Ley de Petropar: Contrataciones Públicas apoya veto parcial del Ejecutivo
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El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, calificó de acción tranquilizadora la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que optó por vetar parcialmente el proyecto de ley de compras directas de combustible a través de Petropar.
Expresó su conformidad con la eliminación de la declaración jurada del patrimonio de los accionistas de las proveedoras de la petrolera estatal. “Hubo ayer una acción tranquilizadora porque el Poder Ejecutivo dio un veto parcial a la ley y, con eso, por lo menos en esta vuelta quedó cancelada la posibilidad de que Petropar pueda considerarse fuera de la Ley de Contrataciones”, señaló a la 680 AM.
Explicó que el proyecto emergente del Parlamento sí apuntaba a que Petropar quede fuera del sistema de Contrataciones Públicas. “El proyecto originalmente presentado a mediados de abril apuntaba solamente a eliminar una traba burocrática que es la declaración jurada del patrimonio de los accionistas y directores de la empresa proveedora del sistema de Contrataciones Públicas”, refirió.
Aclaró que con esa eliminación sí estaba de acuerdo porque simplificaría el proceso de compra y eliminaría un documento no necesario. “Pero lo que terminó aprobándose en el Parlamento fue la eliminación de Petropar del sistema de contrataciones públicas, independientemente a la mala redacción o no que haya tenido el proyecto de ley aprobado por el Parlamento”, puntualizó.
Seitz abogó por la aceptación del veto parcial del Ejecutivo en el Congreso Nacional. “He encontrado a nivel de redes sociales opiniones de congresistas en los sentidos más opuestos; por un lado, algunos admitieron que no está bien el proyecto aprobado por el Parlamento, que no es adecuado dejar a Petropar fuera de Contrataciones Públicas. Y por tanto, esta es una buena oportunidad de corregir lo aprobado. Pero por otro lado también hay opiniones que hablan de mantener la postura del Parlamento y rechazar el veto del Ejecutivo”, mencionó.
Con el veto parcial a la Ley de Petropar vuelve la discusión al Congreso Nacional, teniendo en cuenta que desde el Poder Ejecutivo se objetó el texto en el que se excluía a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para el control de las compras que realice Petropar. Desde el Frente Guasu consideran que eso no afectaría el sistema de licitaciones; sin embargo, Pablo Seitz calificó de riesgosa la redacción legislativa.
Gobierno llama al diálogo para fortalecer reforma de Caja Fiscal
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El Gobierno nacional impulsa una instancia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consensos entre los sectores involucrados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, solicita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.
La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diálogo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.
“En conversación con el presidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reunión de trabajo con los distintos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fiscal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresidente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar eventuales ajustes al texto aprobado por Diputados.
Pedro Alliana, vicepresidente.FOTO: ARCHIVO
REUNIONES CON INVOLUCRADOS
Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reuniones previas con los actores involucrados, antes del tratamiento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está convocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modificaciones o sugerencias, estuvimos coordinando eso”, indica.
La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciativas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sistema previsional estatal registra un déficit creciente desde hace más de una década, impulsado principalmente por regímenes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficiarios. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.
AJUSTES DE PARÁMETROS
El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, además de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han generado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efectos en derechos adquiridos.
En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.
El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercambio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.
La seguridad social debe ser sostenible, asegura diputado
“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.
“Esta reforma no los perjudica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afectados por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectivamente sus haberes. La seguridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.
A TIEMPO DE EVITAR QUIEBRA
“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero únicamente si tomamos decisiones responsables y estructurales”, advirtió el parlamentario en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.
Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legisladores opositores y disidentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.
A dichas afirmaciones se suman las amenazas provenientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para truncar el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.
Gobierno fija incentivos energéticos para atraer industrias convergentes
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Mediante el Decreto N.º 5306, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para el desarrollo de industrias convergentes y una tarifa especial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las empresas que integran el sector.
Al respecto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, mencionó a la 1.000 AM que esta es una medida que tiene por objetivo impulsar la instalación y el desarrollo del país de industrias convergentes, orientadas a actividades de operadores de hiperescala, excluyendo a las actividades de minería de criptoactivos.
En el decreto se fijó una tarifa diferencial para las empresas que integran el rubro y en el cual se detalla que las industrias convergentes son aquellos ecosistemas productivos de alta sofisticación técnica. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como el Mitic, habían remitido un informe técnico, según el documento.
A su vez, comentó que el decreto no vulnera los reglamentos de la Ande. “Uno tiene que mirar cuál es el excedente que se tiene y cuánto se transfiere al lado brasilero y cuánto nosotros dejamos de lado el potencial”, dijo Villate.
