Los fiscales y procuradores generales, miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), emitieron un comunicado en el cual expresan su apoyo a la fiscala general del Estado (FGE) de Paraguay, Sandra Quiñónez, ante el posible juicio político promovido por el oficialismo en alianza con sectores de la oposición. En el mismo también expresan el rechazo a las acciones intimidatorias contra la autonomía e independencia del Ministerio Público.

El comunicado está firmado por Alfons Alberca Sanvicens, fiscal general (Principado de Andorra), y Eduardo Ezequiel Casal, procurador general de Argentina, en representación de todos los miembros de la asociación.

“Rechazamos los actos de presión contra las instituciones que dirigimos, en la medida que puedan afectar su autonomía e independencia en la investigación y persecución penal de hechos que puedan ser constitutivos de delito, bajo el principio de objetividad y con pleno respeto a los derechos y garantías fundamentales”, menciona el texto.

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La asociación de fiscales y procuradores recordó el manifiesto en fecha 11 de octubre del 2016, de la “Declaración de Lisboa”, en la cual se atribuye al Ministerio Público como garantía a la igualdad de los ciudadanos ante las leyes la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema judicial.

“La autonomía del Ministerio Público frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”, reza la declaración de Lisboa.

En este contexto, la asociación manifiesta la preocupación sobre la intimidación hacia la fiscala general, una acción visiblemente proveniente de grupos ajenos a la institución y la función que desempeña la misma al frente del Ministerio Público.

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“Expresamos nuestra preocupación por los actos que podrán constituir amenazas a esa autonomía e independencia sobre la Fiscalía General del Estado de Paraguay y su titular Sandra Quiñónez Astigarraga, que suceden de manera visible en medio de enfrentamientos de grupos ajenos a la función que desempeña el Ministerio Público”, refiere el comunicado.

Por último, los profesionales firmantes del manifiesto reafirman el compromiso de la defensa de los principios que mantiene el Ministerio Público en la región. “Reafirmamos la defensa de dichos principios frente a cualquier tipo de intimidación por el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”, puntualizan.

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