La Cámara de Senadores sancionó la ley que permitirá a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) cobrar tasas por diversos servicios que en la actualidad ofrece gratuitamente. Fue tras aprobarse la modificación de la Ley N° 1340 que data del año 1988.

Específicamente se trata del proyecto de Ley Que modifica varios artículos de la Ley N° 1340 del 22 de noviembre de 1988 “Que modifica y actualiza la Ley N° 357/72 ‘Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes’ y sus modificatorias, Leyes N° 68/1992, 1881/2002 y 5434/2015″.

En su intervención en plenaria, el senador Fernando Silva Facetti –uno de los proyectistas– destacó que por las múltiples funciones que cumple la Senad, contar con ingresos adicionales le permitirá tener mayor eficiencia en las operaciones encaradas en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

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“Todo esto obviamente le va a permitir a la Senad tener un ingreso y poder seguir usando los recursos que tiene para su función principal que es una lucha eficiente. Y yo creo que vienen haciendo muy buen trabajo, en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo.

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Explicó que el proyecto de ley fue consensuado con la misma institución y posteriormente en Diputados sufrió algunas modificaciones, cuyo texto fue aprobado por el Senado.

De acuerdo con la nueva legislación los recursos ingresados (fuente 30) por las diferentes funciones que realiza la Senad, que incluye desde fiscalización de aeropuertos hasta operativos antidroga, finalmente quedarán para uso exclusivo de la institución, para fortalecer la lucha contra las drogas y el crimen organizado.

El senador Fernando Silva Facetti es uno de los proyectistas de la ley. Foto: Archivo.

El proyecto cuenta con 102 artículos, regula sobre sustancias estupefacientes y drogas peligrosas. Así como el control; comercialización; suministro; exportación e importación; tenencia; consumo y medidas de seguridad curativas.

También incluye artículos sobre el empleo ilícito de bienes; procedimiento; prevención y recuperación de la farmacodependencia; asistencia judicial recíproca; extradición; operaciones encubiertas así como lo referente a las entregas vigiladas; agentes especiales; agentes encubiertos e informantes; entre otras cuestiones.

Uno de los principales motivos que impulsaron a la presentación de la propuesta legislativa, es la limitación de recursos presupuestarios mientras el campo de acción es cada vez más amplio. Esto teniendo en consideración la entrada en vigencia de varias disposiciones nuevas que conceden a la institución nuevas funciones, situación que demanda personal, logística y costos considerables, conforme argumentaron los proyectistas.

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