Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.

• Fotos: Pánfilo Leguizamón

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos conversa con la socióloga argentina Florencia Prego, quien desarrolla una investigación sobre el Paraguay contemporáneo y las huellas institucionales del estronismo. Su trabajo se centra en figuras constitucionales como la prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción, mecanismos concebidos en la transición democrática para limitar el abuso de poder, pero que con el tiempo terminaron utilizándose en el marco de las disputas políticas.

–¿Cómo empezó tu relación con la historia del Paraguay?

–Yo integro un equipo de investigación que nos dedicamos a los estudios sociales latinoamericanos. Generalmente hacemos muchos estudios comparados. La riqueza, la perspectiva que tenemos justamente se centra en eso, en poder hacer esos análisis que trabajen dos a tres casos o más. Y mi directora, la doctora Lorena Soler, ella es una paraguayóloga, como le decimos, hace muchos años estudia Paraguay. Yo me empecé a interesar, a tener algunas preocupaciones o empecé a hacerme algunas preguntas que siempre giraron en torno a la dictadura y el autoritarismo. Encontré en Paraguay un caso muy singular, porque me parece que las características que tuvo el estronismo, con esas especificidades, con esas singularidades y particularidades, lo hacen un caso muy interesante para tratar de aplicar, o que me servían a mí para pensar los problemas que yo tenía en la cabeza.

–¿Qué encontrás de la dictadura de Stroessner que te parecen resaltantes?

–Lo que me resulta muy desafiante para pensar el estronismo es pensarlo más allá de una dictadura, es decir, efectivamente fue una dictadura, pero creo que tiene una vuelta más que nos permite complejizar, que es pensarlo como un régimen autoritario. El estronismo supo combinar, más allá de la coincidencia temporal que tuvo con las dictaduras del Cono Sur, que fueron tardías en relación al estronismo, ¿no? Se dan en otro contexto. Para mí, la singularidad que tiene el estronismo es la combinación entre lo que fue una dictadura, que tuvo un sistema represivo, que rigió el estado de sitio de forma permanente prácticamente, con lógicas y dinámicas de la democracia liberal. Es decir, había instituciones, había elecciones con proscripciones políticas, elecciones restringidas. Es decir, cómo se respetó esa fachada de la democracia liberal. Entonces, lo que me resultó siempre muy interesante del estronismo es que permitía poner sobre la mesa el debate de que puede existir la legalidad sin democracia. Y es también lo que a mí me permite explicar o empezar a problematizar lo que trabajo posteriormente, que es la transición y la reforma a la Constitución, y cómo se empiezan a pensar los mecanismos para tratar de controlar o evitar la repetición de un régimen como el Stroessner.

–¿La constituyente del 92 que fue en términos de dejar ostensible el borrón y cuenta nueva?

–Decir que fue el borrón y cuenta nueva puede ser y no ser al mismo tiempo. Porque la transición y la reforma a la Constitución no es que parte de una tabla rasa. La Constitución del 92 le viene a responder al estronismo. Es el pacto democrático por excelencia en Paraguay. Una constitución que, sin duda alguna, creo que tuvo elementos muy positivos y que era realmente necesaria para la transición a la democracia. No había democracia posible si no se reformaba esa Constitución en Paraguay. Podemos discutir que una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación, ¿no?

–No recuerdo qué porcentaje, pero era una mayoría de hombres del Partido Colorado que pertenecían al estronismo sentados en una constituyente para cambiar los aires de la dictadura a la democracia, ¿no?

–Era una constituyente amplia, ¿no? Pero ahí hay dos cosas que me interesa resaltar. La transición en Paraguay se enmarca en un proceso de transición hacia la democracia en América Latina en general, ¿no? En el marco de lo que se dice esta tercera ola. Un poco más tarde y tiene una singularidad cuando se piensan las transiciones en América Latina. En Argentina fue la guerra de Malvinas detonó, en otras fueron transiciones más pactadas, el poder civil con los militares. En Paraguay la singularidad es que el Partido Colorado, que fue el partido por excelencia del estronismo, continúe es la marca distintiva de la transición para pensarlo en términos comparativos. Ahí creo que está un poco la clave, pensar esta continuidad, ¿no? En esta idea de transición algunos hablan de transición inverosímil.

–¿Cuáles son te parece las instituciones más nítidas que hacían de cazafantasmas contra la dictadura que se instalan con la constituyente, a citar en primer lugar la no reelección?