Atracción de industrias
Añadió que pensando en el crecimiento industrial de nuestro país, se debe aprovechar el excedente de energía que tenemos. “Lo que busca este decreto es justamente posicionar al país aprovechando la energía y la potencia para hacer la atracción de las industrias que ayuden lo que es la competitividad país y que ayuden a generar mano de obra”, resaltó.
En ese misma línea, destacó que la energía puede convertirse en un valor agregado para seguir exportando. “No solamente en lo que hace a los commodities como la soja, sino también lo que son los servicios manufacturados o por qué no, cómputos de inteligencia artificial”, dijo sobre lo que busca el decreto.
Las industrias son aquellas que integran de manera intensiva el recurso energético estable y renovable como insumo crítico para la generación de valor, ya sea a través de infraestructura computacional de vanguardia, procesos de manufactura avanzada o síntesis físico química de vectores sostenibles.
Asimismo, se caracterizan por operar bajo estándares de calidad certificados, regímenes de producción continua y por generar encadenamientos productivos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas.
La medida tendrá validez por 15 años y establece una tarifa para el Grupo de Consumo de Energía Eléctrica para Industrias Convergentes en los niveles de extra alta tensión hasta 500 kV, muy alta tensión hasta 220 kV, alta tensión 66 kV y media tensión de 23 kV.
El presidente de la República, Santiago Peña, reglamentó la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 mediante el Decreto n.° 5311, estableciendo el marco normativo para la ejecución del gasto público y otorgando amplias facultades de control al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La reglamentación se da tras la promulgación del PGN 2026, realizada el pasado 31 de diciembre, que incluyó los USD 55 millones adicionales incorporados por el Congreso Nacional. El presupuesto final aprobado asciende a G. 149,6 billones, lo que representa un incremento de 12,3%, equivalente a G. 16,4 billones, en comparación con el presupuesto inicial del 2025.
Desde el MEF destacaron que la normativa se rige por criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, con énfasis en la protección social de los sectores más vulnerables, en línea con los objetivos económicos y sociales del Gobierno.
La reglamentación consta de 17 capítulos, que abordan los ejes centrales de la administración financiera del Estado, entre ellos el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el sistema presupuestario, el régimen de remuneraciones del personal y el sistema de inversión pública.
El decreto define los lineamientos para la correcta implementación del PGN 2026 y orienta a las instituciones públicas en la gestión financiera, con el objetivo de garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales, así como el cumplimiento de las metas macroeconómicas y sociales.
En ese contexto, el MEF subrayó que este esquema de gestión responsable fue clave para que Paraguay alcanzara el grado de inversión, otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s, un logro histórico que fortalece la confianza de los mercados, promueve la inversión y consolida las bases para un crecimiento económico sostenible.
Subir impuestos no salvará déficit de la Caja Fiscal, según MEF
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que aumentar impuestos como el Impuesto a la Renta Personal (IRP) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es una alternativa viable para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal, que financia las jubilaciones del sector público.
La postura fue expuesta durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, señaló que las propuestas de algunos sectores, docentes, policías y militares, de elevar impuestos para sostener el sistema no resultan sostenibles en el tiempo.
Al respecto, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó proyecciones financieras que muestran que el déficit del sistema ya se cubre con impuestos generales y seguirá creciendo si no se aprueba una reforma estructural.
“Simulamos el impacto de subir impuestos como plantean algunos sectores. En el caso del IRP, la tasa debería subir del 10 % al 48 % en 2025, y luego aumentar cada año hasta llegar al 86 % en 2028”, explicó. En cuanto al IVA, detalló que una suba del 10 % al 14 % permitiría recaudar unos USD 1.144 millones anuales, pero sólo alcanzaría para cubrir el déficit de 2026 y 2027, y apenas una parte del de 2028.
Coronel advirtió que el 100 % del déficit de la Caja Fiscal en 2028 será cubierto con impuestos generales, lo que equivaldrá a unos USD 683 millones, un monto cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según el MEF, la principal causa del desequilibrio es la ausencia de una edad mínima de jubilación, lo que beneficia principalmente al Magisterio Nacional, docentes universitarios, Fuerzas Militares y Policías.
Con esos USD 683 millones, el Estado podría financiar 10 hospitales de alta complejidad, otorgar pensión al 86 % de los adultos mayores, refaccionar 350 escuelas, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.
El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima gradual de 57 años, con nuevas tasas de sustitución y mayores incentivos para permanecer más tiempo en actividad. También prevé aumentar el aporte obrero-patronal del 16 % al 19 % y sumar un aporte estatal adicional del 3 % como empleador.
Desde el MEF reiteraron que sin cambios estructurales, el sistema seguirá presionando las finanzas públicas y comprometiendo recursos destinados a salud, educación e infraestructura.