La propuesta que libera el combustible para Petropar en el mercado internacional está en manos del presidente de la República Mario Abdo, pero para el senador Enrique Riera esta ley genera dudas. Luego de tener la aprobación con apoyo de oficialistas y luguistas podría darse una negociación con Venezuela.
La idea de comprar combustible de dicho país, incluso está rondando los pasillos del Congreso Nacional, con la visita de legisladores venezolanos con quienes conversó el propio presidente del Senado Óscar Salomón. En su cuenta de Twitter Riera cuestionó esta postura pública que asumió el titular del Congreso, “algo huele a podrido”, escribió.
Salomón mencionó la posibilidad de que el Gobierno pueda cambiar su postura sobre el mandatario Nicolás Maduro en caso de cerrar un acuerdo conveniente para Paraguay, dejando de lado la postura diplomática que asumió el Gobierno con todo lo relacionado a Venezuela.
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Además, recordó que Mario Abdo Benítez rompió las relaciones diplomáticas con Maduro y reconoció a Juan Guaidó como presidente. En ese sentido, cuestiona que aparezcan diputados “maduristas” venezolanos del gobierno no reconocido, sin embargo senadores Abdo-luguismo, aprobaron la ley.
Con esto se modifica la legislación de Contrataciones Públicas y se elimina de esa manera el requerimiento de presentar declaración jurada ante la Contraloría General de la República, que rige para las empresas proveedoras del Estado paraguayo.
La modificación de esta ley es vigente solo para Petropar y para la compra de hidrocarburos, significa que la empresa estatal podrá negociar de forma directa con otros países y empresas, sin necesidad de intermediarios locales. El proyecto de ley también estipula que se deberá hacer pública la estructura de costos de las importaciones que realice en el marco de la ley.
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¿Cuánto se ha avanzado en mejorar la seguridad?
El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.
En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.
Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.
Reforma policial
La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.
Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.
En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.
Mayor equipamiento
Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.
El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.
En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.
En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.
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Lucha contra las adicciones
El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.
El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.
En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.
Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.
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Riera: “Durante años, el Estado no tomó con seriedad la problemática de las adicciones”
El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.
“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.
Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.
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Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.
Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.
“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado.
Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese sentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.
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“¿Por qué existe la OEA?”: cuestionan irresolución en crisis de Venezuela y Haití
- Washington, Estados Unidos. AFP.
Estados Unidos cuestionó ayer jueves la existencia misma de la OEA si es incapaz de resolver las crisis en Venezuela y Haití y advirtió que su permanencia en la organización está bajo lupa. El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, hizo estremecer a la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Antigua y Barbuda, con un ataque en toda regla.
Advirtió que, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado revisa qué organizaciones internacionales benefician a Estados Unidos y cuáles no, para determinar si le conviene “retirarse de alguna”. “Esta revisión sigue en curso” y “no estoy seguro de poder predecir el resultado”, declaró.
Landau puso dos ejemplos que, según él, ilustran la ineficacia de la OEA: Venezuela y Haití. La oposición venezolana “no solo ganó abrumadoramente” las elecciones presidenciales en 2024 “sino que contaba con pruebas para demostrarlo, las actas”, pero el gobierno del mandatario Nicolás Maduro lo ignoró, afirmó Landau.
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“Nada sustancial”
“En respuesta a ese descarado fraude electoral ¿qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial”, pese a que muchos países acogen a “cientos de miles o incluso millones de refugiados venezolanos”, lanzó.
“El mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa electoral” con comicios legislativos y regionales que “incluyeron una controvertida votación” para elegir a representantes en la región de Esequibo, un territorio que Venezuela disputa con Guyana, insistió Landau.
“Si esta organización no está dispuesta o no puede responder a una situación en la que un régimen trata con desdén abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene?”, apuntó.
Y “¿qué ha hecho esta organización?” frente a la crisis en Haití, prosiguió. Si “no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, entonces debemos preguntarnos seriamente ¿por qué existe la OEA?”, reiteró.
El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha prometido una hoja de ruta sobre Haití y la Asamblea General, órgano supremo de la organización, debate un proyecto de resolución sobre el país.
