La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Biblioteca Municipal de Ciudad del Este fue el sitio de reunión este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el lema “Ni precarizadas, ni sumisas!”.

La actividad comenzó a las 17:00 y asistieron mujeres adultas, jóvenes, adolescentes niñas, quienes fueron parte de un espacio de diálogo, reflexión y creación colectiva para expresar sus demandas al Estado, en torno al respeto de los derechos de las mujeres. Por la inclemencia del tiempo no hubo movilización callejera.

Durante la jornada se desarrolló un micrófono abierto para poesías, cantos y reivindicaciones, además de un espacio de conversación donde las participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre las realidades que atraviesan las mujeres.

También se compartieron relatos de sobrevivencia frente a distintas situaciones de violencia y reflexiones sobre la importancia de la organización comunitaria entre mujeres. También se elaboraron carteles con mensajes y reclamos, como forma de visibilizar las demandas por una vida libre de violencia y por mejores condiciones de vida.

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La actividad fue organizada por Kuña Sorora y contó con el apoyo de Kuña Poty. Participaron además integrantes de la Asociación Callescuela, de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connats), así como jóvenes autoconvocadas.

Las organizadoras destacaron la importancia de seguir generando espacios seguros de encuentro y expresión para niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en contextos donde persisten la precarización, la violencia y la desigualdad. Contar con un albergue de abrigo para las mujeres en situación de violencia que realizan sus denuncias sigue siendo una deuda.

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La construcción del Viaducto Km 10 de Ciudad del Este está a punto de iniciarse, luego de las tareas de la primera etapa de la obra financiada por Itaipú, que se centran actualmente en la ejecución de las colectoras existentes, desde el kilómetro 10 al 11, que permitirán implementar el Plan de Desvíos. La fase incluye la readecuación de las avenidas desde el kilómetro 9,5 al 10, para lograr el emparejamiento de los distintos niveles actuales de las calzadas.

La Superintendencia de Obras y Desarrollo de Itaipú informó que se está llevando adelante la ejecución simultánea de las distintas capas de la estructura de los pavimentos en las colectoras. En la avenida San Blas (lado Acaray) fue terminado el pavimento base de concreto asfáltico en 750 metros, entre el Kilómetro 10,5 y el Kilómetro 9,5; lo que representó el lanzamiento en pista de unas 1.200 toneladas de mezcla asfáltica en tres días.

En la colectora Sur (lado Monday), es ejecutado un terraplén con suelo mejorado en unos 100 metros hacia el Este. También se concluyeron los movimientos de suelos y la subbase granular cementada, en unos 700 metros, ya a la espera de la capa asfáltica de base, prevista para esta semana. Además, se realizan obras en la Avenida Km 10, sectores Acaray y Monday (Calle 10), los cuales consisten en la readecuación del pavimento en ambas calzadas al norte y en la construcción de la nueva calzada en unos 500 metros, al sur.

Estos trabajos incluyeron grandes excavaciones para la apertura de espacios para pistas de retornos y carriles de aceleración, empalmes provisorios con la ruta, sistema de desagüe pluvial, muros de contención (en caso de grandes desniveles), fresados de carpeta antigua y pavimentos de transición en ambas calzadas de la avenida Kilómetro 10 Acaray, de modo a empalmar las vías nuevas con las existentes. Los profesionales de la Binacional destacaron que todos los trabajos fueron realizados sin contratiempos, en orden por el oportuno manejo del tránsito y sin cortar la circulación en ningún momento.

El Ministerio Público formuló una nueva imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor, en el marco de una investigación relacionada con supuestas irregularidades en obras ejecutadas dentro del Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

La imputación fue presentada este viernes por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El acta fiscal, que consta de 84 páginas, también alcanza a otras diez personas que habrían participado en el esquema investigado en calidad de cómplices.

Los imputados junto al exjefe comunal son Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.

Según el relato del Ministerio Público, a Prieto Vallejos se le atribuye un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un monto aproximado de G. 757.166.276. De acuerdo con la investigación fiscal, la cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.

Las obras cuestionadas habrían sido realizadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Los fiscales sostienen que existen suficientes elementos de convicción que permiten presumir la existencia de un hecho punible y la participación de los imputados en una supuesta disminución patrimonial de la comuna.

El Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la fijación de una fianza personal o caución real por el monto que determine el juzgado, la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio procesal y comparecer periódicamente ante el juez, además de otras medidas que el magistrado considere pertinentes conforme a la naturaleza del caso.