La ley para permitir que 804 actuarios judiciales tengan un aumento salarial llegó a buenos términos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. En la actualidad, un actuario percibe una remuneración G. 6.500.000 más una bonificación de G. 1.500.000.
El presidente de esta comisión legislativa, Tadeo Rojas, expresó que ya se firmó por el dictamen para que estos funcionarios judiciales puedan percibir el 60% del salario de un juez. Los actuarios judiciales solicitaron modificar la ley que rige para sus funciones, e incluyeron un aumento gradual en sus remuneración la intención es no ganar el 75% de lo que percibe un juez.
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De igual forma los diputados estudiaron la propuesta y el impacto que traería el aumento dentro del presupuesto. “Con ese 75% el incremento representaría un monto de casi US$ 4 millones anuales”, indicó al término de la reunión. La idea que se evalúo y permitió un consenso fue del 60% del salario de lo jueces.
En ese sentido, mencionó que el incremento iría a G. 10 millones, el diputado dijo que entre los colegas consideraron razonable el reclamo, cuando que fueron ampliadas sus funciones. “Sabemos el trabajo que desempeñan, tenemos que ser justos y razonables en la asignación y no salir de límites para que no tenga tropiezos la ley”, dijo.
Los jueces tienen fijado el aumento de forma gradual que se incluye en el Presupuesto General de la Nación 2022. Ahora el proyecto se remite exclusivamente para actuarios, se habla también de secretarios y auxiliares de justicia, pero no se tiene el universo de ese sector.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.
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Diputados debatirá en audiencia pública sobre regulación de explosivos
La Cámara de Diputados convoca a una audiencia pública para debatir con la ciudadanía sobre el proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de artefactos pirotécnicos.
El encuentro está previsto para el miércoles 29 de julio, de 8:00 a 12:00 y en la ocasión se podrá escuchar a especialistas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y a todos los sectores interesados. La propuesta, denominada “Ley Canela”, toma su nombre de un caso que generó amplia conmoción social y puso en evidencia las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia sobre los animales, además de los riesgos para las personas y el medioambiente.
Según el proyectista, el diputado José Rodríguez, la normativa vigente resulta insuficiente para prevenir los graves daños ocasionados por el uso inadecuado de la pirotecnia. El parlamentario expuso datos relevantes sobre las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia.
Fundamentó que durante las celebraciones de fin de año se registra un promedio de 60 personas atendidas por lesiones relacionadas con estos artefactos, de las cuales aproximadamente el 87 % corresponde a menores de edad. A ello se suma el elevado costo para el sistema de salud, ya que la atención integral de cada paciente, incluyendo cirugías, internación y rehabilitación, puede representar entre 400 millones y 500 millones de guaraníes.
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Petróleo sube por ataques a infraestructuras en Oriente Medio
Los precios del petróleo se dispararon el viernes ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio, donde nuevos bombardeos cruzados golpearon infraestructuras civiles.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en setiembre, avanzó un 4,60 % hasta 88,10 dólares.
El de su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, subió un 4,48 % hasta 82,49 dólares. “No hay ningún indicio sólido de que la corrección alcista de los precios haya concluido”, subrayó David Morrison, de Trade Nation.
Estados Unidos bombardeó el jueves por sexto día consecutivo a Irán, que respondió con ataques a países del Golfo aliados de Washington.
El ejército estadounidense afirmó haber atacado “decenas de objetivos militares iraníes”, mientras que Teherán informó de daños en la red eléctrica en el sur del país.
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En Kuwait, una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas por un ataque iraní. Con la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 7 de julio, los precios del crudo han saltado cerca de un 16 % en la semana.
El mercado petrolero está atento al estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y del gas licuado consumidos en el mundo.
Un “proyectil no identificado” impactó en un buque frente a las costas de Omán, informó el viernes la agencia británica UKMTO.
Un dron también atacó un navío frente al puerto de Basora, en el sur de Irak, cerca de una terminal petrolera, indicó a la AFP una fuente de seguridad.
Estos incidentes habrían podido impulsar el precio del crudo a más de 100 dólares el barril, opinó John Evans, analista de PVM Energy.
Pero no lo hicieron por dos factores, según el experto: la capacidad de adaptación del suministro mundial de petróleo, y la posibilidad de que el conflicto termine desactivándose.
Además del importante recurso de las reservas estratégicas de crudo, las consecuencias del conflicto se han visto atenuadas por el desvío de parte de las exportaciones saudíes a través del estrecho de Bab el Mandeb, que bordea Yemen, destacó Norman Lebke, de Commerzbank.
El repunte de las tensiones entre los rebeldes hutíes, que controlan parte de Yemen, y Arabia Saudita podría sin embargo complicar esta alternativa.
- Fuente: AFP
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.