El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.

“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

Lea también: “No se puede hablar de caos administrativo en Asunción”, dice asesor jurídico

Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.

“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.

Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.

“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.

Le puede interesar: Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas

La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

Lea más: “Paraguay es un gran ejemplo para muchas naciones”, destaca diputado hondureño

El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

Lea también: Jorge Frías: “Hay que ayudar a que reinen fuerzas que creen en la libertad”

El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El abogado constituciona­lista Marcelo Duarte fue con­sultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Eje­cutivo para indagar las admi­nistraciones de los intenden­tes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter admi­nistrativo imprescindible para que la municipalidad siga fun­cionando, no puede tomar nin­guna decisión de orden polí­tico, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despi­dos de funcionarios.

“No es su función, no son adminis­tradores, es la persona encar­gada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, acla­rando que el proceso de fis­calización de ambos munici­pios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedi­dos de intervención a ambos municipios con amplia mayo­ría luego de analizar los repor­tes de irregularidades detecta­dos por la Contraloría General de la República (CGR).

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspen­sión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales muni­cipales del 2026 y las presi­denciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realiza­mos la revisión técnica de las máquinas que están en com­petencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avan­zar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Elec­torales, Carlos María Ljube­tic, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida caute­lar solicitada por la empresa Bypar SA, con la cual el pro­ceso de compra queda nue­vamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máqui­nas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el pro­blema está que no reúne nin­guno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera parti­cipó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcio­nario de la Justicia Electoral.

Esta misma empresa pre­sentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para com­prar las máquinas de votos luego de varias suspensio­nes.

“Preocupa porque noso­tros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder ini­ciar el proceso de capacita­ción a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justi­cia Electoral, preparar el sof­tware”, puntualizó.