La ley para permitir que 804 actuarios judiciales tengan un aumento salarial llegó a buenos términos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. En la actualidad, un actuario percibe una remuneración G. 6.500.000 más una bonificación de G. 1.500.000.
El presidente de esta comisión legislativa, Tadeo Rojas, expresó que ya se firmó por el dictamen para que estos funcionarios judiciales puedan percibir el 60% del salario de un juez. Los actuarios judiciales solicitaron modificar la ley que rige para sus funciones, e incluyeron un aumento gradual en sus remuneración la intención es no ganar el 75% de lo que percibe un juez.
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De igual forma los diputados estudiaron la propuesta y el impacto que traería el aumento dentro del presupuesto. “Con ese 75% el incremento representaría un monto de casi US$ 4 millones anuales”, indicó al término de la reunión. La idea que se evalúo y permitió un consenso fue del 60% del salario de lo jueces.
En ese sentido, mencionó que el incremento iría a G. 10 millones, el diputado dijo que entre los colegas consideraron razonable el reclamo, cuando que fueron ampliadas sus funciones. “Sabemos el trabajo que desempeñan, tenemos que ser justos y razonables en la asignación y no salir de límites para que no tenga tropiezos la ley”, dijo.
Los jueces tienen fijado el aumento de forma gradual que se incluye en el Presupuesto General de la Nación 2022. Ahora el proyecto se remite exclusivamente para actuarios, se habla también de secretarios y auxiliares de justicia, pero no se tiene el universo de ese sector.
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USD 29 mil millones se movieron a través de transferencias en cuatro meses del año
El creciente uso de las herramientas digitales del sistema financiero hacen que cada vez más aumenten las transferencias de dinero entre cuentas. Tras la evolución constante del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) del Banco Central del Paraguay (BCP), a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), se puede constatar que en el primer cuatrimestre del año ya se movieron USD 29 mil millones vía transferencias.
Según datos de la banca matriz, el Sipap registró en abril 24.810.105 transferencias en guaraníes entre clientes de entidades financieras, duplicando la cantidad de operaciones del mismo mes del 2024. El valor total de las mismas ascendió a G. 60,8 billones (USD 7,6 mil millones al tipo de cambio actual), lo que es 24% mayor interanualmente.
El acumulado muestra que, al cierre del primer cuatrimestre del 2025, se realizaron más de 90 millones de transferencias por G. 232,8 billones (USD 29 mil millones), lo que significa una variación interanual de 28% en valor.
De acuerdo a los análisis de economistas de la consultora Mentu, el valor total acumulado representa el 64 % del Producto Interno Bruto (PIB) corriente proyectado. “Estos datos muestran la importancia del Sipap en la cadena de pagos del país, así como en la inclusión financiera”, agregaron.
Se destaca la evolución de las transferencias a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), por el que se gestionó el 97 % de las operaciones, así como también el aumento de las operaciones de hasta G. 1 millón, cuya cantidad fue 1,3 veces la registrada en abril de del año pasado.
Cambio histórico en los pagos
Desde el BCP informaron que desde el 2024 se registran más de 820.000 operaciones diarias a través del sistema SPI, y cada mes se suman 150.000 nuevos usuarios, lo que consideran un cambio histórico en los hábitos de pago de los paraguayos.
También, el BCP destaca que el Sipap y el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) posicionan al país en términos de impulso a la inclusión financiera, pero que el mercado aún se encuentra fragmentado en cuanto a servicios. Por lo tanto, la normativa, que ya tiene media sanción del Senado, buscará beneficiar a usuarios y empresas del sector de pagos.
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Diputados aprobó la intervención de la Municipalidad de Asunción
Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.
En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.
Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.
Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.
Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.
No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.
A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.
En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.
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Indagación a Prieto: “La ciudadanía exige respuesta en la lucha contra la corrupción”
“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.
“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.
Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.
Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.
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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.
Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.
“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.
Defensa opositora sin argumentos técnicos
Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.
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Diputados aprueban en mayoría pedido de intervención de Ciudad del Este
Tras un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo constitucional para proceder a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.
Esto se da luego de tomar en consideración los dictámenes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Ejecutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detectaron varios hechos irregulares.
Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de intervención y se dará comunicación a las instancias correspondientes.
El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputados optaron por abstenerse.
“Festival de hipocresía”
Al respecto, durante el debate fue llamativa la insistente posición de los sectores de la oposición que a toda costa buscaron apañar la dudosa gestión del intendente Miguel Prieto, bajo el argumento que todo se trata de una supuesta persecución política por parte del oficialismo.
Al respecto, el diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.
“Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (...). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero”, expresó.
Agregó que lo que buscan demostrar a toda costa los referentes de la oposición es que, al tratarse de uno de los suyos, se recurre a la “vieja muletilla de persecución política”; con el fin de distraer de lo que verdaderamente debería ocupar a todos los diputados, que es aclarar qué fue lo que ocurrió verdaderamente con los recursos del municipio.
Igualmente, defendió el trabajo que llevó adelante la comisión especial que se ocupó en atender el pedido de intervención y llevó un trabajo prolijo en el estudio de todos los documentos, así como escuchar a las respectivas partes para luego emitir sus respectivos dictámenes.
No es la guerra del Clan Zacarías
A su turno, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, anunció que la postura de la bancada es acompañar el dictamen en mayoría por la aprobación de la intervención, porque existe legitimación activa de la causa.
Asimismo, indicó que, en representación del Alto Paraná, a todas luces se buscó señalar como una guerra del Clan Zacarías en Ciudad del Este.
“Es una gran familia de gente que confía y confió en una intendenta a la que nunca le pudieron ganar en elecciones libres y a la que le tuvieron que sacar por la ventana. Con muchas causas, nunca hemos puesto obstáculos y en todas las causas ha quedado demostrado que no existieron tales causales. Por eso, a la hora de defender una gestión, lo único que están haciendo es superlativizar un poder que no existe. Porque esta no es una guerra del Clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó.
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