Piden jucio oral y público para líderes piqueteros por cierre de rutas
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Los líderes camioneros Ángel Zaracho y Roberto Almirón fueron acusados por el Ministerio Público por perturbación de la paz pública y solicitaron la elevación de la causa a Juicio Oral. El procedimiento está a cargo de los fiscales Eugenio Ocampos, Alcides Corvalán y Carmen Bogado
El 28 junio del año 2021, los mismos fueron individualizados de liderar, convocar, ordenar e instruir a sus agremiados medidas de fuerzas y conductas lesivas. Entre estas conductas se menciona la obstaculización peligrosa de la circulación de personas y vehículos utilizando camiones de gran porte, como medida de fuerza coercitiva.
Ambos también se encuentran imputados por el supuesto pedido de coima a las autoridades, para no realizar los cierres de rutas, algo que se está volviendo habitual en los últimos meses, siguiendo el mismo camino recorrido en la Argentina, de la mano de los líderes piqueteros y sindicalistas, Hugo Moyano y su hijo Pablo.
Otros hechos violentos
Almirón también se ha visto involucrado en reiterados hechos de violencia e incluso en el 2005 fue procesado por el homicidio de un hombre en la localidad de Minga Guazú, de donde es oriundo, aunque este caso fue desestimado años después, tiempo en el cual Almirón permaneció prófugo de la justicia.
Tanto Zaracho como Almirón fueron duramente criticados por otros líderes del sector al participar de un acto político de apoyo a Hugo Velázquez, lo que generó sospechas sobre las verdaderas intenciones de los mismos.
Los hechos ocurridos en junio del año pasado, fueron consideradas por el Ministerio Público como lesivas a los derechos de otros ciudadanos evitando la circulación libre, además de la instalación de piquetes que también impedían el libre tránsito de la ciudadanía en la zona de la Costanera de Asunción y otras zonas, según reportaron desde la institución.
El resurgir de un activo estratégico: el biodiésel cobra un nuevo impulso y promete generar desarrollo
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Por Luis Noguera
El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.
“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.
Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.
“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.
Massimiliano Corsi, presidente de la Biocap. Foto: Archivo
“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.
Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.
Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.
Materia prima y procesamiento
Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.
Camioneros
Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”;sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.
Gilberto Maldonado, referente del sector transportista. Foto: Gentileza
“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.
Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.
Creciente exportación
De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.
Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
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Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
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Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS
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El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.