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“Compromisos concretos”
El canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pidió “compromisos concretos” y llamó a la OEA a aunar “todos los esfuerzos de cooperación con los socios regionales e internacionales del país focalizándose esencialmente en el desafío de seguridad, humanitario e institucional”.
Su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez, sostuvo que la región “no puede permanecer indiferente”.
También se habló de Venezuela y Nicaragua, dos países que se salieron de la OEA, y de Cuba, que no se ha reincorporado a la organización pese a que en 2009 quedó sin efecto una exclusión decretada en 1962.
El representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, denunció “las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder por parte del régimen de Maduro”.
“Venezuela y Nicaragua son heridas abiertas en la conciencia democrática en la región” y “nuestra organización debe recuperar el papel que le corresponde como garante de las democracias en las Américas”, reiteró el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.
Mientras Bolivia pidió el “fin al bloqueo ecnómico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos a Cuba.
“Actuar con urgencia”
La migración y la crisis climática también preocupan.
Los flujos migratorios “requieren respuestas conjuntas, humanas y sostenidas y basadas en las mejores prácticas”, recalcó el mexicano Daniel Alberto Cámara, director general de organismos y mecanismos regionales americanos, en una alusión apenas velada a la drástica política de Donald Trump contra la migración ilegal.
Frente a la emergencia climática “se necesita profundizar la cooperación internacional”, afirmó Maria Laura da Rocha, secretaria general de Relaciones Exteriores brasileña.
Chile y Colombia pusieron el broche de oro de la jornada.
“No basta con creer en el multilateralismo ni con manifestar apoyo a la existencia” de la OEA sino que se necesitan “hechos concretos”, pidió la vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente.
La canciller colombiana Laura Sarabia Torres pidió que se pase de los “discursos a la ejecución”.
“No puede haber democracia regional sin Haití -dijo - y no puede haber OEA si no somos capaces de actuar con urgencia” porque “no necesita más discursos de lástima”.
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Estrategia contra el crimen organizado se ejecuta desde la capital para evitar filtraciones
El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del sistema de Justicia requieren de una coordinación estratégica entre instituciones y un enfoque estructural. Durante sus declaraciones ante la prensa, remarcó que la Justicia que anhela el pueblo paraguayo solo será posible si se corrigen los cuatro eslabones fundamentales del sistema.
Respecto a la lucha contra el crimen organizado, Riera enfatizó la necesidad de proteger a jueces y fiscales que enfrentan riesgos en zonas de alta peligrosidad como Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. “No se puede ni se debe utilizar jueces y fiscales locales de lugares complicados, porque sus familias están expuestas”, explicó.
Por ello, los operativos más delicados, incluyendo órdenes de allanamiento y detención, se ejecutan desde Asunción, con equipos especializados y en estricto sigilo para evitar filtraciones, según manifestó. El ministro también destacó los resultados del reciente operativo “Dominatus” en el barrio Ricardo Brugada, como parte de una serie de intervenciones dirigidas a desarticular organizaciones criminales.
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Según Riera, este trabajo es fruto de una labor de inteligencia y preparación minuciosa. Asimismo, reconoció que en varias gobernaciones del país existen grupos criminales de distinto alcance que operan en rubros como el abigeato, la extorsión y el secuestro. “Necesitamos hacer un ‘Veneratio’ o un ‘Dominatus’ en cada uno de los departamentos y eso se va a lograr a medida que la Policía crezca”, enfatizó.
Asimismo, sostuvo que para lograr la Justicia que la ciudadanía quiere, también se deben tener en cuenta el mejoramiento de todos los eslabones que involucran a la Justicia con relación a los otros delitos que también tienen un alto impacto en los niveles de inseguridad. Según Riera, el proceso empieza con una Policía Nacional que detenga a los criminales.
Esto continúa con fiscales que presenten acusaciones sólidas, jueces que emitan condenas justas, y culmina con un sistema penitenciario que haga cumplir las penas e impulse la reinserción social de los condenados. “Si esos cuatro eslabones no funcionan, nosotros tenemos un problema”, advirtió, reconociendo que actualmente el sistema no opera de manera óptima.
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En ese contexto, informó que se mantiene un diálogo directo con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a través de la Mesa por la Justicia, una instancia de trabajo interinstitucional para coordinar acciones y mejorar la respuesta estatal ante el crimen.