Nacido en julio de 1990 de la mano de Luiz Inácio Lula da Silva y el fallecido dictador cubano Fidel Castro (1926-2016), el Foro de Sao Paulo (FSP) es un organismo que reúne a partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana y es una herramienta que busca colocar a sus integrantes al frente del control de los diferentes Estados latinoamericanos.
Para ello se vale de muchas estrategias, que van desde simples reclamos sociales hasta la generación de violencia en las sociedades. Esta es la razón por la que también apuntan directamente a lograr el control de la Justicia y los órganos que lo componen en cada país donde van desembarcando sus ideas y posteriores acciones.
Asesorados por Cuba y Venezuela
Asesorados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que no es otra cosa más que un apéndice del G2 (Dirección de Inteligencia) cubano, compuesto por militares y miembros de la policía política del régimen castrista y que controla también los organismos de seguridad de Venezuela y Nicaragua, buscan expandirse a otros países del continente.
El FSP es un grupo dinámico en cuanto a sus decisiones, que se van adaptando a las circunstancias geopolíticas sin cejar en su objetivo final, el control. De ahí que vemos, de un tiempo a esta parte, una clara acción gestada al interior del Foro por tomar el control del Poder Judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación.
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Atentar contra el sistema democrático
En el documento base del XXIII Encuentro del FSP en Managua, capital de Nicaragua, en el año 2017, se presenta una clara y peligrosa propuesta que ya está siendo ejecutada y que atenta contra el sistema democrático de la región. Estas acciones buscan socavar gobiernos democráticos a través de la generación de daños al sistema judicial, con actuaciones inexplicables de jueces y fiscales de algunas naciones, que parecen seguir los lineamientos del Foro.
Paraguay no escapa a estas acciones y son articuladas por políticos y activistas de la izquierda, donde se distinguen claramente los permanentes ataques hacia la instituciones del ámbito judicial, como es el caso de la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), que curiosamente no integra la lista de partidos del FSP (al menos es lo que menciona el portal del grupo), aunque si lo hacen sus aliados del Frente Guasu o el partido País Solidario.
Esta senadora mantiene una llamativa influencia colocando a sus cercanos en puestos claves del Gobierno y es también una de las principales protagonistas de los ataques hacia el Ministerio Público, aun cuando el respaldo popular con que cuenta su partido es casi nulo, algo que se refleja en los resultados de las últimas elecciones municipales del 2021, donde el partido de Desirée Masi y de su esposo Rafael Filizzola fueron borrados del mapa electoral.
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Corte Suprema de Justicia, un objetivo
En el corporativismo mostrado por estos actores de la izquierda en el Senado paraguayo, sumado a ciertos legisladores del oficialismo colorado y liberal, se pueden deducir, a simple vista, las instrucciones emanadas del FSP para llevar al exsenador liberal autocalificado progresista, Víctor Ríos, a ocupar a cómo dé lugar una plaza en la Corte Suprema de Justicia, por encima de otros destacados candidatos que lo superan ampliamente en cuanto a las aptitudes para el cargo.
Y como si no bastara el accionar del Foro de Sao Paulo, sus mismos integrantes crearon el Grupo de Puebla, que lo integran los líderes de esos partidos políticos, varios de ellos hoy sentados en sus curules en el Congreso Nacional paraguayo, desde donde dirigen el asalto a los órganos que controlan la Justicia.
Los resultados electorales del pasado octubre en Paraguay hicieron sonar la alerta al FSP. De ahí que estemos ante una escalada de los ataques a los sistemas judiciales por parte de sus “asociados” regionales.