La diputada del Partido Colorado, Rocío Abed, indicó que el planteamiento de juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, atenta contra la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público, sosteniendo que forma parte de una estrategia política del oficialismo colorado para su campaña electoral rumbo a las elecciones internas y del sector de la oposición como represalia a la solicitud de destitución del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

“Es sumamente preocupante que la posición revanchista del oficialismo nos lleve a un pedido de juicio político a la fiscal general del Estado poniendo en peligro la institucionalidad del Ministerio Público. Es evidente por un lado que intentan desesperadamente evitar la candidatura del exmandatario Horacio Cartes para la presidencia del Partido Colorado y, por otro lado, lo hacen en represalia al pedido de juicio político encabezado por Honor Colorado al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, incompetente que con su incapacidad y falta de gestión ha contribuido de manera significativa al aumento exponencial de la inseguridad y el crecimiento del poderío del crimen organizado en nuestro país”, manifestó la legisladora.

El planteamiento demuestra inmadurez política

La parlamentaria también indicó que la solicitud de destitución de Quiñónez coloca en peligro el Estado de derecho y la democracia en la República del Paraguay. “De cualquier manera este intento de juicio político a la fiscal general, además de demostrar una total inmadurez política de los sectores que lo impulsan, denota un verdadero desinterés por la realidad nacional; y como mencioné anteriormente, atenta contra la institucionalidad e independencia de nada más y nada menos del órgano constitucional de persecución penal, poniendo en peligro el Estado de derecho y la democracia en la República del Paraguay”, cuestionó la parlamentaria en comunicación con La Nación.

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¿Oficialismo colorado débil o una oposición desnortada?

Finalmente, la legisladora expresó que “yo me pregunto ¿es un oficialismo débil con candidaturas que no tienen el vuelo esperado, aliado con una oposición que lo tiene funcional a sus objetivos con el solo fin de debilitar al Partido Colorado, o es una oposición desnortada, débil también, que no logra conseguir consensos por los egos superlativos de sus protagonistas que se dejan utilizar por el oficialismo como garrote político en unas internas coloradas?”.

Para impulsar el juicio político en la Cámara Baja, se requiere de una mayoría de dos tercios; es decir, que si en la plenaria durante el tratamiento se encuentran los 80 diputados presentes, la aprobación del enjuiciamiento se debe dar con 53 votos.

En ese sentido, el movimiento Honor Colorado, sector que rechaza el juicio político contra la titular del Ministerio Público, cuenta con un total de 25 integrantes, mientras que el oficialismo colorada cuenta con 18 integrantes en sus filas; de acuerdo a las versiones legislativas, varios estarían con dudas debido a la posibilidad de migrar a las carpas de la disidencia colorada ante las promesas incumplidas por parte del oficialismo colorado.

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