El senador liberal Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez sostuvo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe tomar medidas en el caso del esquema de contrabando que afecta a la Armada Paraguaya y que dejó en el ojo de la tormenta al comandante de la Armada, Carlos Velázquez, y el titular de la Unidad Anticontrabando, Emilio Fuster.

En este sentido, el legislador mencionó que se trata de un problema institucional grave y a pesar de que los involucrados en el caso deben ser escuchados, las evidencias son bastante claras que responsabilizan directamente a Fuster y Velázquez.

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“Es un grave problema institucional porque el contrabando se hizo por el puerto que custodiaba la Armada. Yo entiendo que el presidente de la República debe tomar cartas en el asunto. Creo que todos debemos tener el derecho a la defensa, escuchar, pero las evidencias son muy claras, el presidente está regresando de un viaje y estamos aguardando una respuesta institucional”, expresó el senador este lunes.

Ramírez agregó que esta situación no puede quedar impune, ya que se trata de dos cabezas importantes en la lucha contra el contrabando y tuvieron la obligación de denunciar el caso. “Se sabe que la obligación de cualquier ciudadano que sepa de algún hecho que pueda tener una repercusión en el orden público tiene que ser denunciado y más un funcionario público, creo que hay un gravamen superior. Sin entrar a comentar todas las desajustadas declaraciones y la inacción de los mismos”, sentenció.

Por otra parte, el legislador sostuvo que amerita la destitución de las autoridades y que esta situación afectará directamente al gobierno de Abdo. “Creo que va a afectar muchísimo a su gobierno si no toma medidas, normalmente cuando hay una situación así repercute en el Congreso, algo va a ocurrir acá. Es una potestad del presidente. Así como se ve, la gravedad de lo ocurrido podría ameritar la destitución”, puntualizó.

El caso se hizo público, luego de la difusión de videos por parte del comunicador Alfredo Guachiré, que muestra cómo frente a la Prefectura Naval de la Armada de Itá Enramada se dejaban pasar cargamentos de contrabando e incluso cómo se repartían los productos que fueron ilegalmente traídos desde la Argentina con participación de militares y efectivos policiales.

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