Desde el Poder Ejecutivo aclaran que la iniciativa sobre la Reforma de la Caja Fiscal, de ninguna forma afectará los derechos adquiridos, según expresó el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan Galeano Paredes. De esa forma, desmintió las versiones que apuntan a recortes o modificaciones sobre jubilaciones ya otorgadas o consolidadas.

Galeano Paredes fue categórico al referirse al alcance del proyecto de ley que fue presentado recientemente en el Congreso, y que por de pronto se encuentra en análisis y debate a instancias de la Comisión Permanente, a los efectos de dar a conocer la propuesta de ley a todos los sectores, previo a que sea debatido en la Cámara de Diputados donde fue remitido el documento.

En una entrevista a la radio 730 AM, mencionó que la Reforma de la Caja Fiscal, planteada desde el Gobierno, lo que busca es evitar el colapso financiero del sistema jubilatorio del sector público.

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Mencionó que el Gobierno del presidente Santiago Peña impulsa esta reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para funcionarios públicos, conocida como Caja Fiscal, con el objetivo central de evitar su quiebra financiera y garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

“Fue una decisión del presidente de la República, Santiago Peña, hacer frente a este problema que acarrea, en términos financieros, el tema de la Caja Fiscal. En ningún momento se afectan, o se tocan, los derechos adquiridos. Eso se respeta completamente. Esto es un tema estrictamente financiero”, enfatizó.

El asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia explicó que el sistema previsional estatal ya no se encuentra en condiciones de sostenerse tal como está, debido al creciente desequilibrio entre ingresos y egresos.

Mencionó que la Caja Fiscal arrastra déficits crónicos desde hace varios años, producto de múltiples factores:

• ​Envejecimiento de la población jubilada
• ​Menor cantidad de aportantes activos en relación con los beneficiarios
• ​Regímenes especiales con beneficios superiores a los aportes realizados
• ​Aumento sostenido del gasto público previsional

“Este escenario obliga al Estado a cubrir el déficit con recursos del Tesoro, presionando las finanzas públicas y limitando la capacidad del Gobierno para invertir en otras áreas sensibles”, explicó.

Atendiendo esta situación, desde la Presidencia insisten en que la reforma tiene un enfoque estrictamente financiero, orientado a:

• ​​Evitar el colapso del sistema jubilatorio estatal
• ​Garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones
• ​Ordenar el funcionamiento de la Caja Fiscal
• ​Reducir la dependencia del financiamiento estatal

“El problema ya no admite postergaciones”, señaló, considerando que de no actuar hoy implicaría un riesgo mayor para las futuras generaciones de jubilados.

Cabe destacar que la reforma de la Caja Fiscal, actualmente se perfila como uno de los debates estructurales más importantes del actual gobierno. Si bien está generando cierta resistencia y cuestionamientos de algunos sectores, el Poder Ejecutivo sostiene que se trata de una decisión necesaria para preservar el sistema y evitar una crisis mayor.

“El mensaje oficial es claro: no se trata de recortar derechos, sino de salvar la Caja Fiscal antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Galeano Paredes.

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La edad de jubilación y los años de servicio son las variables clave con mayor impacto en la reducción del déficit de la Caja Fiscal, reiteró este martes la gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Liz Coronel.

Según detalló, un eventual aumento de impuestos no sería la solución a la situación que atraviesa la caja de los funcionarios públicos.

“La edad y los años de servicio son los que logran el mayor impacto en la disminución de ese gasto que va en aumento aceleradamente”, explicó a la 780 AM.

Mencionó que la Caja Fiscal tiene la naturaleza de que casi es cerrada, en el sentido de que no se puede apuntar a aumentar la cantidad de activos porque finalmente la cantidad de funcionarios públicos se define en relación con las necesidades de la población en cuanto a cantidad de docentes, personal de blanco, efectivos policiales y otros.

Con respecto a un eventual aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14 % como propusieron algunos sectores, comentó que no habrán recursos suficientes para hacer frente al déficit de USD 380 millones de la Caja Fiscal en forma anual.

“El adicional que se recaudaría por esos cuatro puntos porcentuales adicionales sería alrededor de USD 1.100 millones. Eso apenas da para cubrir dos años y medio, o un poco menos incluso el déficit”, refirió.

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Detalló que el equipo técnico de la institución toma muy en serio las propuestas de los gremios y trata de poner número y costo a todas las propuestas. “Es muy importante también dar ese número, porque a veces uno lanza los números y realmente cuando uno ve, exactamente, cuánto va a costar es donde tenemos que pensar todos como sociedad”, acotó.

Igualmente, manifestó que los derechos adquiridos con la ley vigente se respetan. “Es decir, los docentes que hoy ya tengan cumplido 25 años, que es el único requisito de aporte que se les pide, estos se van a poder jubilar, eventualmente, cuando ellos decidan, en el momento que ellos quieran con las reglas anteriores”, argumentó.

