La mesa de trabajo instalada en el Congreso Nacional con representantes de diferentes sectores públicos y privados es para avanzar en una ley que permita aumentar sanciones contra el contrabando. La Comisión Permanente estudia la posibilidad de que se presente la propuesta legislativa y estudiarla con los técnicos.
La senadora Lilian Samaniego, presidenta de la comisión, explicó que todos los representantes presentes en la reunión mostraron predisposición para avanzar en el proyecto de ley, incluso ya presentaron propuestas.
Con la ley se busca atrapar a los peces grandes o financistas que con mucho dinero mantienen el contrabando, y puedan ser castigados con una pena dura y severa, indicó la legisladora.
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Los cuestionamientos que se dieron fue que se liberaba a quienes eran los responsables y no caían presos o no eran clausurados los locales con mercadería de contrabando. A partir de ahora se apunta a la sanción o penalización.
La senadora destacó que en corto tiempo se haya logrado consensuar entre todos, además que las autoridades de Seprelad, la Unidad de Anticontrabando, Armada Paraguaya, Aduanas, la Unión Industrial Paraguaya, ya trajeron propuestas para que se puedan encaminar e incluir como normativa.
Los productores y empresarios están esperanzados en que funcione esta normativa y se pueda dar una lucha al contrabando, que causa flagelo a la economía y a la producción nacional.
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Contrabando de carne de cerdo golpea a productores y presiona los precio
El precio del cerdo recibido por el productor cayó de aproximadamente G. 11.500 a menos de G. 8.000 por kilo desde enero, mientras que el costo de producción se ubica entre G. 7.500 y G. 8.500 por kilo, dijo Roberto Bento, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC). “Eso deja al productor prácticamente sin rentabilidad”, manifestó.
El dirigente señaló que el problema se vuelve más complejo debido a la diferencia de costos con el producto que ingresa desde el vecino país. Según Bento, el precio del cerdo en Brasil se ubica entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, situación que genera un fuerte incentivo para el sector porcino paraguayo, que atraviesa un escenario de fuerte presión sobre los precios.
Los productores denuncian que el ingreso irregular de carne y animales desde Brasil está generando una competencia difícil de enfrentar para quienes trabajan dentro de la formalidad, según se señaló en el informe semanal de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Ingreso irregular
El ingreso irregular de carne y animales. “Con estos valores, la reducción del precio de venta deja un margen cada vez más estrecho para el productor”, sostuvo, al mencionar además los costos de alimentación, personal, transporte, sanidad, impuestos e insumos.
La preocupación también tiene un componente sanitario. El ingreso de animales sin documentación ni identificación dificulta conocer su origen y garantizar la trazabilidad. En este sentido, Bento advirtió: “Al ser de contrabando, esa trazabilidad ya se esfuma a cero”.
Desde el gremio consideran que los decomisos realizados representan apenas una parte del fenómeno y reclaman un mayor control en los puntos de ingreso al país.
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Núñez plantea la “Ley Antidespilfarro” para castigar el incumplimiento del déficit fiscal
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que dentro de 15 días presentará un anteproyecto denominado “Ley Antidespilfarro o ningún peso más”, que tiene como objetivo impedir que se apruebe o sostenga un presupuesto deficitario por encima de lo que establece la normativa de Responsabilidad Fiscal.
Núñez detalló que mediante su implementación se apuntará a blindar el equilibrio de las cuentas públicas y que los políticos paguen el costo del desequilibrio. “Esta es una ley de ningún peso más. Nosotros tenemos una ley de Responsabilidad Fiscal que fue aprobada en el gobierno de Horacio Cartes, en donde se debe respetar el índice del 1,5 % o el tope que puede aplicarse mediante ley en los casos excepcionales, pero que no deberá ser pasado”, comentó a los medios de comunicación.
Según el proyecto, si el resultado fiscal se mantiene deficitario durante varios meses consecutivos, el Poder Legislativo dispondrá de un periodo determinado para corregir la situación. Si no lo hace, se activará automáticamente un mecanismo similar al “shutdown o cierre parcial del Estado” aplicado en los Estados Unidos, que será adaptado a la realidad de nuestro país.
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La iniciativa establecerá que durante ese plazo se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, no podrán generarse nuevos gastos, adjudicar contratos ni incorporar funcionarios, además de suspenderse las transferencias discrecionales.
Asimismo, dejarán de percibir sus salarios el presidente de la República, la vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios y parlamentarios nacionales.
También se aclara que los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad. Entre ellos figuran el pago de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, los servicios de salud, la seguridad, la defensa nacional y el sistema penitenciario.
A diferencia del modelo implementado en el país norteamericano, donde el cierre del gobierno se produce por la falta de aprobación del presupuesto, el proyecto planteado por Núñez estipula que el detonante será un déficit fiscal sostenido, con el propósito de que el gasto no esencial del Estado y los salarios de las máximas autoridades sean los primeros en verse afectados para forzar el equilibrio de las cuentas.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Congreso sanciona incentivos tributarios para citas deportivas mundiales
La Cámara de Diputados sancionó este martes un proyecto de ley que incorpora excepciones tributarias para Eventos Deportivos de Relevancia Internacional (EDRI) y regímenes de incentivos. El proyecto pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.
Durante una sesión extraordinaria diputados sancionaron el proyecto de ley “Que modifica el artículo 244 de la Ley n°. 7609/2025, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026”.
La propuesta establece la liberación total de impuestos para la introducción de indumentaria, calzados, herramientas deportivas, trofeos, medallas y material promocional relacionado a dichos eventos.
Además, plantea el ingreso libre de aranceles para equipamientos, aparatos e implementos deportivos que se reexporten, posteriormente.
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El presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, diputado colorado César Cerini, se pronunció a favor de la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado y dictamen favorable en el bloque asesor que encabeza.
Ante sus colegas, indicó que la normativa pretende corregir una omisión material del Presupuesto General de la Nación (PGN), para garantizar la seguridad jurídica y logística de competencias internacionales que se desarrollen en el país.
Es de recordar que el artículo 244 original del PGN 2026 suspende de manera general todas las leyes que otorgan exoneraciones, deducciones o exenciones de impuestos durante el año fiscal.
La modificación busca subsanar la referida omisión para reactivar un régimen tributario especial y reactivar los incentivos fiscales dirigidos a atraer, promover y regular los Eventos Deportivos de Relevancia Internacional (EDRI).
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