–Yo creo que la constituyente del 92 viene a intentar resolver el problema de la concentración del poder en el Ejecutivo. Esta idea de tratar de construir mecanismos constitucionales o herramientas constitucionales que controlen o eviten las extralimitaciones por parte del Poder Ejecutivo, que resuelvan la concentración de poder, la descentralización de ese poder, etc. Y en este intento por resolver ese desequilibrio heredado de la Constitución del 67 se acabó generando, creo yo, un desequilibrio, en este caso a favor del Poder Legislativo, ¿no? Y ahí aparece una figura que analizo, la del juicio político, que expone un poco esta situación. La Constitución buscó crear mecanismos constitucionales para limitar al Poder Ejecutivo, pero después esos mecanismos, desde la transición en adelante, cuando empezaron a aplicarse, en realidad empezaron a ser utilizados por las élites político-partidarias para resolver los conflictos políticos como un elemento de competencia. Y el juicio político es tal vez el caso o el elemento más gráfico de todo eso.

–Hay un paquete de hechos que instala la constituyente y que terminan siendo herramientas de pelea política, ¿no?

–Una de las figuras que me parecen claves para pensar la transición y la posibilidad de consolidación de la democracia en Paraguay, y para entender los límites a la hora de pensar cómo se puede estabilizar o no un sistema político, es la reelección presidencial. Esta idea de prohibir la reelección presidencial pensando que esa era como la garantía para evitar la repetición de gobiernos autoritarios en un país donde la concentración y centralización del poder, el autoritarismo, las lógicas y las dinámicas autoritarias son de larga duración. Cuando uno ve los momentos en que se intentó reformar o poner en discusión mínimamente, eso generó crisis política, sobre todo en el 2017. Es una fibra muy sensible para la sociedad paraguaya la reelección presidencial.

–¿Cuáles son los ejes de tu investigación?

–Yo analizo en mi investigación tres mecanismos constitucionales. La prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción. ¿Por qué tomo estas tres figuras? Porque creo que vienen a responder y a reponer ese pasado estronista. La reelección presidencial, por todo lo que ya conversamos; el juicio político, que en la Constitución del 67 no podía aplicarse al presidente, y el estado de excepción, porque el estado de excepción viene a responder al estado de sitio estronista, ¿no? Y el estado de sitio estronista, como figura constitucional que podía aplicarlo principalmente o exclusivamente el Poder Ejecutivo, con el estado de excepción de la reforma y de la transición a la democracia también se introduce el mecanismo del control parlamentario, y eso me lleva nuevamente a pensar ese nuevo equilibrio o desequilibrio que propone la Constitución del 92.

–El tema de seguridad fue el que menos estuvo en el ojo de la tormenta probablemente.

–Yo tomo por una cuestión de recorte temporal desde el 92 al 2017, es decir, desde la reforma hasta la crisis política por la enmienda. En ese período el estado de excepción se declaró en cuatro oportunidades, dos bajo el gobierno de (Luis Ángel) González Macchi y dos bajo el gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué advierto ahí? Si uno ve el primer estado de excepción que se declara en el Paraguay democrático fue en el año 2000 ante esa intentona golpista que fue sofocada muy fácilmente en ese momento y repudiada también. Se declara en un momento podríamos decir para garantizar el orden. Mientras que tanto en 2010 como en 2011 en realidad ahí el estado de excepción empieza a funcionar más como una figura y si vemos cómo termina el caso de Fernando Lugo con su destitución, para resolver o intentar resolver conflictos sociales de otra envergadura. Estamos hablando sobre todo del año 2010 y 2011, donde el conflicto campesino era muy complejo, sobre todo en la zona norte del país. Y eso no se puede desligar de cómo terminó después Fernando Lugo. Es decir, yo creo que, en su caso, el estado de excepción sirvió para ir erosionando esa legitimidad del gobierno de Lugo o de su misma figura, ¿no?, tanto para afuera como para adentro de su propia base social.

–El tema de la prohibición de la reelección no refleja algún tipo de inseguridad al respecto de cómo podemos ser dueños de nuestro propio destino, digamos. Eso de decir que si tenemos esta institución podemos reelegir mal.

–Bueno, esas son dinámicas que nos exceden completamente. Cómo votan y quién gane después se verá. Para mí el desafío está en pensar la aplicación y los usos políticos de las cosas. Después los desenlaces son los desenlaces y los resultados son los resultados, que también hay que pensar las condiciones que posibilitaron o que llevan a esos resultados.

