La diputada liberal Roya Torres presentó un proyecto de ley “De conectividad plena a internet en todas las instituciones educativas públicas de la República”. El mismo pretende acortar la brecha de desigualdad de acceso a la conectividad en nuestro país.

La iniciativa se encuentra en su primer trámite legislativo y busca lograr la conectividad en todos los establecimientos educativos a nivel nacional. La parlamentaria proponente explicó que actualmente, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con 1.717 instituciones educativas y 40 institutos de formación docente que ya cuentan con conectividad; además de otras 783 instituciones que serán conectadas hasta este año.

Se contempla también la dotación de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual. Con las acciones y proyectos impulsados se prevé un total de 5.364 instituciones educativas conectadas y con equipamiento durante los años 2020 al 2024. Sin embargo, esta sinergia aún no alcanza a todas las instituciones educativas públicas.

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Agregó que, tras la pandemia, mediante el uso de Internet en establecimientos educativos se facilitó la realización de consultas, tareas, promover el aprendizaje interactivo y fortalecer los procesos de comunicación.

“El presente proyecto va en esa línea y busca que todas las instituciones educativas e institutos de formación docente de la República cuenten con conectividad a internet de manera plena, para lo cual serán dotados de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual”, explicó.

Sobre la financiación de la propuesta, la diputada Torres indicó que el Ministerio de Educación y Ciencias organizará las partidas presupuestarias necesarias en el Presupuesto General de la Nación para la concreción plena de la presente ley.

El texto fue remitido a las comisiones de Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y la de Ciencia y Tecnología, para la emisión de dictámenes.

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