El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.

Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.

“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.

El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.

Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.

Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.

La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.

También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.

Fuente: AFP.

Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Le economía de Uruguay se desaceleró el año pasado con respecto a 2024, si bien no cayó en números rojos, según datos oficiales divulgados el pasado martes. El producto interno bruto (PIB) se expandió un 1,8 % en 2025 impulsado por la industria manufacturera y el comercio. Sin embargo, se contrajo frente al 3,3 % que registró el en 2024, según revisión al alza del Banco Central (BCU).

El crecimiento de la economía del país de 3,4 millones de habitante estuvo por debajo de las proyecciones del gobierno del izquierdista Yamandú Orsi. “Estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento (...) con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, previo a la divulgación del dato.

El funcionario reconoció la semana pasada que la desaceleración podría bajar la proyección de crecimiento de un 2,2 % para este año. El incremento en la refinación de petróleo fue uno de los puntales del crecimiento el año pasado. También fueron motor económico la producción de alimentos como carne y soja y el rubro comercio, donde pesó la demanda interna y el turismo.

En contrapartida, el PIB tuvo freno en la construcción, por el retroceso de obras de vialidad, y generación de energía eléctrica. También influyó que las importaciones de bienes y servicios duplicaron a las exportaciones. Este crecimiento menor a las previsiones oficiales “tensiona un poco más el panorama fiscal” para el gobierno, dijo a la AFP Luciano Magnífico, gerente de la consultora Exante. Lo que implicará un mayor desafío de cumplir la meta fiscal en torno al 4 % para 2026, añadió. La inflación, entretanto, registró su mayor caída en 70 años al ubicarse en 3,11 % en los últimos doce meses a febrero.

Considerado internacionalmente como uno de los países más costosos de la región, Uruguay aguarda expectante la puesta en marcha del acuerdo comercial entre los socios fundadores del Mercosur y la Unión Europea. La reducción progresiva de aranceles comenzará a aplicarse provisoriamente el 1 de mayo. El ministro Oddone dijo ayer martes que el impacto del acuerdo no tendrá gran impacto en la economía este año.

Fuente: AFP.

Paraguay y Uruguay profundizan su articulación logística con el objetivo de escalar el comercio fluvial y duplicar el movimiento de cargas hasta 50 millones de toneladas hacia 2030, en el marco de una agenda bilateral que apunta a optimizar servicios portuarios, armonizar normativas y mejorar la eficiencia operativa en la Hidrovía Paraguay–Paraná, según reportó el medio Infobae.

Las relaciones logísticas entre Paraguay y Uruguay suman un nuevo impulso con una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la integración regional y mejorar la competitividad del transporte fluvial, un eje clave para el comercio exterior paraguayo.

De acuerdo con Infobae, autoridades del sector marítimo y fluvial paraguayo participaron de encuentros con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Uruguay en Montevideo y Nueva Palmira, donde se analizaron oportunidades para optimizar la operatoria portuaria y ampliar el flujo de mercaderías en la hidrovía.

Uno de los principales focos del intercambio fue la mejora de los servicios portuarios y el desarrollo de nuevas operaciones en zonas estratégicas como Punta del Arenal Sur, clave para el transbordo de cargas.

En paralelo, se evaluaron mejoras en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, con el objetivo de canalizar un mayor volumen de carga paraguaya a través de infraestructura uruguaya, lo que permitiría reducir costos logísticos y tiempos operativos para los exportadores.

Otro punto central fue el fortalecimiento institucional de la hidrovía, considerada una arteria clave para el comercio regional. Según Infobae, las partes coincidieron en la necesidad de dinamizar el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) e incorporar una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones.

Además, se planteó avanzar en la revisión del Reglamento 7, que regula aspectos técnicos como el tamaño de los convoyes y la potencia de los remolcadores, variables que impactan directamente en la eficiencia del transporte y en la capacidad de aumentar los volúmenes movilizados.

El objetivo de mediano plazo es ambicioso, ya que pretenden duplicar el flujo de cargas hasta alcanzar 50 millones de toneladas hacia el 2030, lo que requerirá mayor previsibilidad normativa y mejores condiciones comerciales.

La relación entre ambos países se apoya en una lógica en la que Paraguay aporta volumen y una de las mayores flotas fluviales del mundo, mientras que Uruguay se posiciona como puerta de salida hacia los mercados internacionales.

En ese contexto, el puerto de Nueva Palmira emerge como un nodo estratégico para el transbordo de mercaderías provenientes de la hidrovía, con potencial de expansión para acompañar el crecimiento del comercio.

Infobae también destaca que esta agenda no responde a un encuentro puntual, sino a un proceso sostenido de articulación bilateral que lleva más de un año, con reuniones periódicas y seguimiento continuo de proyectos.

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