El director de la Unidad de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetich, dijo que mañana lunes las áreas de logística, de capacitación e informática deberán presentar sus informes y requerimientos con la finalidad de cuantificar el costo de las elecciones municipales en Ciudad del Este.

“Esto depende del área administrativa que seguro en unos días más sacará el costo de los comicios. Cada área tendrá tiempo hasta lunes para presentar lo que necesitará para las elecciones”, comentó a la 1140 AM.

Las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre, donde los esteños deberán designar a un nuevo jefe comunal que completará el mandato del destituido Miguel Prieto.

El dirigente opositor y líder del movimiento Yo Creo, fue apartado del cargo el pasado miércoles 19 de agosto por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención y que fueron detectadas con anterioridad por la Contraloría General de la República (CGR).

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Por otra parte, Ljubetich recordó que es obligación de cada partido político que pujará por la intendencia de Ciudad del Este, garantizar la transparencia en los comicios, teniendo en cuenta los cuestionamientos sobre la utilización de las papeletas de votación.

“Como Justicia Electoral nosotros no podemos prometer transparencia en el manejo de las boletas que circulan en las mesas receptoras de votos porque nuestra legislación le otorga la facultad de administrar este proceso únicamente a los partidos políticos y no a la Justicia Electoral”, comentó.

Asimismo, siguió sosteniendo que “esto se basa en el control mutuo de los partidos, incluso la ley prohíbe participar a la Justicia Electoral refiriendo que los miembros de mesa no obedecerán orden de autoridad alguna".

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El líder guerrillero más buscado de Colombia, Iván Mordisco, dijo ayer sábado que no se rendirá a pesar de que un hermano también rebelde fuera capturado en las afueras de Bogotá. Mordisco es el jefe del Estado Mayor Central (EMC) compuesto por insurgentes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y el presidente Gustavo Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

En el gobierno del exmandatario derechista Álvaro Uribe (2002-2010) “me desaparecieron una hermana y no me he rendido”, dijo el líder subversivo, quien según las autoridades huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo. Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia, anunció el viernes la captura de alias Mono Luis, hermano de Mordisco y responsable de “actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas” para el EMC.

“Si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria (...) y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales del país”, señaló Mordisco en un comunicado difundido por redes sociales, haciendo responsable a Petro por la suerte que pudieran correr sus allegados.

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“No invoco a nadie a la protección de mi familia, será usted Gustavo Petro el responsable de que vivan o mueran, colocándolos como botines de guerra”, añadió. Uno de los frentes del EMC es señalado por el ataque con un camión bomba que el jueves mató a seis civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada.

Los disidentes aumentaron su presión contra la fuerza pública desde que Mordisco abandonó el proceso de negociaciones de paz con el gobierno de Petro en 2024, tras un año de acercamientos. Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros, paramilitares y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

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Según un video de la policía que mostró el mandatario Gustavo Petro, Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, “lidera actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas” para el bloque liderado por Mordisco conocido como el Estado Mayor Central (EMC), compuesto por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

Uno de los frentes del EMC es señalado por el ataque con un camión bomba que el jueves mató a seis civiles e hirió a más de 60 personas cerca de una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país. Los disidentes aumentaron su presión contra la fuerza pública desde que Mordisco abandonó el proceso de negociaciones de paz con el gobierno de Petro en 2024, tras un año de acercamientos.

Con su política de “Paz Total”, Petro intenta desmovilizar mediante el diálogo a todas las estructuras criminales del país, pero críticos señalan que su gobierno fue indulgente con las organizaciones en medio de las negociaciones y descuidó a las fuerzas de seguridad. Mordisco es el criminal más buscado del país y Petro lo compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar. Según las autoridades, huye por la Amazonía tras ser herido en un operativo.

Alias Mono Luis “salió de la zona de movilidad” de Mordisco con el propósito de “actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”, refirió la policía. El hombre fue detenido por una decena de agentes de fuerzas especiales con cascos tácticos y fusiles automáticos en una casa de campo del municipio de El Peñón, en Cundinamarca (centro).

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros, paramilitares y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El viernes, el ministro de Defensa Pedro Sánchez recorrió la zona del atentado del jueves en Cali y anunció que reforzará una unidad élite para capturar a objetivos de alto valor en el suroeste del país, uno de los principales bastiones de Mordisco.

Fuente: AFP.

El ministro de Defensa de Colombia anunció el viernes una operación de inteligencia en el suroeste del país para doblegar a los guerrilleros responsables de un mortífero ataque con un camión bomba en medio de la peor crisis de violencia en una década.

El ministro Pedro Sánchez recorrió ayer la zona aledaña a una escuela de aviación militar donde la víspera murieron al menos seis civiles y más de 60 resultaron heridos por la explosión de un camión bomba en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país.

Sánchez anunció allí la operación Sultana de la que dio pocos detalles, para proteger a esta región “del terrorismo y del crimen”. El jueves, en Cali se desató el caos. José Burbano caminaba cerca de la base militar cuando “de un momento a otro, estalló algo superfuerte y todos hacia el piso”, relató a la AFP.

Según el ministro, la operación Sultana reforzará una unidad élite en el suroeste del país que se encarga de localizar y capturar objetivos de alto valor. “El bloque de búsqueda se reforzará aún más con capacidades tecnológicas y de inteligencia”, afirmó, en referencia a una unidad de 700 policías de élite, similares a los escuadrones que persiguieron a famosos narcotraficantes como Pablo Escobar en la década de 1990.

