Con motivo del Día del Niño, el Ministerio Público presentó un informe de los hechos punibles que más afectan a la niñez. La lista encabeza el incumplimiento del deber alimentario, seguido de la violencia sexual, la vulneración del deber de cuidado, el maltrato y hechos asociados a entornos tecnológicos.

El propósito del análisis es dimensionar algunas de las situaciones que requieren investigación penal y una respuesta especializada de las instituciones responsables de la protección de la niñez y la adolescencia.

El estudio revela que entre enero de 2020 y julio de 2026 ingresaron 110.886 causas, correspondientes a los ocho hechos punibles incluidos en el relevamiento. El incumplimiento del deber legal alimentario ocupa el primer lugar, con 48.832 causas. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas.

En tercer lugar se encuentra la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564 causas; seguida de la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379, y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983 causas.

En conjunto, estos cinco hechos suman 107.597 causas y representan aproximadamente el 97 % de las 110.886 causas incluidas en el relevamiento.

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El incumplimiento del deber legal alimentario constituye el hecho con mayor cantidad de registros de toda la serie analizada con 48.832 causas desde el 2020 hasta la fecha. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron otras 4.317 causas.

El punto más alto entre los seis años completos analizados se produjo en 2023, con 8.293 causas, según registro del Ministerio Público.

Uno de los indicadores de mayor sensibilidad corresponde al hecho punible de abuso sexual en niños. Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas 21.839 causas. La evolución anual muestra 2.739 causas en 2020; 2.968 en 2021; 3.814 en 2022; 3.564 en 2023; 3.551 en 2024 y 3.408 en 2025.

El mayor registro entre los años completos analizados se produjo en 2022, con 3.814 causas. Entre enero y julio de 2026 se registraron otras 1.795 causas.

La franja etaria consignada se encuentra entre los 10 y 13 años, mientras que el 84 % corresponde al sexo femenino.

Los registros del Ministerio Público incluyen hechos vinculados directamente con los entornos tecnológicos. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Por otra parte, el hecho punible denominado abuso por medios tecnológicos registra 54 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central aparecen identificados entre las zonas destacadas en los datos territoriales del Observatorio del Ministerio Público.

En abuso sexual en niños, el 84 % de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino; en pornografía relativa a niños y adolescentes, también el 84 %; en abuso por medios tecnológicos, el porcentaje alcanza el 81 %, y en violación de la patria potestad, el 79 %. En abuso sexual en niños y el abuso por medios tecnológicos se ubican entre los 10 y 13 años.

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En un operativo que se desarrolló en la tarde de este viernes en Canindeyú, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tuvieron un enfrentamiento a tiros con miembros de una supuesta estrucura criminal, en la que resultaron abatidos dos de los integrantes, de la banda que se presume estaría liderando Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”. En tanto, lograron la aprensión de otro miembro de la organización.

Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que está en curso la confirmación de la identidad de los abatidos, la cual espera que sea confirmada a través de métodos científicos, así como la toma de evidencias. Mencionó que hasta ahora todas las evidencias están apuntando a que estos criminales que portaban armas de grueso calibre, serían parte de esta banda criminal que opera en la zona.

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Mencionó que la zona donde se produjo el enfrentamiento es un territorio complicado, porque son espacios grandes con viviendas aisladas, lo que dificulta muchas veces el factor sorpresa. Además que por lo general circulan dentro de territorios que son propiedad privada.

“Como es un lugar de siembra, la zona no tiene alambrados, no hay tranqueras, no hay portones, no hay candados los caminos no son esos angostos, ya que por la zona circulan las cosechadoras de gran valor, necesitan ser impecables y anchos. Permitiendo cruzar de Caaguazú a Caazapá, y a Canindeyú, sin necesidad de salir a caminos vecinales; y siguen siendo propiedad privada a la que solo se pueden acceder con orden judicial, facilitando la huida y complicando la persecución”, explicó.

Respecto a los abatidos, Riera señaló que preliminarmente se arriesgaría a señalar que pertenecerían a comunidades nativas; ya que uno de ellos tendrían un apellido vinculado a aquel líder indígena Derlis López, que luego fue instrumentado por el crimen organizado y que cuando se lo agarró tenía en su poder una camioneta de alta gama. Aunque insistió que espera que luego de la confirmación por métodos científicos se confirmen las identidades.

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El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.

El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.

Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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