El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, anunció que recurrirá a las instancias judiciales contra el asesor médico del SEME, doctor Freddy Cantero, luego de los posteos en redes sociales que atentan contra su honorabilidad.

Aseguró que Cantero lo acusó sobre vínculos con el narcotráfico por ser de Pedro Juan Caballero.

El doctor Recalde decidió llevar el caso ante los tribunales con el argumento de que defenderá su honorabilidad y su reputación.

Aseguró que las acusaciones difundidas a través de las redes sociales constituyen un ataque directo contra su persona y sostuvo que vincularlo maliciosamente con estructuras delictivas únicamente por su lugar de origen constituye un acto discriminatorio.

“Hace cuestión de meses que está con una seguidilla de escritos relacionados a que soy narcotraficante por el simple hecho de ser pedrojuanino. En el departamento de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero es una localidad de persona que trabajan y no pueden poner el mote de narcopolítico por el simple hecho de ser de ahí”, expresó Recalde, en entrevista con la 1020AM.

Aseguró que es muy injusto que las personas tilden a las personas oriundas de citado departamento como narcos o ligarlos directamente con hechos ilícitos por residir en esa zona del país. Aclaró que solo está defendiendo su honorabilidad y que este tipo de acusaciones lo hizo salir de control.

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“Una persona en sus redes y estados no te puede acusar, tocar tu honor o trayectoria, ser cuestionado y agraviado por una persona que ni siquiera residencia tiene; asesor de qué puede ser una persona que no tiene curriculum. Estoy defendiendo mi honor y lo voy a demandar, cumplir una acción penal”, puntualizó.

Refirió que tiene más de 16 años siendo médico con dos residencias hechas y en las que ingresó bajo la modalidad de concurso, en las mejores posiciones de la Comisión de Residencias Médicas. “La gente no puede desmeritar hablando de demandas o mala praxis, nunca tuve una deferencia con un paciente”, concluyó.

El doctor Recalde encaró y acorraló al doctor Cantero en plena institución, luego de que este último publicó en sus estados de WhatsApp y redes sociales críticas dirigidas a un “narcopolítico y ñembo viceministro”. Además, dijo ventilaría los antecedentes sino es removido del cargo.

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La disputa municipal en el distrito de Valenzuela, departamento de Cordillera, está desatando una fractura en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) local, ya que la dirigente liberal Mirtha Fernández Yegros presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Conducta del PLRA exigiendo la expulsión y exclusión del padrón partidario de cinco importantes dirigentes de esta localidad.

Entre los acusados ante el Tribunal de Conducta partidario se encuentran el exsenador Amado Florentín y dos concejales actuales de esta ciudad, por supuesta deslealtad al respaldar públicamente a un candidato a intendente que se estaría presentando como independiente, pero que de acuerdo a la denunciante es de extracción colorada.

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En la nota dirigida a Edgar Villalba, presidente del Tribunal de Conducta del PLRA, Fernández Yegros, acusa a los cinco afiliados de violación de la disciplina interna, deslealtad y faltas graves al estatuto partidario.

Los acusados son afiliados al partido que actualmente ocupan cargos electivos, y que han ocupado cargos electivos de relevancia y otros que han accedido a cargos públicos a través del PLRA, por lo que solicita la exclusión del padrón partidario de los siguientes afiliados:

• Agustín Amado Florentín Cabral: exdiputado y exsenador de la Nación por el PLRA; exfuncionario de la Contraloría General de la República y de la ANNP. Señala que actualmente percibe una jubilación ordinaria equivalente al 80 % de la dieta legislativa.
• Federico Martínez Villalba: concejal municipal actual del distrito de Valenzuela electo por el PLRA, postulado para el mismo cargo por un movimiento independiente.
• Gloria Estela Acuña Espínola: concejala municipal actual del distrito de Valenzuela electa por el PLRA, postulada para el mismo cargo por un movimiento independiente.
• Guillermina Peralta de Samaniego: funcionaria del Registro del Estado Civil de las Personas en Valenzuela (cargo al que accedió vía PLRA).
• Juan Carlos Chávez Romero: Funcionario contratado del Registro Electoral / TSJE (cargo al que accedió vía PLRA).

