A ultranza Py: Ejecutivo presentó propuesta para venta anticipada de bienes incautados
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El Poder Ejecutivo presentó un proyecto que pretende establecer modificaciones a los artículos 18 y 23 de la Ley 5.876/17 referente a la administración de bienes incautados y comisados, en lo que respecta a los procedimientos para la valoración y la venta anticipada de los bienes inmuebles y de semovientes incautados como resultado de las operaciones contra el crimen organizado.
“Todos sabemos que el operativo A ultranza Py arrojó una cantidad de bienes, muebles, inmuebles y de semovientes (animales), y lo que se busca es agilizar los mecanismos para monetizar todo lo incautado, ya que hasta la fecha se encuentran bajo la administración de la Senabico y deben ser administrados a la espera de las resultas del proceso, lo que se busca es autorizar a dicha institución a poder realizar la venta anticipada, ya que pierden su valor económico con el transcurso del tiempo”, comentó la asesora de Seguridad de la Presidencia, Cecilia Pérez.
Limitación de la venta anticipada
El dinero de la venta de los bienes será depositado en cuentas bancarias que administra la Senabico y remitirá copia del depósito efectuado al juez competente para que conste en el expediente judicial y se mantendrá bajo administración hasta que se determine su devolución al afectado o se ordene su comiso. La Senabico deberá presentar informe de la venta anticipada al juez de la causa, la Contraloría General de la República y a la Auditoría General del Ejecutivo.
“Con el transcurso del tiempo este dinero genera intereses, si la persona es absuelta lo retirará y si es condenada será sujeta a comiso y luego pasará a manos del Estado. La venta anticipada se limitará a los muebles y semovientes que pierden su valor económico, no así los inmuebles porque sabemos que eso al contrario adquieren valor económico a medida que pase el tiempo”, refirió.
Cecilia Pérez, asesora de Seguridad del Ejecutivo, y Teresa Rojas, ministra de la Senabico. Foto: Gentileza.
La funcionaria del Ejecutivo afirmó que resulta bastante costoso para la administración pública invertir en el resguardo de dichos bienes en el transcurso de los procesos, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de robos, incendios o se pierda el valor del bien.
Se excluye la participación del acusado para oponerse a la venta de sus bienes
La ministra de la Senabico, Teresa Rojas, detalló que la venta anticipada solo se establecerá con los bienes incautados, no así con los decomisados. Por otra parte, dijo que se excluye la participación del acusado, en el sentido de oponerse a la venta de sus bienes.
“Acá lo que se plantea es hacerlo mediante un acto administrativo, hay todo un procedimiento técnico previsto a realizar en cualquier tipo de subastas o remate ya sea con o sin sentencia. Esto reducirá los costos para el Estado, la recomendación de todos los organismos internacionales es monetizar lo antes posible y guardar el dinero en una cuenta para generar intereses”, puntualizó.
Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
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La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
Retienen a esposa del hermano de Sebastián Marset tras intentar ingresar al país
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Tras descender de un vuelo proveniente de Brasil fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Emilia Cristina Mantilla Robles, quien sería esposa del hermano del presunto narcotraficante requerido por la justicia paraguaya Sebastián Marset.
La mujer de nacionalidad boliviana y con documentos brasileños arribó al país junto con un joven de nacionalidad uruguaya identificado como Santiago González Dizandez y un menor de edad. Los mismos fueron inadmitidos al país tras realizarse el registro migratorio.
Luego de la identificación, las autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informaron a la Interpol, la cual dispuso que estas personas sean retenidas y fueran puestas a disposición del Ministerio Público.
El bloqueo de ingreso al país de estas personas se dio tras un intercambio de información entre agencias de seguridad y se confirmara que cuentan con antecedentes y supuestos nexos con causas que están siendo investigadas a nivel internacional.
Emilia Cristina Mantilla Robles contaría con antecedentes en Bolivia que datan del 2023, junto con una orden de captura emitida por la Fiscalía de Santa Cruz, ya que la misma estaría ligada a la estructura criminal liderada por Sebastián Marset.
En diciembre del 2023, Diego Nicolás Marset Alva, esposo de la ahora retenida, fue arrestado en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, en el marco de una intervención policial. El hombre es requerido por la justicia paraguaya en el marco del caso A Ultranza PY, el cual continúa abierto.
Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
El objetivo principal de esta propuesta es erradicar las reguladas, otorgar un buen y regular servicio del transporte a los usuarios del área metropolitana. Foto: Marina Díaz
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Vecinos de Luque exigen mayores datos sobre el proyecto de autopista elevada
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Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.
“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.
Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.
“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.
La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.
“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.