El gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, y el diputado Juan Manuel Ayala Acevedo, ambos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), rechazaron totalmente la iniciativa de declarar estado de excepción la zona. El planteamiento surgió por parte de algunos legisladores de la oposición, como el senador Blas Llano, tras tomar conocimiento respecto al atentado registrado ayer contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.
“Estado de excepción no, acá van a pagar gente inocente. Se necesita un plan de trabajo. Si no tenés rumbo a dónde seguir, no hay hoja de ruta, no va a servir el estado de excepción. Nosotros pedimos a los militares que den ayuda a la policía”, manifestó Ronald Acevedo.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Ayala Acevedo, sobrino de ambos dirigentes liberales que logró asumir el cargo tras la muerte de su tío el pasado año tras presentar complicaciones por el COVID-19, el exdiputado Robert Acevedo, dijo que “hay que estudiar bien esa figura porque no sé si sería lo conveniente, se necesitan más hechos concretos. Acá es sálvense quien pueda, todos estamos ahora en estado de shock, pero un estado de excepción afectará mucho al comercio, no queremos nosotros que queden afectados los habitantes de Pedro Juan Caballero y de Amambay”.
El legislador sostuvo que el jefe comunal no comentó a sus familiares sobre la posibilidad de que haya recibido amenazas por parte de grupos criminales. “Esto es directo nomás ya, porque ellos no avisan si algo te harán. Él está muy grave, las 24 horas son críticas. Amambay es una zona olvidada y no sabría decir quiénes fueron los encargados (del sicariato). Estamos totalmente inseguros, se vuelve muy difícil vivir así”, puntualizó en comunicación con la radio 650 AM.
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Acevedo fue interceptado en la tarde de ayer en el predio de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero por 3 sicarios encapuchados que dispararon contra su humanidad. Según las informaciones que se manejan, el jefe comunal recibió varios disparos.
Ante su propuesta, el senador Blas Llano había comentado que la Constitución Nacional es clara en lo que respecta al estado de excepción, que solo se puede aplicar por un cierto tiempo determinado, en este caso 60 días. Le brinda facultad a las autoridades de seguridad a tomar medidas excepcionales y no se violenta ninguna garantía constitucional a ningún ciudadano. Aseguró que no es que las Fuerzas Militares irán a hacer lo que quieren en la zona.
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