El excanciller Euclides Acevedo se reunió en la mañana de este martes con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para despedirse oficialmente de su gobierno. Acevedo renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores para emprender su precandidatura a la Presidencia de la República dentro de la concertación de opositores. “Vine a despedirme del presidente Abdo personalmente, ya lo hice a través de los medios el viernes en la Cancillería, hoy vine a hacerlo de manera personal el haberme dado la oportunidad de ser un servidor público”, expresó el exministro al dejar el Palacio de López.
Acevedo contó que conversó con el mandatario sobre los proyectos políticos, tantos suyos como el de Abdo. En este sentido, mencionó que el mismo le expresó sus intenciones de presentarse para las elecciones internas del Partido Colorado para pugnar por la presidencia de la Junta de Gobierno.
“Hablamos de política, hablamos de mi proyecto del suyo, le pregunté si se va a presentar para la Junta de Gobierno, ´me interesa´, me dijo. Quiere decir que el presidente está evaluando, me manifestó su interés de conducir al Partido Colorado, pero que lo iba a pensar, de tal frente que los hechos y la prudencia lo van a recomendar la suficiente audacia”, mencionó el precandidato presidencial.
Con relación a su proyecto electoral, Acevedo mencionó que esta semana se iniciarán las conversaciones con los demás precandidatos de la concertación para avanzar en el acuerdo en este espacio político. “Esta semana vamos a dedicarnos con los distintos candidatos presidenciales a encontrar una unidad rocallosa para poder darle éxito y prosperidad al proyecto de una nueva República”, remarcó.
A consideración de los electores
Igualmente, mencionó que pese a que su precandidatura será puesta a consideración de los electores, previamente se debe consensuar sobre los puntos de coincidencia, a fin de que no se trate solo de un acuerdo para la chapa presidencial, sino de un modelo de gobernabilidad.
“La presentación de mi precandidatura va estar sujeta al esquivo respaldo popular. Antes de eso tenemos que hablar entre todos de tal suerte a convenir la formula que no se quede agotada en la chapa sino al mismo tiempo estudiar constituir también una mayoría inteligente dentro del Parlamento, dentro de las gobernaciones y dentro de las concejalías departamentales, porque este es un paquete grande”, apuntó Acevedo.
Mientras tanto, reiteró que su posición es la de llevar adelante la concertación de hecho que de derecho, explicando que la concertación de derecho supone procedimientos excluyentes; es decir, uno entra a la concertación conforme a lo que pide el Código Electoral.
“La concertación es acuerdo, el acuerdo es negociación, y la negociación tiene éxito cuando hay un pacto y todo eso tiene que ser público de tal suerte que uno irá de presidente, otro irá de vice, otros en el Parlamento, otros en los ministerios. El Estado tiene oficinas gigantescas, y ahí está la inteligencia política para tejer y anudar acuerdos que permitan llegar a acuerdos en sus respectivas gestiones de servidor público”, puntualizó.
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Reformas y creación de entes eficientes marcan dos años del gobierno de Peña
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
Lea también: EE. UU. y Paraguay firman importante acuerdo: “Existe una alianza muy fuerte”
Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:
- IPS
- la Caja Fiscal
- la Caja Municipal
- la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
- la Caja de Itaipú
- la Caja Ferroviaria
- la Caja Parlamentaria
- la Caja Bancaria
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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Dos años del gobierno de Peña: marcado por reformas y creación de entes eficientes
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.
En el paquete de leyes impulsados por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausentismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.
La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.
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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.
La Ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la Ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.
Reformas
La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley se establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.
Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.
La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.
Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.
A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.
Sistema previsional
La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre los principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.
También establece el incremento del fondo de salud donde se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.
Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.
Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.
Los contratos flexibles son una herramienta clave de la Ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).
La Ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.
Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.
Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La Ley busca incrementar la participación estatal en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.
Creación de instituciones
En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.
Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.
Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden al IPS, la Caja Fiscal, la Caja Municipal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la Caja de Itaipú, la Caja Ferroviaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Bancaria.
El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.
Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.
El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.
Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.
Lucha contra la corrupción
La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta Ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El Ejecutivo también impulsó la Ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La Ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.
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Sedeco: retiran productos en mal estado y suspenden temporalmente actividades de locales afectados
La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.
Según informó hoy en conferencia de prensa la titular de Sedeco, Sara Irún, las fiscalizaciones comenzaron en farmacias denunciadas por ofrecer artículos con alerta sanitaria, cuya comercialización fue prohibida por Dinavisa y otras agencias regulatorias de la región.
Las irregularidades también alcanzaron a sucursales de una conocida cadena de minimercados, donde se hallaron mayonesas, quesos, yogures, cereales, embutidos y panificados vencidos, así como cárnicos envasados al vacío con reetiquetados irregulares y aspecto alterado.
“Estamos hablando de un riesgo directo para la salud y la vida de los consumidores. Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las actividades de los locales afectados, hasta que regularicen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, afirmó Irún.
También resaltó que esto no se trata de casos aislados, sino de una falla sistemática en los controles del proveedor, por lo que ya se abrieron 12 sumarios y se remitieron los antecedentes a Dinavisa.
Las intervenciones se realizaron en el marco de un convenio interinstitucional firmado recientemente entre ambas entidades, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, de reforzar la protección a los consumidores.
Por su parte, el director de Dinavisa, Dr. Jorge Illou, confirmó que también fueron intervenidas plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas.
Señaló que los análisis microbiológicos confirmaron que el producto no era apto para el consumo. Ante esto, se dispuso la cuarentena de los lotes, la prohibición de su venta, el retiro del mercado y el cese temporal de actividades.
Las autoridades coincidieron en que las medidas buscan corregir las malas prácticas, sin afectar a los trabajadores de las cadenas, y ratificaron que continuarán con los operativos para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad sanitaria de la ciudadanía.
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Puja por precandidatura presidencial generó quiebre en la disidencia colorada
La puja por la precandidatura presidencial generó un quiebre en las altas esferas de la disidencia colorada. El conflicto internó tomó mayor relevancia este lunes mediante el proceso de inscripción de los movimientos internos que pujarán en las elecciones internas municipales previstas para el 7 de junio de 2026.
Hugo Velázquez, exvicepresidente de la República durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tomó la decisión de inscribir a su movimiento Fuerza Republicana con el respaldo del senador Luis Pettengill, quien se desempeña como vicelíder del citado sector político.
La inscripción del movimiento estuvo a cargo del extitular de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, quien actualmente se desempeña en el cargo de apoderado general del movimiento. En la ocasión estuvo acompañado por otros dirigentes como el exdiputado capitalino Hugo Ramírez y el diputado Carlos Núñez Salinas, quien no descarta la conformación de una nueva bancada en el Congreso Nacional que responda a Velázquez.
“Este es un compromiso público con la democracia, la transparencia y el trabajo serio por nuestro país. La fuerza está en la gente, y juntos vamos a demostrarlo”, lanzó Velázquez en sus redes sociales oficiales.
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El quiebre en la disidencia colorada fue desatada a raíz de que Velázquez no logró conseguir la bendición del Abdo Benítez, quien a través de su movimiento interno Colorado Añetete, vuelve a respaldar las aspiraciones presidenciales de su exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Arnoldo Wiens.
“Hoy inscribimos oficialmente al movimiento Colorado Añetete para las próximas elecciones municipales. Seguimos firmes, vamos a construir juntos un Paraguay con valores, principios y compromiso colorado, al servicio de todos los paraguayos”, indicó Wiens en sus redes sociales oficiales.
La inscripción del movimiento Colorado Añetete ante la ANR, fue realizada por el exprocurador general de la República, Sergio Coscia y la exministra de Justicia y exembajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cecilia Pérez. Ambos se desempeñan como apoderados generales del abdismo.
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