–¿Te parece que también hay un debilitamiento del debate político?

–Yo creo hay un decaimiento. Creo que también está muy vinculado, y acá me vuelvo un poco a mi patria chica, a una situación de hartazgo, cansancio, donde se empezó a poner de moda la idea de la apoliticidad. No hay nada más político que decir “soy apolítico”. Todos somos políticos y, en todo caso, no cumplimos la función del político, pero cualquier intervención es una intervención política. Decir “no soy político, pero estos son la casta”. Bueno, ahí hay un posicionamiento claro respecto a un debate político ideológico, sin duda alguna. Pero sí creo que hay como una cosa más generalizada donde la política está pensada en una dimensión peyorativa y está este distanciamiento.

–¿Estudiaste algo sobre las nuevas generaciones y la dictadura? Hay chicos que ya no tienen una memoria del dolor, ¿no?

–Claro, está cada vez más lejos. En Argentina se cumplieron 50 años de la última dictadura cívico-militar. El gran desafío es que la democracia necesariamente requiere de memoria histórica consolidada, porque la democracia existe como tal, como forma, porque va vamos y votamos, pero son democracias cada vez más débiles o con improntas cada vez más autoritarias.

• Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo
• Presidente de la ANEAES

Con gran interés pude leer dos artículos del politólogo Guzmán Ibarra publicados recientemente. Me refiero a “El horror al vacío: la física de la política colorada” y “El 2028 empezó ayer. Cambio de piel en el poder”, los cuales abordan cuestiones fundamentales para entender el funcionamiento de la democracia paraguaya, como la naturaleza institucional del coloradismo, el modo en que se procesa la rotación de élites, la relación entre liderazgo partidario y poder estatal, así como la persistente incapacidad de la oposición no colorada para constituirse en alternativa real.

El trabajo de Ibarra merece reconocimiento por abordar estas temáticas con marcos de ciencia política y sin reducirse a la denuncia moral, algo infrecuente en el debate público paraguayo.

Su descripción de la ANR como partido predominante en sentido sartoriano –que gana elecciones sucesivas donde la alternancia no es frecuente– resulta plausible, y su imagen del partido como “cementerio de movimientos” que trasciende a sus corrientes internas comprende lo que cabría llamar la carne de lo institucional: una materia organizada que muta de forma sin perder sustancia.

También captura con precisión la orfandad propositiva de una oposición que contempla desde la periferia un teatro político que ocurre intramuros.

Conviene precisar; no obstante, su afirmación de que la rotación de élites se procesa exclusivamente dentro del coloradismo: durante la democracia paraguaya sí han ocurrido alternancias a nivel subnacional y nacional, como el triunfo de Lugo en 2008, por lo que la predominancia colorada es real pero no equivale a un monopolio político.

El fenómeno no es la ausencia de otros actores, sino que la ANR se erige como la única arena de disputa más importante, con un arraigo, rituales y procedimientos claros .

Sin embargo, el problema predominante en el campo opositor no es propiamente electoral, dado que ha ganado elecciones y gobernado. Es más bien organizativo, en el sentido de no haber logrado construir un espacio político alternativo al coloradismo con la densidad institucional necesaria para sostenerse en el tiempo.

Los fracasos recurrentes dan muestra de dicha característica: la Alianza Patriótica que no sobrevivió a sus tensiones internas viéndose quebrada por dentro con la destitución de Fernando Lugo (2012) de mano de sus otrora aliados; las Concertaciones de 2013, 2018 y 2023 que se disolvieron tras los comicios sin el más mínimo intento de consolidarse como espacios políticos permanentes; el auge y declive del Frente Guasu que nunca alcanzó implantación territorial real y que decayó casi al nivel de extinción tras la enfermedad de Lugo, que lo obligó a apartarse definitivamente de la militancia política; las permanentes vacilaciones del Partido Liberal Radical Auténtico, que oscila entre el rol de socio menor en alianzas ajenas y un proyecto propio carente de densidad programática.

