Para el senador colorado Martín Arévalo, la “desesperación política” le obliga al oficialismo a presionar por el juicio político a Sandra Quiñónez a fin de ubicar a alguien del entorno y utilizarlo como estrategia política. El parlamentario se refirió específicamente a la intención de colocar a la esposa del actual vicepresidente de la República, Lourdes Samaniego, quien se desempeña como fiscala general adjunta y de esa manera “apretar a gobernadores, diputados y otros políticos con problemas judiciales”.
No obstante, el parlamentario dijo que la decisión más “coherente” sería que la fiscala general del Estado culmine su mandato. “Lo prudente, lo democrático sería que Sandra Quiñónez culmine su mandato, se haga el proceso para un nuevo fiscal general que tenga el acompañamiento político y de los ciudadanos y sea independiente a todos los partidos políticos”, manifestó.
Arévalo fue contundente al señalar que el más interesado en ubicar a un nuevo fiscal general es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. “Tiene muchas cosas que esconder, por lo tanto le quita el sueño que alguien de su entorno sea el fiscal general”, manifestó. Sobre el punto no dio mayores detalles y dijo que esas cuestiones van a saltar una vez que Abdo finalice su mandato.
En ocasiones anteriores, Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente Hugo Velázquez, ya había manifestado su intención de llegar a ser fiscala general del Estado, pero que por cuestiones políticas tuvo que posponer ese deseo.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada
A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.
“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.
Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.
Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.
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Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.
“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.
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Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Alianza Abdo-Ostfield: “La operación política fue golpear a Cartes y deshacerse de Velázquez”
“El tenor de los informes que dirigía el exembajador Marc Ostfield al Departamento de Estado de los Estados Unidos eran no solo lapidarios, sino absolutamente sesgados”, dijo el sociólogo y comunicador Camilo Soares. Esto al referirse a la alianza montada por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el diplomático para atacar políticamente al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.
“Ostfield jugaba un papel casi de operador político de una facción interna paraguaya, entonces uno podría presuponer que sí tenía un papel relevante en Asunción. La operación política de Mario Abdo para mí fue golpear a Horacio Cartes y deshacerse de Hugo Velázquez”, manifestó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” emitido por Unicanal.
El también dirigente izquierdista acotó: “Mario Abdo tenía otros candidatos (para la Presidencia) antes que Velázquez. Su primer candidato fue Luis Pettengill (actual senador), cuando él decidió no ser candidato porque no se animó o porque no quería, el segundo era Arnoldo Wiens, pero Velázquez tenía fuerza política propia para imponerse y Abdo no podía frenarle”.
En agosto del 2022, Velázquez, quien ejercía el cargo de vicepresidente de la República durante el gobierno de Abdo Benítez, fue designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos. El dirigente político fue acusado de haber participado en actos de corrupción, incluido el ofrecimiento de soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos.
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De acuerdo a la acusación, Velázquez participó de actos de corrupción con el fin de obstruir una investigación que amenazaba sus intereses financieros. Esta situación obligó a Velázquez a renunciar a su precandidatura a mandatario por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por Abdo Benítez.
“Esto le vino a Mario Abdo como anillo al dedo, porque él pensaba que se le eliminó a Cartes y que ya no podría competirle y a la vez se le saca a Hugo Velázquez del camino, entonces termina diciendo que tiene el camino expedito para poner a su sucesor, esta fue la operación política”, dijo Soares.
“Así funcionaba el operativo Cóndor”
Las afirmaciones de Soares surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.
“Así funcionaba el operativo Cóndor. Si hoy nosotros callamos algo porque es nuestro enemigo político, el día de mañana nos tocará a nosotros, esto es lo grave en esta situación”, sentenció Soares.
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