Joaquín Roa debe presentar declaración jurada al dejar el cargo, confirman desde Contraloría
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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, afirmó que el ahora extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, está obligado a presentar declaración jurada cuando deje el cargo que ocupa desde el 2018. El funcionario dio estas explicaciones luego de que se publicara que Roa es dueño de un lujoso yate, que según sus expresiones lo adquirió mediante un préstamo.
“En el caso de Joaquín Roa, no incumplió la ley porque él se mantuvo en el cargo, no tuvo esa baja, por lo tanto no está obligado, recién cuando deje el cargo deberá presentar declaración jurada”, dijo Torres a la 1080 AM, previamente a la publicación del decreto presidencial sobre la destitución del ministro de la SEN.
Explicó que la propia Constitución Nacional obliga al funcionario público a presentar su declaración jurada al asumir sus funciones dentro de los 15 días de haber tomado posesión en su cargo y en igual término al cesar en el mismo. “No hay una obligación de actualizar por año”, aclaró.
Sobre la polémica generada por los bienes de Roa, el titular de DDJJ de la Contraloría recordó que incluso en el 2018 ya se había planteado este tema, pero él no tuvo siquiera un decreto de confirmación por parte del nuevo gobierno, por lo cual no estaba obligado a presentar su declaración jurada.
“Entonces, él no ha incumplido ninguna ley al no presentar porque no cesó en el cargo como está establecido. No existe esa obligación, si no tuvo una baja del cargo o asunción del cargo nuevo, no está obligado a presentar”, enfatizó. No obstante, puntualizó que “cuando el mismo cese en el cargo, sí ahí va a estar obligado a presentar su declaración jurada y ahí la Contraloría va a poder cotejar su declaración jurada al asumir y al dejar su cargo”.
Una vida de lujos y ostentaciones
El ministro de Emergencia es otro investigado en el marco del operativo A ultranza Py realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de sus pares de EEUU y Uruguay. El alto funcionario del Gobierno aparece con sugestivos vínculos con Alberto “Beto” Koube, detenido el martes pasado en uno de los allanamientos impulsados por los organismos de investigación.
Precisamente, una de las incautaciones incluyó una suntuosa embarcación valuada en unos US$ 500.000, importada por la firma del sindicado como parte de un esquema de narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, en el allanamiento trascendió que es propiedad de Roa, quien esta mañana fue convocado en el Palacio de Gobierno y, finalmente, el presidente Mario Abdo Benítez oficializó su destitución, siendo el segundo de esta semana, tras Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior, también por presuntos vínculos con investigados por narcotráfico.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
El Gobierno prepara un plan de emergencia ante el impacto extremo de El Niño
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El fenómeno climático El Niño se presentará con dos realidades muy diferentes, según la región del país: inundaciones y sequías extremas, por lo que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), coronel (R) Arsenio Ramón Zárate, explicó que el Gobierno se encuentra desarrollando acciones de prevención y coordinación institucional para responder a los distintos escenarios previstos.
“Estamos ante un fenómeno que tendrá dos caras. Por una parte, tendremos abundantes lluvias e inundaciones en determinadas zonas, mientras que en otras deberemos prepararnos para escenarios de sequía extrema y provisión de agua”, dijo el alto funcionario durante una entrevista en el programa Tribuna, emitido por Paraguay TV.
Importantes precipitaciones podrán darse especialmente en departamentos como Alto Paraguay, San Pedro, Concepción y Ñeembucú. Mientas que algunas zonas podrían verse afectadas por períodos de escasez hídrica que requerirán atención especial para garantizar el abastecimiento de agua a las comunidades. En mayo pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, convocó a la Mesa de Emergencia Nacional, reuniendo a instituciones, autoridades y equipos técnicos vinculados a la gestión de riesgos para coordinar acciones de prevención y respuesta.
“El Presidente Santiago Peña tomó la decisión de convocar con anticipación a todas las instituciones involucradas para que el país esté preparado y pueda responder de manera eficiente a los desafíos que se presenten”, afirmó el titular de la SEN y subrayó que la anticipación es una de las herramientas más importantes para minimizar los efectos de los eventos climáticos extremos y proteger a las poblaciones más vulnerables.
