La diputada Kattya González confirmó que junto con su colega liberal Édgar Acosta contestaron a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Itaipú en el juicio de amparo constitucional de acceso a la información pública contra la entidad binacional. Es por ello que la Sala Constitucional deberá decidir sobre la entrega o no de los datos requeridos por los parlamentarios.
La legisladora recordó que el pasado 3 de enero presentaron un pedido de informe invocando la Ley de acceso a la información pública, pero no como Cámara de Diputados. “Básicamente lo que solicitamos es la nómina de asesores externos y el proceso por el cual se decide esta contratación directa. Esto surge a raíz de informaciones recabadas en la prensa, donde en los últimos meses del año 2021 se firmaron dos contratos con asesores externos”, comentó a radio Ñandutí.
González aseguró que las contrataciones se realizaron con firmas de nombres de fantasía, puesto que no están ni siquiera identificados los abogados, quienes son incorporados para cumplir la misma función misional de la Dirección Jurídica de la Itaipú.
“Esto es un contrato en apariencia de adjudicación directa que no pasa ni siquiera por el director. Se elude todos los procedimientos de las normas generales de contrataciones de la Itaipú y se adjudican estas asesorías externas por un monto friolero de US$ 400.000″, precisó.
La congresista cuestionó la contratación de los asesores, puesto que la binacional ya cuenta con una Dirección Jurídica, por lo que es innecesario ingresar más profesionales. “No es que por ejemplo sea para litigar en La Haya o para revisar el Tratado y las chances que tiene el Paraguay y las estrategias de renegociación, sino que es para supuestamente hacer seguimiento de los trámites civiles, laborales”, explicó.
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Mencionó que el equipo jurídico de la binacional solo maneja 300 juicios en total, con lo que se corrobora un bajo nivel de litigiosidad. Dijo que esa cantidad de expedientes inclusive es manejado por un estudiante de Derecho en un estudio jurídico. “No se puede concebir esta contratación excepcional sin pensar que detrás de esto hay una malversación de fondos públicos”, criticó.
Desde la Itaipú se alega que no son sujetos obligados de la Ley de acceso a la información pública y que los documentos del ente no son del interés de terceros, y que además no responden al Paraguay, por lo que deberían tener una autorización del Brasil para entregar la documentación requerida.
“Esto es falso de toda falsedad, entonces promovimos un amparo constitucional tras la negativa. Y ellos accionaron de inconstitucional de la ley y ya contestamos el día de ayer. Está en manos de la Corte resolver una cuestión superlativamente importante. Si la Corte llega a decir que la Itaipú no debe proveer información pública, entonces vamos muertos”, acotó.