El gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, presentó un escrito ante el Juzgado en el que desiste del pedido anterior en el que solicitaba autorización para cumplir con sus funciones en la gobernación en medio del arresto domiciliario que le impuso la jueza del caso. A la vez, comunicó a la Junta Departamental su ausencia, por lo que queda como encargado de despacho el presidente Mario Aguilera hasta el 5 de mayo.
“El día de ayer hemos recibido una nota del ejecutivo departamental comunicando su inasistencia hasta el 5 de mayo. Entonces, a partir de hoy voy a estar haciendo presencia en la Gobernación del departamento Central y quedar como encargado de despacho hasta el 5 de mayo”, confirmó Aguilera a la 1080 AM.
Aclaró que tiene limitaciones en el ejercicio de sus funciones, sobre todo para los trámites administrativos y financieros, puesto que no podrá firmar documentos que autoricen pagos tanto a proveedores como a funcionarios. Adelantó que buscará una salida legal mediante consultas con el Ministerio de Hacienda y los bancos, a fin de garantizar por lo menos la acreditación de los salarios del personal.
“Hoy, bajo el nombre de encargado de despacho es ver y solucionar todos los problemas que puede haber internamente, pero no así firmar documentos de pagos y todo lo que se trate financieramente, porque se necesita el cambio de firmas en los bancos”, aclaró.
Por de pronto se ocupará de atender los requerimientos de los ciudadanos y facilitar el uso de la clínica móvil de salud y algunas maquinarias para la prosecución de los proyectos en ejecución.
Reunión con directores
Como primera medida el encargado de despacho convocó a una reunión a todos los directores y secretarios generales para conversar en torno a la firma de cheques para pago de sueldos a los funcionarios. “Hay que ver por qué en los bancos está la firma del gobernador, primero vamos a solicitar con Hacienda una respuesta porque en contados días hay que pagar el salario a los funcionarios”, dijo.
Desde el pasado 12 de abril, Hugo Javier se encuentra con arresto domiciliario. La medida fue decretada por la jueza penal de Garantías de San Lorenzo María Elena Cañete. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ese mismo día en el Juzgado de San Lorenzo. El jefe departamental fue imputado por lesión de confianza.
Otros hechos punibles que afronta González son: asociación criminal y declaración falsa en el marco del uso de los recursos públicos que fueron asignados por el Ejecutivo a las gobernaciones e intendencias en el transcurso de la pandemia por el COVID-19. En la causa judicial también fueron imputadas otras 15 personas por las mismas razones.
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