El juez penal de garantías, Humberto Otazú, ordenó la prisión preventiva para los cinco imputados sindicados de haber solicitado una coima de un millón de dólares al Ministro del Interior a cambio de no realizar cierres de ruta en Semana Santa. Otazú considera que hay riesgo de fuga, por lo que determinó que los líderes piqueteros guarden reclusión en la sede de la Agrupación Especializada durante 10 días, y luego ser trasladados a un penal establecido por la Dirección de Institutos Penales.

En la audiencia de imposición de medidas, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, mientras que la defensa de los acusados arrimó documentos, ofreció caución personal y solicitó libertad ambulatoria con medidas que el juzgado considere; sin embargo, el juez accedió al pedido de la fiscalía.

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Otazú explicó que la permanencia de 10 días en la sede de la Agrupación Especializada obedece a una cuestión sanitaria para precautelar la salud de los detenidos y así también ajustarse a lo que establece el protocolo impuesto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En cuanto a la negativa de conceder medidas alternativas, el juez penal de garantías explicó que el peligro de fuga está vigente en relación a la pena que podría ser impuesta y también al considerar los hechos que fueron expuestos en el acta de imputación. “Estamos hablando de un hecho de extorsión, nada más y nada menos contra uno de los poderes del Estado, entonces teniendo estas circunstancias, consideramos que en este momento inicial resulta pertinente decretar la prisión preventiva de los mismos”, señaló Otazú.

Sobre el por qué de la prisión para los cinco detenidos, el juzgado explicó que si bien el acta de imputación refiere que solo una persona fue la que recibió la coima, el Ministerio Público resume que acto seguido esta persona iría a repartir el dinero recibido a sus cómplices que lo aguardaban en un estacionamiento privado, por eso la responsabilidad es exactamente igual para todos los involucrados.

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