La ley para permitir que 804 actuarios judiciales tengan un aumento salarial llegó a buenos términos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. En la actualidad, un actuario percibe una remuneración G. 6.500.000 más una bonificación de G. 1.500.000.
El presidente de esta comisión legislativa, Tadeo Rojas, expresó que ya se firmó por el dictamen para que estos funcionarios judiciales puedan percibir el 60% del salario de un juez. Los actuarios judiciales solicitaron modificar la ley que rige para sus funciones, e incluyeron un aumento gradual en sus remuneración la intención es no ganar el 75% de lo que percibe un juez.
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De igual forma los diputados estudiaron la propuesta y el impacto que traería el aumento dentro del presupuesto. “Con ese 75% el incremento representaría un monto de casi US$ 4 millones anuales”, indicó al término de la reunión. La idea que se evalúo y permitió un consenso fue del 60% del salario de lo jueces.
En ese sentido, mencionó que el incremento iría a G. 10 millones, el diputado dijo que entre los colegas consideraron razonable el reclamo, cuando que fueron ampliadas sus funciones. “Sabemos el trabajo que desempeñan, tenemos que ser justos y razonables en la asignación y no salir de límites para que no tenga tropiezos la ley”, dijo.
Los jueces tienen fijado el aumento de forma gradual que se incluye en el Presupuesto General de la Nación 2022. Ahora el proyecto se remite exclusivamente para actuarios, se habla también de secretarios y auxiliares de justicia, pero no se tiene el universo de ese sector.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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Latorre agiliza asistencia becaria de Hungría para jóvenes paraguayos
En el marco de su visita oficial a Hungría, el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre mantuvo un encuentro con el vicepresidente del parlamento del citado país, János Latorcai, con quien coincidió sobre la necesidad de potenciar las relaciones bilaterales específicamente en el campo de la educación universitaria.
Latorre detalló que conversaron sobre las becas stipendium que permitirán a los jóvenes paraguayos tener una formación de primer nivel en Hungría. La asistencia educativa fue recientemente aprobada por Diputados.
El acuerdo por notas reversales entre gobiernos permite el acceso de estudiantes paraguayos a becas completas en 30 prestigiosas universidades de Hungría, con más de 800 programas académicos disponibles.
Su objetivo es fortalecer la formación y capacitación profesional de los beneficiarios en instituciones de excelencia, brindar apoyo económico a estudiantes con alto rendimiento académico y compromiso social, y fomentar investigaciones que contribuyan al desarrollo del país.
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El acuerdo fue suscrito en Budapest el 13 de junio de 2024 y en Asunción el 11 de noviembre del mismo año. El encuentro entre ambos parlamentarios se dio en el marco de la Sexta Conferencia de Presidentes de Parlamentos, celebrado en Ginebra (Suiza).
Durante el evento internacional, Latorre expuso las oportunidades que ofrece Paraguay para inversiones. ”Nuestro objetivo es fortalecer la presencia del Paraguay en el mundo. Hablamos de las oportunidades que existen para invertir en nuestro país y de esta manera crear nuevas fuentes de trabajo, abrir nuevos mercados para nuestros productos e incrementar las cooperaciones con los países aliados", dijo.
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Trump aplaza 90 días el aumento de aranceles a México
México respira aliviado este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplazara 90 días la subida arancelaria a pocas horas de que expire el plazo para negociar acuerdos.
Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicarles a partir de medianoche con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial.
“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo”, escribió Trump en su red social Truth Social.
El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se ha mostrado más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica “muy exitosa” con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes”, reconoció Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal.
“Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo” con el objetivo “de firmar” un trato “dentro de ese plazo, o incluso más”, precisó.
Por lo tanto México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.
Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, estaban protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.
Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.
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México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump en su mensaje sin precisarlas.
El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras más allá del mínimo universal del 10 % impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles.
El viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile.
Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11 % y un 50 %, dependiendo del origen de los bienes.
Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que se han alcanzado acuerdos con Camboya y Tailandia, sin dar detalles. Y Taiwán habla de “cierto consenso” con Washington.
- Fuente: AFP
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