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, en el programa "Tribuna" de Paraguay TV. Foto: SEN
Gobernaciones y municipios
“Debemos tomar las medidas como ciudadanos de forma anticipada y trabajar conjuntamente con las gobernaciones y los municipios. La prevención es una tarea que involucra a todos”, sostuvo. Entre las principales recomendaciones mencionó la limpieza de desagües, cunetas, canales y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar acumulaciones que puedan provocar inundaciones o daños en viviendas y espacios públicos. Asimismo, señaló que cada persona puede contribuir desde su hogar verificando que el agua circule correctamente y evitando situaciones que favorezcan el estancamiento.
El ministro también remarcó la importancia de seguir de cerca los informes y alertas emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, considerando que la información oportuna permite tomar decisiones adecuadas y reducir riesgos. “Es fundamental prestar atención a los reportes meteorológicos y respetar las alertas cuando son emitidas. La información puede marcar la diferencia para proteger vidas y bienes”, expresó.
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, constató en junio pasado la puesta operativa del Buque SEN. Foto: SEN
Trabajo conjunto
Zárate reiteró que el Gobierno continuará fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional para responder de manera eficiente a las distintas situaciones que puedan derivarse del fenómeno climático. “El Paraguay se está preparando. Hay un trabajo articulado entre las instituciones del Estado y el objetivo es proteger a la población, especialmente a las comunidades que podrían verse más afectadas por inundaciones o por problemas de acceso al agua”, concluyó.
La Secretaría de Emergencia Nacional recordó además que la prevención temprana y la colaboración ciudadana constituyen herramientas fundamentales para reducir el impacto de los fenómenos climáticos y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades en todo el territorio nacional.
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, constató en junio pasado la puesta operativa del Buque SEN. Foto: SEN
Desde el Gobierno, el proceso ante la OCDE es presentado como una herramienta para fortalecer las instituciones y mejorar las políticas públicas mediante la adopción de estándares internacionales. Foto: MEF
Paraguay busca acelerar compromisos para avanzar en su Programa País ante la OCDE
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones públicas para coordinar y acelerar la implementación del Programa País de Paraguay ante la OCDE.
El taller contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República (CGR) y tuvo como objetivo revisar los compromisos asumidos, compartir experiencias y establecer una hoja de ruta que permita avanzar de manera coordinada en esta agenda.
La gerente de Economía del Viceministerio de Economía y Planificación del MEF, Nathalia Rodríguez, destacó que el acercamiento a la OCDE representa una oportunidad para evaluar las políticas e instituciones paraguayas frente a estándares y buenas prácticas internacionales, además de identificar áreas de mejora y fortalecer las capacidades del Estado.
“Paraguay atraviesa un momento especialmente propicio para profundizar su proceso de transformación institucional y consolidar políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y, sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, afirmó Rodríguez-
Remarcó que la implementación del Programa País no depende de una sola institución, sino de unaparticipación coordinada y sostenida de las entidades involucradas. En ese sentido, señaló que los compromisos deben traducirse en acciones concretas, con responsables definidos, plazos claros y mecanismos de seguimiento.
El objetivo del taller fue precisamente avanzar en esa coordinación interinstitucional y ordenar los esfuerzos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos asumidos por Paraguay.
La representante del MEF planteó que el trabajo permita construir una hoja de ruta para los próximos meses y años, que facilite el seguimiento de las acciones y dé continuidad al proceso.
El encuentro también contó con la participación del representante residente del BID en Paraguay, Alonso Chaverri-Suárez, y la directora de Organismos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Renata Cristaldo Oviedo.
El canciller Rubén Ramírez sostuvo que el proceso de evaluación del OCDE permitirá adoptar mejores prácticas internacionales y fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Foto: Gentileza
Paraguay avanza en su acercamiento a la OCDE con una evaluación sobre integridad pública
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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.
Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.
Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.
El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.
Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.
El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.
Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.
Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.
Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.