El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional firmaron un convenio con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores de dicha cartera y a los agentes policiales. Las autoridades de estas instituciones resaltaron la importancia de este acuerdo que permitirá a los trabajadores tener una casa propia mediante el programa habitacional Che Róga Porã 2.0.

De acuerdo a lo que explicaron desde el MUVH, el acuerdo está orientado a facilitar el acceso a viviendas dignas, así como la reestructuración de deudas de los funcionarios hasta el 50 %, permitiendo mejorar su situación económica con condiciones favorables de modo a fortalecer la inclusión financiera y la estabilidad familiar de quienes integran la función pública.

“Estamos muy contentos de poder ser partícipes y de cumplir la instrucción del presidente de la República, primero de trabajar en equipo y en segundo lugar facilitar que las familias paraguayas y en este caso en especial, la gente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, puedan vivir mejor”, expresó el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, quien mencionó que este acuerdo representa un reconocimiento a la labor policial.

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Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera resaltó que este acuerdo permitirá a los funcionarios de su cartera y a los 34.000 agentes de la Policía, acceder a “un canal verde” y trato preferencial para acceder a una vivienda propia o mejorar una existente, esto debido a las diversas facilidades que se ofrece a través de Che Róga Porã 2.0.

“Este convenio es una noticia muy esperada, este es el momento en que me imagino que estas familias estarán festejando porque con esto se está cumpliendo un sueño largamente acariciado por la familia policial”, expuso por su parte el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, durante el acto de firma del convenio.

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Desde tempranas horas de este miércoles se llevó adelante en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, de Asunción un fuerte operativo policial denominado “Dominatus”, el cual tenía como objetivo desarticular tres bandas delictivas que operarían de forma antagónica en la zona, generando zozobra en la ciudadanía.

Como resultado de esta incursión se logró la detención de nueve personas, seis hombres y tres mujeres, todos con antecedentes penales, entre los que se destacan hechos como homicidio doloso, robo agravado y tráfico de estupefacientes.

Entre estos detenidos se encuentran Axel David Encina González, quien sería el líder de la banda conocida como Cándula, así también Jorge Giovanni Rodríguez, alias Bizcocho, de 23 años, quien cuenta con antecedentes por homicidio doloso y sería la cabeza de la banda Yogurt. El tercer detenido sería Osmar Escobar, de 18 años, quien lideraría a la banda Cara de Guerra.

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“Fueron detenidas 9 personas mayores de edad, 6 hombres y 3 mujeres; se dio la incautación de elementos y evidencias muy importantes, entre ellas estupefacientes, armas de fuego y dinero en efectivo, lo que nos induce a pensar que estas personas se estaban armando, se estaban organizando mirando ejemplos de organizaciones internacionales”, comentó el comisario Luis López en conferencia de prensa.

El mismo destacó que estas bandas criminales apuntaban a reclutar menores de edad para que pudieran realizar las tareas delictivas y, en caso de que fueran detenidos, no pudieran ser imputados, destacando así la alta complicidad que existía por parte de los propios familiares de los involucrados.

Remarcó que, durante esta intervención, se dieron inclusive inconvenientes a la hora de proceder con los más de 12 allanamientos ejecutados, ya que tanto madres, hermanos y hasta novias se veían involucrados para dificultar las aprehensiones, generando un ambiente de mayor tensión.

Por su parte, el comisario Juan Agüero calificó el operativo como exitoso, ya que con el mismo se ha dado un fuerte golpe a las organizaciones criminales que operaban en la zona, desarticulando prácticamente por completo sus estructuras, ya que los líderes fueron identificados y detenidos, al igual que su esquema y forma de trabajo.

En la misma tesitura, explicó que existe un cúmulo de información generado gracias al trabajo de investigación y seguimiento, que apunta hacia hechos puntuales de violencia que habrían sido orquestados por los ahora detenidos, y que todo esto será puesto a disposición del Ministerio Público.

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En la sala del pleno de la Corte Suprema de Justicia se realizó el acto de firma para la transferencia de un inmueble donado por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero a favor de la Corte Suprema de Justicia para la construcción de la futura sede del Juzgado de Paz de Segundo Turno, de dicha localidad.

De la firma participaron el presidente de la máxima instancia judicial y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay, César M. Diesel Junghanns; el titular del Consejo de Administración de esta jurisdicción, el camarista Luis Benítez, y la administradora de la mencionada circunscripción, licenciada Nancy Villalba.

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Este hecho marca un avance significativo en la descentralización de los servicios judiciales en el departamento de Amambay, en representación de los ejes estratégicos del PEI 2021-2025, que busca fortalecer la infraestructura judicial en la zona y contribuir a un servicio de Justicia más accesible y cercano a la ciudadanía.

El titular de la máxima instancia judicial, Diesel Junghanns, agradeció la donación y la destacó como un paso fundamental para la localidad, al mejorar los servicios de Justicia en beneficio de la población.

En ese sentido, el abogado Luis Benítez, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay, explicó que “es un paso trascendental. La Municipalidad de Pedro Juan Caballero ha donado un terreno con una superficie superior a mil metros cuadrados a favor de la Corte Suprema de Justicia para la construcción del Juzgado de Paz de Segundo Turno”.

Señaló, además, que se trata de una zona densamente poblada, lo cual permitirá brindar acceso efectivo a la justicia a una mayor cantidad de ciudadanos. Asimismo, destacó el acompañamiento del presidente y superintendente de la Circunscripción Judicial de la zona, doctor César Diesel, en la concreción de esta transferencia, que fortalecerá la infraestructura judicial en la ciudad. El acto fue formalizado bajo el aval de la notaría y escribana pública Rosangela Echagüe.

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El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.