El dirigente colorado dijo que solo es necesario ver los datos sobre la inseguridad para finalmente determinar que el conflicto no solo representa una sensación, sino que es real. Foto: Archivo.
Destacan la postura de los diputados en solicitar el juicio político a Giuzzio
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El gobernador de Paraguarí y aspirante a la Cámara Alta por el movimiento Honor Colorado, Juan Carlos Baruja, rechazó las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, quien sostuvo que el pedido de destitución del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, solo se trata de conflictos políticos. Al respecto, el dirigente dijo que solo es necesario ver los datos sobre la inseguridad para finalmente determinar que el conflicto no solo representa una sensación, sino que es real.
“Yo creo que es un deseo unánime de la ciudadanía el cambio del ministro del Interior por la falta de respuestas en materia de seguridad no solo por el hecho ocurrido el fin de semana, sino por todo lo que viene aconteciendo en el país en los últimos tiempos y creo que los parlamentarios están interpretando el deseo de la ciudadanía”, mencionó.
Baruja fue contundente en puntualizar que en varias ocasiones el alto funcionario de Estado demostró su incapacidad para seguir liderando la cartera de seguridad, razón por la cual abogó por dar un golpe de timón.
“La gente quiere un cambio y ver un golpe de timón en materia de la seguridad. Es un error que está cometiendo el presidente de la República al sostener todavía a una persona que demostró fehacientemente su incapacidad. El planteamiento no se trata de una cuestión política, solo se deben observar los números y la realidad de inseguridad que hay en el país”, sostuvo.
Por otra parte, Baruja se refirió al lanzamiento de un plan piloto de recuperación, conservación y manejo de suelos con la importante cooperación de Cementos Concepción (Cecon) a través de la donación de 450 toneladas de cal agrícola, además de una encaladora.
“Hemos lanzado el plan piloto gracias a la donación que realizó el expresidente Horacio Cartes, de 450 toneladas de cal agrícola. En esta etapa son un total de 225 productores que serán beneficiados, pero queremos replicar este modelo a partir de la nueva administración ejecutiva. Todo este proceso de recuperación llevará aproximadamente 10 meses, donde veremos luego el resultado de todo este trabajo, el cual será positivo en productividad y rendimiento”, manifestó en comunicación con el diario La Nación.
“Paraguay debe entrar al mapa de EE. UU.”, dice Leite tras lograr acuerdo del Senado
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“Lo primero que Paraguay debe hacer es entrar al mapa de los Estados Unidos”, dijo el senador Gustavo Leite, quien aguarda prestar juramento ante el mandatario Santiago Peña como nuevo embajador en el país norteamericano, tras lograr ayer miércoles el acuerdo constitucional de la Cámara Alta con 32 votos a favor.
“Estados Unidos tiene 200 países que quieren llevarse muy bien con ellos, debemos hacernos conocer política y empresarialmente. Se debe trabajar más en exportaciones, inversiones, cooperaciones tecnológicas, científicas, educativas y contra el crimen organizado y militar", indicó Leite, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que trabajará en lograr de vuelta la reconexión de vuelos directos entre Asunción y Miami, con la finalidad de traer inversores.Actualmente, los vuelos a Miami se hacen vía Panamá, Bogotá (Colombia), Lima (Perú), San Pablo (Brasil), además de otras conexiones con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Por otra parte, Leite se refirió a los cuestionamientos por parte de la oposición hacia su designación. El parlamentario puntualizó que el sector político carece de agenda propia y que se guía solo por publicaciones de algunos medios de comunicación.
“Yo entiendo que esto tiene una carga política demasiado fuerte para la oposición. La oposición hoy está encamada básicamente en el diario Abc. Se levantan todos los días los opositores y ven qué dice Abc para poder repetir y para poder salir en el diario”, sentenció.
El senador Dionisio Amarilla, titular del bloque bicameral, indicó que las millonarias sumas proveídas por el país norteamericano fueron usados para costear campañas políticas y pago de salarios. Foto: Gentileza
Fondos ejecutados por las oenegés: Comisión Antilavado pide remitir su informe final a EE.UU.
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El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).
“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.
Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".
El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
EPP tenía por objetivos a jueces y fiscales de Canindeyú, dice Riera
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El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas autoridades, empresarios y trabajadores de prensa de Canindeyú. La operación militar “Cobrarius” abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernández, alias “Loro”, en un campamento con importantes elementos incautados.
“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar contra jueces, fiscales, productores, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identificados, que tienen antigüedad", comentó Riera este miércoles, en una conferencia de prensa.
“Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campanas, pero que no tienen capacidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente, el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.
El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuentre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbaracayú.
“No descartamos la posibilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de abandonar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de llevarla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de protegerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.
Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario Santiago Peña, de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepresidente de la República, el liberal Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de velocidad”, indicó.
Antecedentes
En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción, tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.
La información fue confirmada mediante las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.
El bloque bicameral tuvo como eje el financiamiento político y el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Foto: Gentileza
Comisión Antilavado entregó su informe final a la Presidencia del Senado
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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.
“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.
Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.
Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla,según se reveló.
Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
El presidente del bloque bicameral, Dionisio Amarilla realizó la entrega oficial del informe a la secretaría general del Senado. Foto: Gentileza
Mediante una consultoría externaimpulsada por la actual administración del IPSse detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.
Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.
También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Republicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.