Desde la Comisión Permanente del Congreso Nacional anuncian que requerirán la postura del ministro de Salud, Julio Borba, sobre el controvertido proyecto de ley impulsado por el diputado colorado Hugo Ramírez, que busca implementar el pase sanitario como medida para contener la expansión del COVID-19.
Así lo anunció este viernes la titular de la Comisión, Lilian Samaniego, quien adelantó que, antes de ser tratado en plenaria, el tema será objeto de un amplio debate. Así también, se dará la oportunidad al proyectista para que defienda sus argumentos ante sus colegas. A título personal, la legisladora considera que ningún tipo de discriminación es buena.
“Necesitamos tener el criterio del Ministerio de Salud Pública, que es el ente responsable del protocolo sanitario. No voy a dar una opinión, lo que voy a hacer es enviar la nota para que, en el momento del debate, tengamos todos los elementos”, dijo Samaniego en contacto telefónico con la 780 AM.
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El diputado colorado Hugo Ramírez presentó un proyecto de ley que prevé exigir el pase sanitario tanto para ingresar al país como para actividades diversas. La iniciativa contempla la aplicación de fuertes multas para los infractores.
Se trata del proyecto de ley “Que requiere la presentación del certificado sanitario para la asistencia a eventos masivos, tramitar el ingreso al país y demás actividades que establezca el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”. El documento tuvo entrada vía Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El proyectista explicó que el objetivo apunta a que vía legislación se implemente el requerimiento de la presentación del certificado sanitario para la participación en eventos masivos, ya sean públicos o privados; tramitar el ingreso al país; así como las demás actividades que sean consideradas de importancia por las autoridades sanitarias.
En su artículo 4°, el proyecto de ley alude a las sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Menciona que los propietarios, gerentes, encargados de establecimientos u organizadores de eventos serán los responsables de cumplir y hacer cumplir la normativa, y que, de ser necesario, se podrá solicitar la intervención de la Policía Nacional.
Específicamente sobre las multas, se detalla que “los propietarios o responsables de locales, así como los organizadores de eventos que incumplan lo establecido en el artículo 2°, serán sancionados con multas de hasta 500 jornales mínimos diarios”.
Por último, se aclara que todo lo recaudado en tal concepto será destinado al Ministerio de Salud a fin de ser utilizado en el tratamiento de personas afectadas por el mortal virus.
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“Queremos premiar la meritocracia para no igualar a todos”, afirman desde Salud
“El piso salarial que ellos exigen es, de momento, imposible por la falta de recursos”, sostuvo el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública, el doctor Juan Marcelo Estigarribia, con relación al reajuste generalizado exigido al Gobierno por el gremio médico para más del 10.000 trabajadores, argumentando la pérdida del poder adquisitivo desde 2012.
“No es que nosotros no queramos, pero sí es una cuestión en donde nosotros también debemos ser sinceros con el dinero que estamos administrando. Nosotros consideramos excesivo, todos queremos ganar más, no solo el dinero de los médicos tuvo una depresión durante estos años, también de todos los trabajadores, no somos la excepción”, refirió el funcionario, este viernes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Gobierno presentó ayer una propuesta integral a los profesionales de la salud, que incluye una estructura salarial diferenciada con incrementos mensuales de entre G. 400.000 hasta G. 3.000.000, que fue rechazada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), mediante una asamblea extraordinaria. Sin embargo, aceptaron las propuestas desprecarización para 2.490 médicos y el aumento de USD 260 millones para medicamentos e insumos.
“Acá el detalle importante es que nosotros queremos premiar la meritocracia, darle un incentivo al que tiene mayor formación, justamente para no igualar a todos. Hay médicos muy especializados y otros quienes recién se han recibido, no podemos poner a todos en la misma escala”, puntualizó el doctor Estigarribia.
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Escalafón profesional
Desde el gobierno argumentan que un aumento salarial generalizado agravaría la crisis en salud, razón por la cual insisten en que se requiere de una progresión y discriminación del escalafón profesional para definir las necesidades presupuestarias. “Con este escalafón médico queremos ordenar y fortalecer la política salarial, reconocer la antigüedad y la formación especializada, esta es una propuesta muy sincera, sobre números reales, debemos tratar este tema con objetividad”, explicó Estigarribia.
