El diputado colorado por el departamento de Itapúa Walter Harms presentó un proyecto de ley que plantea indemnizar a los soldados, víctimas directas y familiares de los fallecidos durante el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989.
Se trata del proyecto de ley “Que establece un régimen de indemnización de los conscriptos que prestaron el servicio militar obligatorio, víctimas y afectados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Regimiento Escolta Presidencial y Palacio de Gobierno”.
La propuesta, que establece que los familiares de soldados fallecidos tienen derecho a reclamar el equivalente a 3.000 jornales mínimos diarios, mientras que los soldados no fallecidos la suma de 2.500 jornales, argumenta que las indemnizaciones deben ser montos definitivos, sin posibilidad de determinar máximos ni mínimos, porque no existe manera de saber, a ciencia cierta, los daños sicológicos que pudieran haber sufrido cada uno de los soldados.
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Deber del Estado
“Consideramos que el Estado paraguayo tiene el deber de asistencia a una indemnización justa y adecuada a las víctimas y afectados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Su desconocimiento se constituiría en una grave violación de los derechos de las víctimas, por quedar éstas, prácticamente, en un estado de abandono”, sostiene parte de la exposición de motivos del proyecto.
Señala, además, que la participación de los soldados en la gesta fue trascendental para el país y que resarcir, de alguna forma, los daños que se pudieron haber creado en la psiquis y en la personalidad de los soldados, será de estricta justicia. “Lo único cierto e indubitable es que los soldados conscriptos en proceso de formación, estando ellos sometidos al régimen militar obligatorio, bajo imperio de la ley, participaron en el golpe de Estado y esto trajo, varias consecuencias también indubitables”, añade el documento.
El proyecto de ley será remitido a las comisiones de Legislación y Codificación; Derechos Humanos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y a la Comisión de Presupuesto para su estudio y posterior dictamen, según informó la Cámara de Diputados.
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Diputados analizará pedido de ampliación para Dimabel para compra de explosivos
Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.
El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.
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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.
Recursos insuficientes
El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.
“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.
Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.
“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.
Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.
Llegando al tope
Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.
“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.
Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.
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Obligado, capital del cooperativismo, se posiciona como centro económico del Sur
Ubicada a 414 kilómetros de Asunción y a solo 40 kilómetros de Encarnación, la ciudad de Obligado, en el departamento de Itapúa, se posiciona como un centro de desarrollo económico en el sur del país.
Con una población de aproximadamente 21.000 habitantes, según la última encuesta oficial, la ciudad combina un entorno verde con una infraestructura en crecimiento que la convierte en un punto estratégico dentro de la región.
El intendente de la ciudad, Gil Amarilla, mencionó que el distrito es conocido a nivel nacional como “la capital del cooperativismo”, albergando a la emblemática Cooperativa Colonias Unidas que brinda fuentes de trabajo a todo el distrito.
Esta institución es clave en el impulso de la producción agrícola de la zona y el desarrollo sostenible, convirtiendo a la ciudad en un modelo de organización económica basada en la cooperación y la productividad. “La cooperativa reúne a más de 1.200 empleados de la zona y a partir de ahí se generan fuentes de trabajo", expresó a La Nación/Nación Media, mientras que a nivel nacional emplea a unas 2.000 personas.
Como principales áreas de producción de Obligado se destacan los granos como la soja, el maíz, trigo y la yerba mate cultivados en la cooperativa que alberga grandes extensiones de tierra, abarcando la producción láctea, avícola y porcina, con plantas procesadoras que garantizan productos de alta calidad.
“Hoy día con la tecnología en el agro mejoró mucho la calidad del producto, la producción, y gracias a la ayuda de todos hoy se generan muchas fuentes de trabajo en el agro aquí con esa instalación”, resaltó.
La producción de lechones también está despertando el interés en materia industrial y en esta unidad productiva el sector privado invirtió cerca de USD 12 millones, produciendo actualmente miles de lechones y dando trabajo a productores que se encargan de su cuidado desde el inicio hasta su terminación.
Amarilla sostuvo que es muy importante que el distrito cuente con empresas que generan fuentes de trabajo, ya que de esa manera se disminuye la delincuencia. En la localidad operan industrias de procesamiento de alimentos, fabricación de balanceados, comercialización de insumos agrícolas y una red de supermercados que brinda mano de obra.
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También se tiene gran presencia de inmigrantes alemanes que invierten en la zona. “Los que más tenemos son alemanes, después están los japoneses, ucranianos, rusos, entre otros”, dijo el jefe comunal.
Además de los agronegocios, el rubro de las construcciones también ha generado muchos puestos de trabajo desde que llegaron los inmigrantes. Los productores empiezan a enfocarse más en la ciudad y hacen edificios para alquileres u hoteles.
“Esto porque prefieren acercarse a la ciudad para que sus hijos también puedan estudiar y estén más cerca de los colegios y también de la universidad”, acotó el intendente de la ciudad.
Como distrito están enfocados en ser parte de la ruta por la cual pasará el Mundial de Rally, que atraerá a 250.000 personas en el departamento. Para ello, los habitantes se están preparando para atender con hospitalidad a los turistas e incluso pondrán alquilar habitaciones o casas.
“Así como están las circunstancias en este momento, no hay ningún lugar para alquilar en cuanto a hotelería”, dijo Amarilla ante la consulta sobre las camas disponibles en el sector hotelero.
Atractivos turísticos
Como destino turístico buscan seguir creciendo y mejorando. El Puerto Obligado, ubicado a orillas del río Paraná sobre el histórico predio conocido originalmente como Puerto Itacaguaré es uno de sus principales puntos.
A esto se le suma el Museo Histórico de la Colonia Obligado y el tradicional Chopp Fest que se realiza en noviembre de cada año como parte de la cultura alemana que reside en el lugar, siendo el Club Alemán el punto de encuentro.
Igualmente, se cuenta con una actividad de experiencia que consiste en un tour por la cooperativa y sus industrias que permite al visitante entender cómo funciona un modelo cooperativo exitoso a gran escala.
También se pueden encontrar rutas rurales ideales para el ecoturismo, caminatas, ciclismo y avistamiento de aves con campos y áreas boscosas que muestran la belleza natural del Sur.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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