

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