La diputada del movimiento Honor Colorado Rocío Abed solicitó informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Édgar Olmedo, en relación con la situación actual de la construcción de centros penitenciarios localizados en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, y Emboscada, departamento de Cordillera, ante el hacinamiento y la demora para su habilitación.
Al respecto, la institución tendrá un período de 15 días para responder la iniciativa que busca conocer el cronograma de construcción y los avances, hasta la fecha, así como el detalle de las necesidades financieras y administrativas para la habilitación de los reclusorios.
En ese sentido, la legisladora impulsó la aprobación de una propuesta de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Justicia “a arbitrar los mecanismos para la habilitación y puesta en funcionamiento del Centro Penitenciario de Minga Guazú”, del departamento de Alto Paraná.
De acuerdo a lo que mencionó Abed, el hacinamiento y las malas condiciones de vida de los reclusos no concuerdan con lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos, la cual establece que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ante la problemática, dijo que urge el traslado de los reos a las nuevas instalaciones penitenciarias.
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En el mes de enero se había anunciado que para comienzos de este año se aguarda la habilitación y puesta en funcionamiento de al menos una de las penitenciarías en construcción en la ciudad de Emboscada. De acuerdo al último informe, uno de los centros registraba un avance del 90% en la construcción de 8 bloques, incluido uno para presos de máxima seguridad.
En Emboscada están en construcción dos centros penitenciarios y en Minga Guazú, otro. Con las tres nuevas penitenciarías se tendrá la capacidad para poder albergar a 3.960 reclusos, incluidos aquellos considerados de máxima peligrosidad.