La denunciante argumenta que los cinco acusados han promocionado y apoyado públicamente, a través de redes sociales, reuniones y actos de campaña, de la candidatura a intendente del distrito de Valenzuela de Rodrigo Alfredo Kirchhofer González, quien es afiliado a la Asociación Nacional Republicana (ANR), pero se presenta bajo la fachada de un movimiento independiente. Por este motivo, solicita la suspensión cautelar de sus afiliaciones y su eventual exclusión del padrón partidario del PLRA.

“Estas acciones constituyen una violación manifiesta de los deberes de lealtad partidaria, afectando la imagen institucional, la disciplina interna y los valores democráticos que sostiene el PLRA. Dichas conductas se encuentran debidamente respaldadas por la participación de los mismos en la campaña electoral del supra-mencionado candidato en forma pública; a través de redes sociales, reuniones, etc., cuyas pruebas se ofrecerán en la etapa probatoria correspondiente”, menciona parte de la nota.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“El candidato a intendente Daniel Pereira Mujica es el monje negro, ideólogo y cerebro de todo el esquema de corrupción orquestado en la Municipalidad de Ciudad del Este”, mencionó el abogado y periodista, Samir Sánchez, quien pidió que la Justicia empiece a erradicar el “carnaval de irregularidades” dentro de la comuna esteña con la condena de su líder, Miguel Prieto.

“Pereira Mujica fue antes el encargado financiero de la municipalidad y luego asumió el cargo de director general durante la época de Miguel Prieto. Nosotros contamos con documentos que avalan la existencia de hechos de corrupción durante el corto plazo de su gestión como intendente de Ciudad del Este”, dijo en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Sánchez, quien también integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), denunció que el dinero de los contribuyentes es empleado para costear la campaña política de Pereira Mujica, quien busca su reelección en el cargo. Detalló que parte de esos recursos debieron ser utilizados para la ejecución de la iniciativa denominada “plazas vivas” adjudicada por Prieto poco antes de que sea destituido de la jefatura comunal por corrupción.

“Se destinaron más de G. 20 mil millones para la construcción de 5 plazas, pero solo una fue inaugurada porque están en campaña política. El llamado de la licitación se realizó en enero del 2025, el proceso fue concretado en marzo y en mayo fue adjudicado. Las obras tuvieron que iniciar en junio y debieron finalizar en noviembre o diciembre del 2025”, manifestó.

Agregó que “todo esto se encuentra totalmente sobrefacturado. El proceso de la licitación fue direccionado, el llamado fue concretado en la administración de Prieto, él firmó el contrato y los pagos se realizaron bajo las administraciones de la liberal María Portillo, Pereira Mujica y Pedro Acuña. Los recursos son utilizados para las campañas políticas, están invirtiendo el dinero del municipio a favor de Pereira Mujica”.

Detalló como un hecho llamativo la aprobación recientemente de una adenda por G. 4.000 millones en plena campaña electoral, que serán supuestamente invertidos en las plazas.

“Ya estamos en setiembre de 2026 y prácticamente hay plazas que no están terminadas; sin embargo, de acuerdo a los datos que tenemos ya se aprobó por debajo de la mesa un pedido de adenda por aproximadamente G. 4.000 millones para poder terminar esas plazas, porque aparentemente el dinero del proyecto ya terminó siendo morfado”, lamentó.

El abogado mencionó además que cuentan con documentaciones fehacientes que demuestran la malversación del dinero público en dicha obras y que presentarán una nueva denuncia penal contra Prieto, Pereira Mujica y sus aliados luego de las elecciones municipales generales del 4 de octubre.

