La reunión entre las autoridades judiciales de Colombia y Paraguay servirá para fomentar alianza en la lucha contra el crimen organizado en la región. Foto: Gentileza.
Acuerdan cooperación entre Paraguay y Colombia para luchar contra el crimen organizado
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Francisco Barboza Delgado, fiscal general de Colombia, se encuentra de visita en nuestro país, en busca de fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen transnacional en la región. El titular del Ministerio Público colombiano se reunió con par paraguaya, la doctora Sandra Quiñónez.
El encuentro es un paso más hacia la consolidación de las alianzas en el marco de la cooperación en materia judicial y para trabajar agendas conjuntas que llevan adelante ambos países.
El titular del Ministerio Público de Colombia expresó y “ratificó los lazos de hermandad y de cooperación jurídica internacional entre ambas instituciones”.
Diversas modalidades delictivas
Desde la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado del Paraguay informaron que durante el encuentro se realizó la firma de un convenio marco en relación a la lucha y los esfuerzos contra el crimen organizado trasnacional, en las diversas modalidades como tráfico de estupefacientes, secuestros, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos cibernéticos, delitos financieros y esquemas complejos de lavado de dinero; hechos que afectan a cada uno de nuestros países.
Por su parte Barboza Delgado se mostró satisfecho por su presencia en nuestro país y sobre todo por concretar esta reunión de trabajo. Destacó “la labor valerosa de la fiscal general de Paraguay, y que es reconocida en el ámbito internacional, es una mujer valerosa y sabemos que ha superado varias pruebas de fuego”, manifestó el colombiano.
Cadetes del ejército marchan en una ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar José María Córdova de Bogotá, el 26 de agosto de 2026. Foto: Raúl Arboleda/AFP
Colombia: secuestran a militar de la legión extranjera francesa en zona de guerrilla
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Un militar colombo-francés de la legión extranjera de Francia fue secuestrado en una región de Colombia dominada por guerrilleros, informó el jueves el ejército colombiano. José Olger Melo Charry fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño (suroeste), de acuerdo con un informe de la institución conocido por la AFP.
Los responsables del secuestro serían disidentes de la extinta guerrilla FARC que se marginaron del acuerdo de paz de 2016. Los rebeldes se lo llevaron al notar que pertenecía a la legión extranjera francesa, según el reporte. El coronel del ejército Mauricio Osorio dijo a la emisora Blu Radio el jueves que Melo Charry ingresó al ejército francés “hace cuatro años” y estaba de descanso en su país de origen.
El militar “ostenta el grado de cabo”, según el responsable. La agrupación señalada del secuestro está bajo el mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Las organizaciones armadas del país, dedicadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, utilizan el secuestro con fines extorsivos o para ejercer presión a las autoridades.
El presidente Abelardo de la Espriella trazó una política de combate frontal a los grupos armados con la ayuda de Estados Unidos.
Bajo la gestión de su antecesor de izquierda Gustavo Petro, el gobierno fracasó en negociaciones de paz con las múltiples organizaciones que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
El fiscal general del Estado exhorta a la Corte Suprema y a las autoridades nacionales a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales. Foto: Archivo
Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.
El Ministerio Público pidió destrabar el proceso penal por lavado de dinero contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Jorge Vera Trinidad y Celio Tunholi y otros, paralizado en la Corte. Foto: Archivo
Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
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Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
Investigan muerte de bebé debido a una deshidratación
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Un pequeño de 9 meses fue llevado por sus padres al Hospital Regional de Pedro Juan ya sin signos vitales.
El Ministerio Público investiga la muerte de un bebé de 9 meses que fue llevado por sus padres sin signos vitales hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay. La autopsia indica como posible causa de muerte un shock hipovolémico por deshidratación grave.
Según el reporte dado por la comisaría 18.ª de San Juan Neuman, el menor, con 9 meses de vida, sería oriundo del asentamiento Romero Cue Sector 1 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y este fue trasladado por sus padres hasta el hospital durante la tarde del viernes pasado.
Sus progenitores indicaron a los profesionales que aparentemente estaba con un cuadro de gastroenteritis y que en un momento dado se desvaneció por completo, pero los médicos de la urgencia pediátrica informaron que cuando lo ingresaron al centro asistencial ya había llegado sin signos vitales.
AUTOPSIA
Hasta el lugar se constituyó la fiscal Reinalda Palacios, quien ordenó que el cuerpo del bebé fuera sometido a una autopsia para determinar la posible causa de muerte e iniciar las investigaciones del caso. La inspección del cuerpo fue realizada por el doctor César González.
El profesional forense determinó como posible causa de muerte del menor un choque hipovolémico por deshidratación severa que pudo ser causado a consecuencia de una gastroenteritis aguda. El informe ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que ordenó que el cuerpo sea entregado a los padres.