Señaló que “en el año 2022 se hizo el último concurso de escalafón sanitario donde entraron cerca de 2.500 médicos más o menos, pero lo llamativo de todo esto es que en el año 2023 se hizo un piso salarial con los médicos y ellos estaban muy de acuerdo con el piso que hoy se tiene de G. 5.000.000. Han transcurrido tres años del último piso y eso también fue un reajuste”, comentó.
Agregó que “el reajuste del 2012 que ellos mencionan dio un déficit fiscal muy grande que hasta hoy en día seguimos nosotros recuperando ese terreno perdido. Nosotros hoy no podemos tomar una determinación de dar G. 3.000.000 por vínculo, ellos pueden tener hasta 3 vínculos, entonces sería un aumento de G. 9.000.000 representa por ejemplo en una persona, eso es mucho dinero”, manifestó el jefe de Gabinete de Salud Pública.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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Proponen fortalecer la memoria histórica de Acosta Ñu y las Campañas Cordilleras
Buscando convertir a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras en ejes prioritarios de preservación, investigación y divulgación de la memoria histórica nacional presentaron un proyecto de Ley que plantea fortalecer la protección patrimonial del sitio, promover su enseñanza y desarrollar herramientas de turismo educativo, con visitas guiadas, investigaciones de campo y materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables.
Por iniciativa del diputado colorado, Saúl González, el proyecto legislativo contempla la creación de un Comité Histórico ad honorem para acompañar las acciones académicas y culturales. El enfoque incorpora, además de los hechos militares, sus profundas consecuencias sociales, territoriales y demográficas. El documento fue derivado a las respectivas comisiones asesoras para su correspondiente estudio y dictamen.
La propuesta normativa reconoce el derecho de la sociedad al conocimiento de la verdad histórica y a la preservación de la memoria colectiva sobre la Campaña de las Cordilleras y los hechos de Acosta Ñu.
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Por ello, el congresista busca establecer una política permanente de investigación, preservación y divulgación de la memoria histórica vinculada con la Campaña de las Cordilleras y, particularmente, con los acontecimientos de Acosta Ñu, ocurridos el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza.
Valorización cultural
Según exposición de motivos, el Estado paraguayo ya reconoce la relevancia histórica, cultural, patrimonial y educativa de estos acontecimientos. No obstante, se pretende sistematizar, profundizar y articular instrumentos jurídicos e institucionales existentes, sin sustituir competencias de instituciones públicas.
El proyecto plantea reconocer el 16 de agosto y el sitio histórico de Acosta Ñu como ejes prioritarios de memoria histórica, educativa y de valorización cultural, sin modificar el régimen conmemorativo del Día del Niño del Paraguay, establecido por el Decreto Nº 27484 de 1948.
Asimismo, recuerda que el área correspondiente al campo de batalla de Acosta Ñu, en Eusebio Ayala, ya fue declarada Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico mediante la Resolución SNC Nº 157/2017, en el marco de la Ley Nº 5621/2016, “De protección del patrimonio cultural”.
La propuesta plantea complementar la protección vigente con acciones de investigación histórica y documental, digitalización de fuentes, elaboración de mapas históricos, señalización interpretativa, recursos educativos y divulgación audiovisual.
“El estudio de la Campaña de las Cordilleras debe contemplar no solo los enfrentamientos militares, sino también sus consecuencias sociales, territoriales y demográficas, incluyendo los desplazamientos de población y la destrucción de comunidades. Propongo incorporar a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras como ejes prioritarios de las herramientas de turismo educativo previstas en la Ley Nº 6755/2021″, explicó el legislador.
Turismo educativo
Para ello, la normativa contempla visitas guiadas, investigaciones de campo y proyectos escolares vinculados con el sitio histórico y se plantea la producción de materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables e investigaciones académicas, con fines educativos, culturales y de divulgación pública.
Finalmente, el diputado González insta a crear un Comité Histórico ad honorem, de carácter consultivo, técnico y académico, integrado por especialistas nacionales y, cuando corresponda, extranjeros. “Este organismo no sustituiría las competencias de las instituciones públicas ni generaría cargos remunerados”, enfatizó.
El proyecto establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, así como la posibilidad de suscribir convenios con universidades, archivos, museos y otras instituciones.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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