Gerardo Alejandro Blanco Bogado, miembro del Consejo de Administración de Itaipú, indicó que aún siguen las conversaciones con el Gobierno brasileño para definir el precio de la tarifa de la Itaipú Binacional, el cual deberá fijarse en el presente mes. Al respecto, argumentó que la intención es buscar un punto medio que beneficie tanto al Brasil como a Paraguay, sin que haya necesidad de torcer las posiciones de ambos gobiernos.

“Cada vez más estamos apretados de tiempo y es más urgente la definición del costo de la tarifa, las conversaciones siguen y las posiciones permanecen y, en ese sentido, yo creo que de alguna forma se tendrá que encontrar una salida a esta situación que no es nada simple, es compleja, pero yo creo que la postura del Paraguay es clara de mantener el costo en un 22.6 incrementando o maximizando en lo que se pueda en el rubro de responsabilidad socioambiental, para que sean destinados en inversiones estratégicas. Esa posición sigue firme”, sostuvo.

La postura paraguaya es la de mantener la tarifa en US$ 22,60 kW/mes y la de Brasil reducirla a 18.9 kW/mes, tomando como base el Anexo C, como de hecho ya lo hizo, aplicando una tarifa provisoria para su mercado a inicios del presente año ante la indefinición.

“Sabemos también que la posición brasileña es férrea, pero de cualquier forma yo creo que no se trata de luxar ninguna posición, sino más bien estamos nosotros abocados a la búsqueda de soluciones que maximicen los intereses de ambas partes de manera creativa para poder encontrar una salida de buen puerto”, manifestó en comunicación con el canal GEN, del grupo Nación Media.

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Finalmente, Blanco indicó que la incertidumbre ante la definición del costo de la tarifa puede ocasionar dificultades para la operatividad normal de la binacional, pero aclaró que eso no significa que dejará de funcionar.

“Itaipú sigue funcionando, los gastos socioambientales siguen ejecutándose, sigue entregando equipos médicos, sigue apoyando programas de agricultura familiar, pero sí se hace mucho más complicada la vida operativa de la empresa en el sentido de que en términos normativos, procedimentales, así como burocráticos el hecho de que esta indefinición y eventualmente tener la imposibilitad de facturar hace que se genere una suerte de incertidumbre y dificultad para la operativa normal de la entidad, pero esto no significa que la entidad dejará de funcionar y operar”, dijo.

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