La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El abogado Samir Sánchez expuso en redes sociales cómo la administración del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, del partido Yo Creo, estuvo marcada por varios hechos de presunto nepotismo que no solo lo salpican a él, sino también a varios concejales durante su mandato.

En el caso de Prieto, Sánchez señaló que este utilizó sus influencias como autoridad del municipio esteño para incorporar a cuatro primos a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Se trata de Martín Vallejos Ferreira, quien ocupó un cargo administrativo en la Dirección de Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, quien se desempeñó como herrero en obras municipales; Meribed Alonzo Vallejos, quien fue jefa de Impuestos Inmobiliarios, y Sergio David Prieto Figueredo, quien ocupó el cargo de fiscal de obras municipales.

Pero eso no fue todo. Seis concejales municipales también habrían incurrido en la misma práctica, según la denuncia expuesta por Sánchez.

Se trata de Víctor Torales, Valeria Romero, María Ester Portillo, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez y Alision Anisimoff, quienes también habrían beneficiado a familiares.

El presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento a Isaías Ricardo Fretes Zárate como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades nacionales y representantes de diferentes instituciones del Estado.

El nuevo titular de la cartera sanitaria fue designado mediante el Decreto N.º 6889, del 13 de setiembre de 2026, luego de desempeñarse como presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante la ceremonia se dio lectura al decreto correspondiente y posteriormente el presidente Peña tomó el juramento de rigor al nuevo ministro, quien asumió el compromiso de desempeñar sus funciones conforme a la Constitución Nacional y las leyes de la República.

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Participaron del acto, el presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Raúl Latorre; además de autoridades nacionales, civiles, militares y policiales.

El nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito médico, académico y de la administración sanitaria.

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), especialista en Cirugía General y en Coloproctología, además de magíster en Salud Pública, Gerencia y Administración Hospitalaria.

En el ámbito académico, se desempeñó como docente de la Primera Cátedra de Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y desarrolló una amplia trayectoria vinculada a la formación y especialización médica. Asimismo, fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, y presidió la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología.

El nuevo ministro cuenta además con experiencia en la conducción de instituciones sanitarias. Fue director de la Sanidad de la Armada, del Hospital Militar Central y de la Sanidad de las Fuerzas Armadas de la Nación.

También ejerció funciones médicas y de conducción en el Instituto de Previsión Social, donde fue jefe de la Sección de Coloproctología y posteriormente asumió la presidencia del Consejo de Administración, cargo que desempeñaba antes de su designación al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Su trayectoria incluye además la creación de la primera escuela de formación en Coloproctología del Paraguay, desarrollada en el IPS con respaldo universitario, y su participación en sociedades científicas de distintos países de América Latina.

Con la toma de juramento y la suscripción del acta correspondiente quedó oficializada la asunción del Dr. Fretes al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dando inicio a una nueva etapa en la conducción de la cartera sanitaria.

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En la mañana de este viernes se llevó adelante una reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, los miembros del directorio, y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), en la cual se habló sobre la solidez del sistema financiero, su rol en el crecimiento del país y acerca de los recientes pedidos de informes aprobados en el Poder Legislativo.

El titular del ente regulador habló ante los medios de prensa y, específicamente sobre las consultas realizadas por el Senado, explicó que se trata de una ocasión importante para que la banca matriz pueda dar a conocer a través de un canal institucional sobre su desempeño y del sistema financiero local.

Carvallo aseguró que desde que se aprobó el planteamiento en el Congreso Nacional, los técnicos del BCP, como de la superintendencia de bancos, se encuentran trabajando en la información solicitada, de manera a poder responder, en el marco de lo que la ley permita.

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“Dada la magnitud de información que fue solicitada, desde el mismo día en que el Congreso aprobó la solicitud de informe, el equipo técnico del Banco Central y en particular la Superintendencia de Bancos vienen trabajando para responder dentro de lo que el marco de la ley lo permita y de una forma rigurosa, todas las consultas recibidas”, expresó.

Amplió sobre el punto, señalando que se proporcionará la información demandada “como corresponde, el BCP estará respondiendo los informes solicitados, lo que permitirá a nuestro juicio disipar cualquier duda respecto a la salud del sistema y de la institucionalidad del Banco Central”.

En la primera parte de su exposición, Carvallo aseguró que el país cuenta con un sistema financiero robusto, que respondió de manera satisfactoria a las pruebas de estrés, lo que permite asegurar que puede soportar cualquier tipo de shock externo.

“Los números del sistema financiero son sólidos, están por encima de los mejores estándares internacionales. Un sistema financiero que tiene altos niveles de solvencia y de liquidez”, argumentó.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, también se expidió ante los medios tras el encuentro y valoró la instancia de diálogo abierta con el Ejecutivo y el regulador.

Narró que se trata de la continuación de la reunión mantenida la semana pasada con el mandatario y aseguró que todas las instituciones aludidas en los pedidos de informes están preparadas para responder a los requerimientos de información.

Poco de después de las manifestaciones de Carvallo y Cramer, la Asoban emitió un comunicado en el cual plantea que el regulador trabaje con rigurosidad técnica, entre otras cosas.

“El Consejo de Administración de Asoban presentó una nota formal que reafirma la posición técnica del gremio respecto a los criterios de aplicación de la normativa regulatoria vigente. La entidad destacó que la transparencia y la aplicación consistente de las normas regulatorias son fundamentales para proteger los depósitos e inversiones del público y del propio sector público, garantizando así información comparable, confiable y plenamente alineada con los principios que rigen la supervisión financiera”, indica la parte más sustanciosa del texto.

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