El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Enrique Salyn Buzarquis indicó que el Congreso Nacional debe acompañar el veto parcial del Ejecutivo al proyecto que autoriza a Petróleos Paraguayos (Petropar) a comprar directamente combustibles sin necesidad de intermediarios. Al respecto, dijo que el Legislativo cometió un error al eliminar la intervención de la Dirección de Contrataciones Públicas del proceso de adquisición del carburante.
“Yo estoy de acuerdo que se haya enmendado este error, hay cuestiones claves que se deben mantener como la declaración jurada que se estableció sacar en su momento y la estructura de costos que es muy importante y ahora esperamos que se vuelva a incluir el punto referente a contrataciones públicas que es fundamental para que este proyecto pueda transparentar todo el proceso”, mencionó en una entrevista realizada en el noticiero “Info+”, emitido por el canal GEN-Nación Media.
El proyecto de ley en cuestión, que surgió como una propuesta alternativa a la crisis generada por la constante suba de los precios de los combustibles que derivó en movilizaciones y cierres de ruta por parte de gremios de camioneros, retornará ahora al Congreso para el estudio y consideración del veto o rechazo parcial con los cambios introducidos por el Ejecutivo.
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Al respecto, Buzarquis reconoció que en varias ocasiones las propuestas son analizadas en el seno del Legislativo sin mayores precauciones, tal como aconteció con la mencionada iniciativa. La Cámara Alta deberá contar con un total de 23 votos para aceptar la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
“Yo por lo menos acompañaré el veto parcial y estoy convencido que el Congreso también lo debe aceptar y en el Senado se necesita un total de 23 votos. Esto fue un error. Lastimosamente, a veces ocurre. Muchas veces estos proyectos tienen los voceros de las comisiones y cuando ellos dan la aprobación, la mayoría acompaña”, explicó el legislador.
La propuesta fue sancionada sin mayor estudio por parte de senadores y diputados, bajo el argumento de que era necesario proporcionar a la empresa petrolera pública la posibilidad de adquirir en mejores condiciones los combustibles y bajar los precios.
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