El ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio Fuster, está buscando todas las maneras posibles de pasar su responsabilidad sobre la cabeza de otros con argumentos poco convincentes.
Tras la reunión con la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando en la Cámara de Senadores, el secretario de Estado alegó que son 200 años de contrabando lo que vino a encontrarse al asumir el cargo.
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El responsable de la lucha contra el contrabando fue citado junto con otras autoridades a esta comisión especial del Senado a fin de brindar aclaraciones respecto a los hechos de ingreso masivo de contrabando a través del puerto que es custodiado por la Armada Paraguaya.
Al respecto, Fuster indicó que si bien tomó conocimiento de los hechos que se registraban y que dio informe a las autoridades policiales y militares, señaló que existe toda una estructura de contrabando que lleva 200 años, dando a entender que siempre hubo contrabando.
“Siempre van a ser insuficientes las medidas, tenemos 200 años de contrabando en Paraguay, nosotros cuando asumimos encontramos toda una estructura de contrabandistas que manejaban todas las instituciones públicas totalmente contaminadas”, argumentó.
Asimismo, indicó que tras la reunión con los legisladores tomó el compromiso de seguir fortaleciendo la institución a su cargo, así como las otras instituciones que forman parte de la cadena de lucha contra el contrabando.
“Lógicamente fortalecer la UIC, porque nosotros somos una coordinación que ni si quiera tenemos a la fecha estructura. Esto hay que potenciar, así como se combate a la droga también se debe combatir al contrabando, con su propio departamento de inteligencia, su propia fuerzas especiales, con personas honestas, transparentes, que superen el polígrafo”, explicó.
Finalmente, el ministro Fuster dio a entender que no tiene intención de renunciar al cargo, si bien señaló que conversó con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y que no está apegado al cargo. “Motivo alguno no existe para renunciar, yo cumplí con mi labor de coordinador al informar a las autoridades pertinentes en este caso para que actúen, ellos tendrán sus razones y sus argumentos por los cuales no lo hicieron en ese momento”, concluyó.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.
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Diciembre cerró con cifras récord en la lucha contra el comercio ilícito
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que se cerró el 2025 con cifras récord en la lucha contra el comercio ilícito resultando en más de 21 millones de dólares de perjuicio al contrabando.
Este lunes, la instiución compartió el valor total de las incautaciones al cierre del año pasado, que llegó a los G. 141.386 millones, es decir, unos USD 21,3 millones en perjuicio al comercio ilícito. “Seguimos fortaleciendo los controles para garantizar una competencia justa y el desarrollo del país”, indicaron.
Entre los rubros con mayor valor incautado, se encuentran los medios de transporte con G. 34.244 millones, electrónica con G. 21.421 millones, artículos varios con G. 16.684 millones, y el rubro frutihortícola con G. 11.506 millones.
El sector de alimentos tuvo incautaciones por G. 9.934 millones, las máquinas por G. 9.926 millones, productos agrícolas por G. 6.334 millones, maquinarias G. 6.042 millones, prendas de vestir G. 4.849 millones.
Entre otros sectores estuvieron las joyas con G. 4.632 millones, materia prima G. 4.127 millones, cosméticos G. 2.480 millones, mientras que animales vivos G. 1.643 millones.
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El pasado 2 de enero, autoridades de la institución encabezadas por su director nacional Oscar Orué, mantuvieron una reunión interinstitucional de la cual participaron representantes de gremios frutihortícolas a fin de conversar sobre el Plan Anticontrabando 2026.
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En el encuentro se destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos contra el comercio ilegal, mediante un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado. Asimismo, se valoró el aporte del sector productivo a la recaudación y a la economía formal.
Participaron autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, además de una delegación de productores.
“El diálogo permitió reafirmar el compromiso con la formalización, la trazabilidad de los productos y la protección del productor y del consumidor, fortaleciendo la competitividad y la transparencia del sector”, mencionó la DNIT.
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Peña supervisa operativos militares contra el contrabando, incendios y seguridad en PJC
El presidente de la República, Santiago Peña, realizó en la fecha su jornada de jefe de Comando, donde recibió un informe sobre los diferentes operativos que vienen desplegando las Fuerzas Armadas a nivel país, para hacer frente al contrabando, a los incendios forestales y contribuir con la seguridad de Pedro Juan Caballero.
Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, Oscar González, brindó detalles sobre lo informado al mandatario, señalando que el operativo de lucha contra el contrabando denominado “Jejoko Mbarete” está teniendo muy buenos resultados, evitando el ingreso masivo de productos de contrabando que afectan directamente a la producción nacional.
“Le dimos un informe detallado sobre cómo está colaborando la Armada paraguaya, el Ejército paraguayo y la Fuerza Aérea Paraguaya, este operativo lo realizamos en coordinación con las otras instituciones del Estado, especialmente con la Dirección Nacional de Ingresos Tributario (DNIT)”, exteriorizó.
Asimismo, comentó que están colaborando con la Policía Nacional a fin de reforzar la Subárea de Pacificación Número 8 que se encuentra en Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, luego de los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona. “Es un refuerzo de los elementos militares que se encuentran en las inmediaciones de Pedro Juan Caballero”, remarcó.
Por otra parte, detalló que unos 50 efectivos militares están ayudando a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) a fin de combatir el fuego en el Chaco paraguayo.
“El reporte que tenemos a hoy es que el combate está teniendo sus primeros resultados y esperamos que en los próximos días el fuego pueda cesar completamente (…) estamos preparados en caso de que el fuego ingrese desde otros territorios”, informó.
Precisó que cuentan con un avión de las Fuerzas Aéreas en la zona, que realiza una suerte de puente aéreo para el transporte de logística, del personal que combate a los incendios, sumados dos helicópteros que cuentan con el sistema Bambi, que permite combatir el fuego desde el aire.
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Productores dan fuerte apoyo a la política anticontrabando del Gobierno
Máximo González, coordinador frutihortícola de la ciudad de Vaquería, departamento de Caaguazú, celebró la política de la lucha contra el contrabando que lleva adelante el Gobierno de Santiago Peña, a través de las instituciones correspondientes, que está fortaleciendo y beneficiando a los productores nacionales. González sostuvo que la mejor lucha anticotrabando se da en la legalización de la producción nacional.
“Desde el 2017 estamos produciendo y luchando en ruta contra el contrabando y en producción permanente en el rubro locote, tomate, papa y cebolla, antes yo hacía locote – tomate, ahora tengo producción exitosa de cebolla nacional. Hoy justamente voy a hacer la comercialización desde la propia finca en caja, certificada”, explicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.
Instó a contar con las documentaciones en regla para garantizar la trazabilidad del producto denominado documento de trazabilidad vegetal que emite el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que garantiza que la producción tiene el origen legal.
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“Logramos certificar la producción nacional de cebolla. Eso significa que hay una garantía fitosanitaria que se cumplió con todas las normas fitosanitarias y la formalización que exige la ley a cada productor. Está registrado y también el DTV (Documentos de Transito Vegetal del Paraguay), listo para la venta con factura. Así deben de estar los productores organizados y los productores independientes, porque eso es lo que puede prevenir o mitigar el tema del contrabando, si no se conoce el origen se alimenta el contrabando”, explicó.
Indicó que si el productor no cuenta con esas documentaciones, “automáticamente es contrabando, así lo dice la ley, hay una legislación paraguaya con la Senave, que tiene que tener toda un circular que se implementó, qué es lo que tiene que tener algunos rubros, locote, tomate, papa, cebolla, están los mecanismos”.
La trazabilidad es imprescindible para la legalización de la producción. “Yo puedo decir que voy a enviar 250 cajas de cebolla, pero si no tengo el DTV, el control, puedo traer de contrabando, voy a comprar de cualquiera y voy a inflar acá 500, 600 cajas, y ahí es el problema, ahí la gente hace el camuflaje, traen bolsas de otros países, cambian en bolsas paraguayas y venden como producto nacional, se van en su finca y no hay registro de Senave, no hay registro de Renabe (Registro Nacional de Beneficiarios)”, apuntó.
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Legalización no es costosa
Por otra parte, desmintió la versión de algunos sectores campesinos que alegan los altos costos de la legalización de la producción. “La mayor mentira universal que hoy puedo escuchar es que tiene costos, si alguien dijo así esta desinformado, con pobreza en ideas y en conocimiento, no tiene ningún costo. Eso es mentira, eso ya es un discurso político, porque no conocen, no están informados, se suman por inercia y buscan pleitear, esa es una persona que alimenta el contrabando, si alguien dijo así”, puntualizó.