Unas horas antes del ataque en Cali, guerrilleros en Antioquia (noroeste) mataron a 13 policías al derribar un helicóptero con un ataque de dron y rifles. Los uniformados estaban en una misión de erradicación de cultivos de hoja de coca.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

Sánchez dijo que en cinco áreas de operación de esos grupos, la extorsión, los asesinatos y el reclutamiento de niños disminuyeron. Eso “los ha llevado a un desespero para afectar con el arma más criminal y demencial que puede existir, que es el terrorismo”, aseguró.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presente este viernes en una cumbre en Bogotá, expresó su pesar. “Nuestros corazones están con las víctimas de los ataques”, dijo.

La carrera presidencial en Chile ha arrancado oficialmente esta semana con ocho candidatos en lista para los comicios de noviembre, que estarán marcados por la polarización y en los que las últimas encuestas perfilan como favoritos al líder del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, y la candidata de la coalición gobernante, la comunista Jeannete Jara.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) recibió el lunes las ocho candidaturas que medirán fuerzas para suceder al presidente Gabriel Boric, que ganó las elecciones presidenciales de 2021 con más de un 55,8 % de los votos frente a un Kast que se quedó a las puertas de la Presidencia con un 44,1 % de los apoyos y que vuelve a concurrir en estos comicios con la promesa de mejorar la crisis de seguridad por el crimen organizado y el narcotráfico.

Según una última encuesta elaborada por la empresa Cadem, Kast encabezaría el recuento con el 28 % de los votos, seguida de la exministra de Trabajo Jeannete Jara, que se sitúa dos puntos porcentuales por debajo del ultraderechista. En tercera posición, se encuentra la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, candidata de la conservadora coalición Chile Vamos y quien acumula el 16 % de los apoyos.

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En paralelo a las elecciones presidenciales, los chilenos también acudirán a las urnas para renovar la Cámara de Diputados y buena parte del Senado en unos comicios parlamentarios igualmente fragmentados, con el voto dividido entre la coalición de Kast, Cambio por Chile, y la oficialista Unidad por Chile, encabezada por Jara, por lo que se augura un Parlamento sin mayorías claras.

Durante estos tres últimos años, el presidente Gabriel Boric, que no puede volver a presentarse, ha intentado consolidar su mandato a golpe de medidas sociales, como su popular reducción de la jornada laboral o la reforma de las pensiones, que permitió incorporar la cotización a cargo del empleador en un sistema dominado por las administradoras privadas.

El líder de Frente Amplio también se apuntó un tanto con la modificación al impuesto a las herencias, el impuesto a la minería del cobre -que permite que un tercio de lo recaudado sea destinado a gobiernos regionales-, así como la promulgación de la ley integral contra la violencia de género y la ley contra la violencia a la niñez.

No obstante, pese a las promesas electorales, su gestión ha quedado lastrada en parte por su fracaso para promulgar una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la época del dictador Augusto Pinochet. Otra de sus deudas más sonadas con el electorado chileno será su propuesta de nacionalización del litio.

En total, un informe de la fundación Ciudadanía Inteligente señala que Boric solo ha cumplido con el 38 % de sus promesas electorales, con la defensa o la democracia como las principales áreas en las que no se han logrado avances.

El ciclo electoral, que ha arrancado oficialmente esta semana, pronostica que tanto el frente izquierda como la ultraderecha dependerán de consensos para poder gobernar, si bien las encuestas sitúan ya a Kast -que fue elegido como candidato sin pasar por primarias- en la segunda vuelta de las presidenciales, por lo que tendría algo más de ventaja que Jara para, eventualmente, aprobar leyes en un Congreso polarizado.

Kast, que presentó su candidatura bajo el eslogan ‘La fuerza del cambio’ y que es cercano ideológicamente al presidente argentino, Javier Milei, o al mandatario estadounidense, Donald Trump, ha prometido llevar a cabo una serie de medidas para superar el estancamiento del crecimiento económico, el alza en el coste de la vida y el aumento del desempleo, además de enfocarse en temas migratorios y de seguridad.

Por contra, el bloque de izquierdas respaldado por Jara, la que fuera subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, contará con el respaldo de Democracia Cristiana, que evidenció las grietas internas dentro del partido y precipitó la renuncia de Alberto Undurraga por estar en contra de la candidata comunista.

Jara -que en las primarias oficialistas venció a la representante del Socialismo Democrático, de centroizquierda, Carolina Tohá- se ha intentado distanciar de ser la sucesora de Boric y ha reivindicado que quiere construir un gobierno que tenga como objetivo el crecimiento económico, con el aumento del salario mínimo o de la inversión como sus medidas estrella.

En la carrera presidencial también lo volverá a intentar Matthei, quien fracasó en su intento de llegar a La Moneda en las elecciones presidenciales de 2013 como candidata de la coalición Alianza, encabezada por Unión Demócrata Independiente, ante una Bachelet que en segunda vuelta logró cosechar un 62,17 % de los votos.

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Otra cara conocida es la del populista Franco Parisi, que ya que presentó a las presidenciales de 2021 como candidato de Partido de la Gente y a quien las encuestas sitúan ahora en un cuarto lugar, solo por detrás de Matthei. Con un discurso apolítico y antipartidista, impulsó su campaña electoral desde Estados Unidos, donde residía, y a través de redes sociales como Facebook o YouTube.

A las elecciones también concurre el ultraderechista del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, quien presentó su renuncia en noviembre de 2021 dentro del Partido Republicano tras una serie de declaraciones misóginas y racistas. El candidato, otrora aliado de Kast, ha llegado a apoyar un golpe de Estado como el que llevó al poder en el país a Augusto Pinochet.

Los candidatos menos populares, que no superan el 2 % en intención de voto, son los independientes Marco Enríquez-Ominami -fundador del disuelto Partido Progresista-, Harold Mayne-Nicholls, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Eduardo Artés, secretario general del Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) que se presenta por tercera vez consecutiva.

Fuente: Europa Press