En horas de la madrugada de este sábado, antes de las 5:00, llegaron los restos del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en la Isla de Barú, Colombia. Fueron recibidos por su esposa y familiares en el espigón presidencial, así como por una importante comitiva de la Fiscalía General del Estado; en tanto que recibió los honores de parte de autoridades castrenses en el aeropuerto Silvio Pettirossi tras su llegada.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y el ministro del Interior, Federico González, encabezaron la comitiva del gobierno. Durante el homenaje, su padre Francisco Pecci se encargó de colocar una bandera paraguaya sobre el féretro. Bajo la intensa lluvia y una larga caravana finalmente trasladaron el féretro hasta la Fiscalía General del Estado, en Asunción.
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Allí se dará el último adiós de sus compañeros del Ministerio Público, entre fiscales adjuntos, agentes, directores y funcionarios, quienes en la tarde de ayer también participaron de una marcha en el centro capitalino de Asunción, en homenaje a su intachable carrera profesional.
Luego, se tiene previsto que a las 8:00 los restos sean llevados al salón velatorio Memorial, ubicado sobre la avenida Mariscal López, en el barrio Herrera de la ciudad de Asunción, donde será despedido por amigos, familiares y cercanos.
Desde la Secretaría de Repatriados informaron que la aeronave de Copa Airlines que trasladó el féretro del agente fiscal hasta nuestro país partió desde Cartagena – Colombia a las 15:53 del viernes 13 de mayo, para realizar una escala en Panamá, desde donde partió a las 21:00 del viernes para arribar al aeropuerto Silvio Pettirossi casi a las 5:00 de este sábado 14 de mayo.
Todo el proceso de repatriación del connacional fallecido en el exterior fue coordinando con los familiares y con las autoridades diplomáticas y consulares en Colombia, las gestiones necesarias para concretar la repatriación del compatriota.
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El crimen organizado frena crecimiento económico en América Latina, según BM
La lucha contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe es una prioridad, entre otras cosas porque frena el crecimiento económico, advirtió este lunes el Banco Mundial.
La organización lo considera “uno de los problemas más urgentes de la región”, cuya economía debe crecer 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que la posiciona como la zona de menor crecimiento a nivel mundial.
Durante mucho tiempo América Latina y el Caribe “ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad”, pobreza y altos niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en este pobre equilibrio” hasta que frene el crimen organizado y la violencia que trae consigo, se lee en un informe.
Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo”, destaca.
Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9 % del total mundial “registra un tercio del total de los homicidios” y la brecha se ha ampliado pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1) en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0)" en la segunda, señala.
Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 varían desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.
Durante los últimos años la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela y se ha agravado en otros como Ecuador y Haití, añade.
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A medio y largo plazo el informe recomienda mejorar los sistemas educativos y mercados laborales pero a corto plazo aboga por “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia”. También la prevención dirigida a “jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales”.
No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, afirma el BM, pero algunos factores contribuyen.
La organización cita la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reorganización de los grupos debido a las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y la alta tecnología.
La pandemia del covid-19 también ha influido. En Colombia y México “permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.
“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, añade.
En sus últimas cifras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4 % del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.
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Miles de indígenas llegan a Bogotá para marchar a favor del gobierno
- Fuente: AFP
Más de 10.000 indígenas se concentran este lunes en una universidad pública de Bogotá, donde esperan la llegada de más comunidades originarias para apoyar las marchas del 1 de mayo convocadas por el gobierno en defensa de sus reformas de izquierda.
Al interior de algunos edificios y a lo largo del campus estudiantil, los indígenas se organizan en carpas y refugios improvisados con plásticos donde pasan la noche desde el fin de semana. Varios camiones llenos de personas hacían fila en la mañana para entrar a las instalaciones.
“Hasta el momento no ha habido afectaciones, ni violencias dentro de la universidad” Nacional, dijo el secretario de Gobierno de la alcaldía de Bogotá. Según el funcionario local, hasta ahora hay unos 11.000 indígenas en la mayor universidad pública del país, pero “van a llegar más”.
A poco más de un año de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro llamó a apoyar sus proyectos rechazados por el Congreso en el marco de las marchas del Día Internacional del Trabajo.
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El primer gobierno de izquierda en la historia del país llegó al poder en 2022 con una ambiciosa batería de iniciativas, pero solo ha podido hacer realidad una reforma pensional y una tributaria.
Impedido por ley para ser reelegido, el mandatario anunció una consulta popular con doce preguntas sobre la ampliación de derechos laborales y de salud.
Más de 157 vehículos con unos 5.500 indígenas han entrado a la capital desde el fin de semana y unos 180 autobuses adicionales vienen en camino, según la policía.
Algunos senadores opositores y profesores de la Universidad Nacional se han quejado de la ocupación del campus, aunque la institución ha negado cualquier afectación.
“Rechazamos la instrumentalización de la situación (...) así como la estigmatización de las comunidades indígenas”, indicó la universidad en un comunicado.
Los indígenas han apoyado a Petro desde su campaña por la presidencia. La ministra de Ambiente, la embajadora ante la ONU y otros funcionarios de su gobierno son de comunidades originarias, que representan el 4,4% de los 50 millones de habitantes en Colombia.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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