“Si nosotros haremos denuncias sobre los distintos casos de corrupción en la administración del prietismo lo haremos todos los días, pero como es tiempo electoral y para evitar que se hagan de las víctimas, dentro de la Contraloría Ciudadana estamos analizando presentar nuevas acusaciones ante la Fiscalía luego de las municipales”, indicó.

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A la vez, se refirió a los casos judiciales que enfrenta Prieto y el hecho de que sus excolaboradores hayan admitido la existencia de hechos de corrupción ante la Justicia a cambio de salidas procesales.

“Pedimos a la Justicia que de un corte al carnaval de la corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este. Es muy auspicioso que sus excolaboradores hayan comenzado a admitir la existencia de irregularidades, después de tantas chicanas impulsadas por Prieto”, indicó. Señaló que “el avance de las causas es algo importante, porque implica que todas las denuncias realizadas por la Contraloría Ciudadana se encuentran documentadas. Todo esto hace que la condena contra Miguel Prieto esté prácticamente cantada por lo menos en la causa judicial conocida como Tía Chela”.

Directivos de K & K Shopping’s SA fueron imputados cinco días después de una denuncia presentada ante el Ministerio Público. La presidenta de la empresa, Elizabeth Kim Jang, cuestiona la celeridad del proceso y sostiene que la acción judicial busca presionar a la familia y desviar la atención de una disputa societaria relacionada con ingresos por alquileres que, según afirma, alcanzarían los 6 millones de dólares. El abogado Hugo Núñez, representante de la familia Kim, habla de los pormenores del caso.

–La Fiscalía imputó por estafa, lesión de confianza y producción de documentos falsos. ¿Cuál es su respuesta?

–Es una denuncia que no tiene sustento. Desde 2009, la familia Kim asumió el 100 % de la administración, las inversiones y el mantenimiento de los centros comerciales. Trabajamos para mejorar los shoppings y evitar que se conviertan en un fracaso en la frontera. Hoy, gracias a Dios, Shopping París está funcionando. Esta discusión surgió cuando cuestionamos que el otro grupo accionista se habría apropiado de ingresos provenientes de alquileres. Entendemos que esta denuncia es una represalia por haber cuestionado esa situación.

–¿Quién los denunció y cuál es el origen del conflicto?

–El socio denunciante es Kao Chung Lee, expresidente de Bádminton de Paraguay, y su exesposa, Wang. El problema comenzó cuando uno de los accionistas vinculados a Kao, su hijo Jung Kao, tuvo problemas tributarios con la Embajada de Estados Unidos. Según lo que conocemos, tuvo que salir como accionista y pidió autorización para incorporar temporalmente a su madre, la exesposa de Kao, hasta solucionar su situación. Sin embargo, esa señora nunca volvió a salir de la estructura accionaria. Posteriormente, subalquiló un espacio importante dentro de Shopping París y, según nuestra denuncia, los ingresos de ese alquiler fueron depositados en cuentas personales de ella y de su hija, Rosana Kao, quien también es accionista. De acuerdo con nuestros registros, ese monto de alquiler suma aproximadamente 6 millones de dólares durante cuatro años.

–La imputación habla de producción de documentos públicos falsos en asambleas. ¿Qué dice al respecto?

