El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, explicó que cuando una institución pública utiliza el rubro 800 para realizar cualquier gestión de compras, la DNCP carece de competencias para realizar algún tipo de control. Esta situación se plantea en el caso de las compras hechas por la Municipalidad de Asunción por el COVID-19, durante la gestión del intendente Óscar Rodríguez.

El abogado Seitz explicó que en el Presupuesto General de la Nación (PGN) existen varios rubros en lo que respecta a presupuestos municipales. Indicó que cada rubro tiene un destino específico, regulados en las mismas normas presupuestarias.

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Además, señaló que cada uno de estos rubros tiene una forma de ser utilizado y ejecutado. En cuanto al rubro 800, la Ley de presupuesto establece expresamente que se utiliza sin pasar por la Dirección de Contrataciones Públicas y eso fue lo que se dejó en claro en el dictamen que se emitió la semana pasada respecto a las compras COVID que realizó la Municipalidad de Asunción.

“Lo que manifestamos es que la Dirección de Contrataciones Públicas carece de competencias legales e institucionales para hacer los controles sobre ese tipo de contratos, gastos e implantaciones de dinero por parte de instituciones públicas que usan el rubro 800. Lo que decimos en el dictamen de la DNCP es que al utilizar el rubro 800 la Municipalidad de Asunción, Contrataciones Públicas carece de competencia”, explicó en comunicación con radio 1080 AM.

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Emitirán aclaratoria

En ese sentido, indicó que no puede iniciar ningún proceso investigativo porque carece de competencia legal. Igualmente, indicó que no podría sancionar eventualmente a los proveedores si es que se detectó algún tipo de incumplimiento por parte de ellos. No obstante, señaló que desde la DNCP emitirán una aclaratoria para dilucidar cualquier duda respecto al dictamen emitido.

“Vamos a emitir una aclaratoria por parte de Contrataciones Públicas para que quede bien claro, valga la redundancia, de que ambas instituciones tanto la Contraloría como Contrataciones Públicas tienen la misma línea de lo que debía haberse hecho, y que la ausencia de un proceso investigativo por parte de Contrataciones Públicas se debe única y exclusivamente a una cuestión de competencia de la DNCP”, comentó.

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