Esta dimensión organizativa bajo análisis permite además releer críticamente el diagnóstico fallido compartido por buena parte de la transitología paraguaya, desde Benjamín Arditi en Adiós a Stroessner, con su tesis del paso “del granito al archipiélago” hasta Carlos Martini con Víctor-Jacinto Flecha en Historia de la Transición, que leyó la fragmentación interna colorada como signo de su debilidad terminal. Fernando Martínez Escobar, más recientemente, propone una lectura alternativa esclarecedora, en la que afirma que dicha “correlación de debilidades” no representó una disolución, sino una reorganización funcional que actuó como vector de estabilidad para el sistema democrático paraguayo.

El recurso al horror vacui aristotélico para explicar la dinámica colorada presupone una totalidad cerrada donde el vacío es inadmisible, pero si el partido funciona, como afirma Ibarra, como un “cementerio de movimientos”, el vacío no es la anomalía sino el mecanismo regular de reorganización.

Paradigmas premodernos de centros fijos y órbitas estables resultan inadecuados para un partido cuya eficacia reside justamente en la disputa permanente por el centro mismo. Marcos como la termodinámica de Prigogine, donde los sistemas lejos del equilibrio saltan a nuevos estados de orden, o la descorporización del poder de Lefort, donde ningún ocupante llena el lugar vacío de modo definitivo, comprenden con mayor fidelidad lo que ocurre: cada agotamiento de un movimiento dominante y cada emergencia del siguiente reproducen, a escala faccional, una lógica donde el poder se administra sin un cierre último.

Mi distancia más sustantiva con Ibarra está en cómo interpretar los signos del momento Cartes-Peña. La interpretación que presenta –el presunto agotamiento de la narrativa del “gigante dormido”, la “economía de guerra”, los compromisos incumplidos con acreedores domésticos– merecen atención, pero la pregunta es si obligan a leer un fin de ciclo indefectible o si admiten otra lectura.

Por mi parte, considero que el momento actual se entiende mejor como un ensayo de articulación política cuya fuerza posible solo el tiempo determinará, antes que como un agotamiento consumado.

Lo que el movimiento Honor Colorado introduce no es la fusión partido-Estado al estilo PRI mexicano, sino una diferenciación funcional cercana a la que planteaba David Easton: el partido como canal de demandas sociales y el Estado como procesador de políticas públicas, sin que ninguno capture al otro.

La hegemonía colorada, por lo tanto, no se clausura sino que se regula, y esa regulación, que los artículos describen en términos de crisis y que aquí son leídas como funcionamiento, constituye la verdadera novedad del actual momento paraguayo, caracterizado por un sistema donde el vacío es un mecanismo concreto, donde la diferenciación entre partido y Estado opera como diferenciación funcional y no como tensión, y donde la oposición tiene por delante el desafío de aprender, finalmente, que la unidad puede ser resultado de la acción política en disputa y no su premisa previa.

Estas regularidades no son leyes de hierro de ningún tipo, sino que obedecen a una determinada estructura social que se encuentra en transformación, por lo que la incógnita está abierta a irrupciones que instauren nuevas coyunturas donde el sistema político mismo, con sus reglas formales e informales, pueda cambiar y poner a prueba la histórica adaptabilidad del coloradismo.

El exhombre fuerte de Mario Abdo Benítez está siendo juzgado por recibir favores de un narco detenido en Brasil.

El juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio continuó ayer jueves con la producción de prue­bas documentales presenta­das por el Ministerio Público, donde se destacó varios ele­mentos como el informe de varias empresas que se dedi­can a la provisión de servicios y blindados desvirtuando la tesis de la defensa del acusado que la empresa Black Eagle era la única que ofrecía dicho servicio.

En la audiencia oral la representante del Ministe­rio Público Verónica Valdez expuso ante los jueces de sen­tencia varias contestaciones de empresas que operan en el país, entre ellas firmas dedicadas a la provisión de servicios de blindaje y equi­pamiento táctico. Los docu­mentos buscan sustentar que la empresa Black Eagle per­teneciente al supuesto narco Marcus Vinicius no era la única con capacidad de pro­veer este tipo de servicios en el mercado de nuestro país.

Días atrás declararon varios testigos ante el tribunal de sen­tencia integrado por Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel fue Carlos López, quienes mencionaron que Giuzzio dialogó con Mar­cus Vinicius en la FOPE. Esta situación ratifica la posición del Ministerio Público sobre la reunión que se registró en la mencionada sede policial.

Uno de los principales testigo que ya declaró ante el cole­giado fue Diego Cano, exse­cretario privado de Giuzzio, quien fue contundente al mencionar que Marcus Vini­cius se reunió con el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio en la sede policial.