Ayer jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, también se refirió al proyecto de la Caja Fiscal y afirmó que se trata de una reforma necesaria, a pesar de la resistencia de algunos sectores, detallando que este proyecto permitirá un gran progreso y desarrollo para el país.

“Queremos escucharlos y estamos abiertos a recibir sugerencias de todos, y en ese sentido quiero agradecer públicamente a todos los sectores que se han acercado pacíficamente con propuestas, con ideas para ver cómo enriquecer este diálogo”, puntualizó Peña.

A su vez, gremios como la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) manifestaron su apoyo y explicaron que la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo es necesaria e impostergable, y una medida que fue postergada durante años.

El déficit no es un problema aislado, sino una situación sectorial que termina recayendo sobre todos los paraguayos, ya que la falta de recursos para cubrir determinadas jubilaciones se compensa con fondos provenientes de los impuestos generales, explicaron desde Cavialpa.

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El senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente, confirmó que invitarán de vuelta al ministro de Economía y finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en la primera sesión ordinaria de la Permanente el próximo 14 de enero. Asimismo, extendió la invitación a todos los diputados y senadores que quieran escuchar o realizar consultas respecto al proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal.

Antes de la reunión de la Mesa Directiva de la Permanente realizada este martes, Soroka aseguró que este es apenas el inicio del proceso de debate, en relación a la caja jubilatoria. Advirtió que si hoy este tema no se debate dentro de 10 a 15 años, los jubilados y funcionarios no podrán jubilarse o cobrar su jubilación.

El legislador sostuvo que para salvaguardar la jubilación de los funcionarios públicos, hoy se tiene que iniciar este debate sobre la Reforma de la Caja Fiscal. Destacó que cuando recibió el proyecto de Ley, tomó el compromiso del ministro Fernández Valdovinos, de acudir a todas las reuniones, audiencias públicas que sean necesarias convocar para analizar la propuesta normativa.

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“Esta es apenas una de las tantas reuniones y es el inicio del proceso, en donde nosotros vamos a debatir en relación a la Reforma de la Caja Fiscal. Como saben, si esto sigue igual, si no se debate, dentro de 10 a 15 años muchos de los jubilados ya no podrán cobrar sus pensiones. Aunque no nos guste, este es el momento de dialogar y buscar la pacificación”, enfatizó.

Insistió que lo fundamental es preservar que ningún jubilado se quede sin su pensión jubilatoria, y que sea un derecho adquirido a lo largo de su vida. “Esto significa que para salvaguardar este derecho, necesitamos llevar adelante este debate, ahora en este momento el pozo es de 380 millones de dólares en negativo, es decir el déficit”, acotó.

Señaló que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), recauda todos los días y ese dinero va al mismo pozo, por lo que ya es insostenible este formato que se está llevando adelante.

Soroka indicó que el proyecto de Ley recibió la Comisión Permanente y ya remitió a la Cámara de Diputados, y no descartó la posibilidad de que luego del debate con los legisladores de la Permanente, decidan convocar al plenario de la Cámara Baja, durante el tiempo del receso parlamentario para que analice esta propuesta.

Dijo además, que la prioridad en este momento es brindar la mayor divulgación del proyecto de ley en su totalidad, para que la ciudadanía en general y los legisladores en particular tomen conocimiento de la iniciativa.

“Este es un tema que está trayendo un debate muy fuerte en la nación paraguaya. Es seguro que va a haber oposición a este tema, así como habrá gente que va estar de acuerdo, no hay que temer al debate, ahora estamos comenzando. Tampoco hay que temer a tener una postura firme con lo que corresponde o no corresponde”, acotó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó este martes el decreto N° 5243 por el cual se establece asueto para los funcionarios públicos el último día del año, 31 de diciembre. Este decreto incluye a funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas.

“La celebración de año nuevo es de gran tradición y significación para el pueblo paraguayo, y conlleva preparativos y desplazamientos de los ciudadanos por todo el territorio de la República, siendo, asimismo, una oportunidad de gran impacto para el turismo interno, el comercio en general y el movimiento de paraguayos que han migrado a la capital o centros urbanos para volver al terruño o bien visitar a familiares”, señala la argumentación de este decreto.

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El documento menciona que “se trata de un feriado de características peculiares, que ocasiona un impacto económico directo e indirecto de gran significancia, por la posibilidad de consumo de bienes y servicios relacionados con el movimiento de personas hacia el interior del país, lo que da vigor a la extensa actividad comercial y turística nacional originada”.

Mientras tanto, con este asueto no se afectarán labores de funcionarios y empleados públicos que presenten servicios médicos de urgencia y en horarios especiales, de la misma manera no afecta a funcionarios de servicios públicos imprescindibles para la comunidad.

“Deben exceptuarse de dicha medida los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, comercio exterior y percepción - de tributos, así como a los servicios de salud por considerarse imprescindibles (incluyendo urgencias, consultas, cirugías de urgencias y programadas, servicios de apoyo de diagnóstico, farmacia, hospital día oncológico, servicio de diálisis y similares), para asegurar que no se afecten dichas necesidades básicas”, establece el decreto presidencial.

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