–Ese es un punto central que queremos aclarar con mucho énfasis, porque demuestra la contradicción de la denuncia. Desde 2009 hasta hoy, todas las convocatorias a asamblea se realizaron de la misma forma, por la misma vía y con los mismos tiempos de antelación, con publicación en el diario correspondiente, tal como establece la ley y la Constitución de la SA Cada año, esas actas fueron presentadas ante la Abogacía del Tesoro, que las analizó y aprobó, emitiendo la constancia correspondiente. Es decir, no es un procedimiento interno nuestro: es un procedimiento validado año tras año por el órgano de control. Además, ellos siempre participaron y firmaron las actas. Incluso la señora Wang firmó personalmente actas de Asamblea en los años 2022 y 2023, sin ningún cuestionamiento. Ahora, cuando surge esta diferencia societaria, dice que todo está mal. Y hay una contradicción aún más evidente: hay dos actas recientes realizadas por el mismo procedimiento, con la misma forma, la misma vía y el mismo tiempo de convocatoria. Un acta es la de aumento de capital: esa la niegan y piden su nulidad. La otra acta es la de rescate de capital para distribución de utilidades: esa sí la aceptan y piden su ejecución en el juzgado. Entonces nos preguntamos: si las dos actas se hicieron exactamente igual, ¿por qué una estaría mal y la otra bien? ¿Cómo puede el mismo procedimiento ser nulo cuando no les conviene y válido cuando es para cobrar? Tenemos todos los documentos que respaldan nuestra posición, las constancias de la Abogacía del Tesoro y los comprobantes de los fondos inyectados en el aumento de capital. La forma siempre fue la misma y se ajustó a la Constitución de la sociedad y a los acuerdos de los fundadores.

–¿Por qué considera que la imputación fue tan rápida? La denuncia fue presentada el 26 y el acta de imputación aparece el 31.

–Al no conseguir el resultado que buscaban en el juzgado, se acercaron al Ministerio Público, donde presentaron la denuncia el miércoles 26 de agosto de 2026. El lunes 31 de agosto, apenas cinco días después, cuatro personas vinculadas a la empresa, entre ellas Ana Kim y Elizabeth Kim, fueron imputadas. Nos enteramos de la imputación a través de los medios de comunicación. Incluso, cuando comenzaron a difundirse las publicaciones, nosotros entendíamos que la información todavía no figuraba en el sistema del Ministerio Público ni del juzgado. Por eso cuestionamos la forma y la rapidez con que se desarrolló el procedimiento. Consideramos que se utilizó el sistema penal como una herramienta de presión dentro de un conflicto societario. Es lamentable que se pretenda resolver de esta manera una disputa que debería ser investigada y aclarada con todas las garantías correspondientes.

–¿Qué impacto tiene esta situación en Shopping París y en Ciudad del Este?

–Cuando cuestionamos lo que consideramos una apropiación de ingresos, en lugar de buscar una solución comenzaron a cuestionar diferentes aspectos de una empresa que tiene más de 18 años de trayectoria. También solicitaron congelamientos y medidas cautelares contra la empresa y el shopping, lo que puede obstaculizar el funcionamiento de un centro comercial del que dependen muchas personas en Ciudad del Este. En los primeros años desarrollamos proyectos importantes. Tuvimos el segundo Parque de Nieve de Latinoamérica, el primer Museo 3D de Paraguay, un Parque de Realidad Virtual y Juguetes y el primer cine de Ciudad del Este con butacas VIP. Todas estas inversiones fueron realizadas y financiadas por la familia Kim. Así como todas las inversiones como instalación de una torre de 4 ascensores industriales para los clientes en el estacionamiento, expansión del shopping en gran escala por frente y por detrás sumando más metros cuadrados, duplicación de la capacidad del sistema de aire condicionado (chilers y manejadoras), instalación de sistema de ventilación de patio de comida, modernización de sistema de estacionamiento, cambio total de sistema de circuito cerrado en todos los 90.000 m2, iluminación completa en 10 pisos del estacionamiento, renovación de los baños dentro del shopping, también fueron financiadas en su totalidad por la familia Kim. Cada vez que solicitamos apoyo al grupo Kao y Wang, no obtuvimos respuesta.

–¿Cuál es su mensaje final para la ciudadanía?

–Es una lástima que hayan utilizado incluso a Ana Kim (Ana Coreana) para ejercer presión a través de los medios. A pesar de todo, estamos agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo. Los esteños conocen nuestra trayectoria y saben quiénes trabajaron durante estos 18 años para sacar adelante Shopping París. La familia Kim sigue teniendo fe en Dios y en que el proceso permitirá que la verdad salga a la luz. Como dice Ana: “Confían en el proceso”. Al final, creen que la verdad siempre sale a la luz. No se puede tapar.