Eduardo Metzker iba en su motocicleta por Rio de Janeiro cuando se vio rodeado por otras dos. Uno de los motociclistas le apuntó con una pistola a la cabeza y le exigió su teléfono y la contraseña. En las horas siguientes, este programador de 29 años observó impotente cómo los ladrones retiraban 80.000 reales (unos 15.000 dólares), en su mayoría a crédito, desde sus aplicaciones bancarias, antes de que él lograra bloquear sus cuentas.

“Uno trabaja casi todos los días para juntar un dinero. Luego alguien te apunta un arma a la cara y se lleva todo”, dijo Metzker a la AFP. “Ni tenía ese dinero. Arruinaron mi historial crediticio”, lamenta. El robo de celulares, que puede involucrar violencia, fraude financiero e incluso asesinato, se ha convertido en un símbolo de la crisis de seguridad que azota ciudades brasileñas como Rio de Janeiro antes de las elecciones del 4 de octubre.

Este delito “parece encapsular un pánico creciente relacionado con la violencia urbana”, señaló el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), en su informe anual. Una encuesta de esa entidad publicada en mayo estimó que alrededor de 14 millones de personas habían sido víctimas de este delito en los 12 meses anteriores en Brasil.

Pero solo unos 830.000 celulares fueron reportados robados en 2025, según el informe anual del Foro, basado en datos oficiales.

En Rio, una ciudad donde la violencia y los asaltos son muy comunes, “vivimos completamente atemorizados, en alerta constante”, dice Caroline Lo Bianco.

A esta dentista de 36 años le arrancaron el teléfono de las manos por la ventana de un Uber cuando estaba embarazada de siete meses.

Antes de las presidenciales, cuya primera vuelta se celebra este domingo, tanto el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, han prometido tomar medidas drásticas.

Bolsonaro promete cuadruplicar las penas de cárcel para este crimen, mientras que Lula ha dicho que su meta es “cero robos de celulares”.

Las encuestas muestran que la seguridad es la principal preocupación de los brasileños en estas elecciones, pero para Metzker ningún candidato puede ayudar.

“Pueden decir lo que quieran, ya no creo en ellos”, explica.

Desde que fue atracado, tiene un celular para salir a la calle, y otro que deja en casa con sus aplicaciones bancarias.

El primer aparato es conocido como “el teléfono del ladrón”, una estrategia adoptada por el 30 % de los brasileños -unos 65 millones de personas-, según el FBSP.

“El interés de las bandas ha dejado de ser el propio teléfono para concentrarse en los datos contenidos en los dispositivos”, dice a la AFP Leonardo Silva, coordinador de crimen organizado del Foro.

Después de ser asaltada, Lo Bianco bloqueó sus tarjetas bancarias, pero los ladrones lograron transferir casi 700 dólares desde una cuenta de un banco digital. También pidieron en línea una consola de videojuegos de 1.000 dólares, compra que ella consiguió bloquear antes de la entrega.

Los ladrones incluso enviaron cerveza, carne y McDonald’s a distintas direcciones en Rio de Janeiro.

Luiz Fernando Bugiga, fiscal del Grupo de Acción Especial para el Combate al Crimen Organizado, dice que una operación reciente en Sao Paulo reveló un esquema detrás del robo de celulares, con cuatro células criminales.

Quienes roban los teléfonos se los entregan a un grupo especialista en “transferencias bancarias y robo de datos”.

Un tercer grupo realiza modificaciones técnicas para que el aparato vuelva al mercado. El último se encarga de vender las piezas y los dispositivos. Hay “múltiples formas de pérdida para la víctima y múltiples fuentes de lucro para el criminal”, afirma.

Para muchos, solo reemplazar el teléfono ya es difícil. Joel da Silva, de 42 años, trabaja como portero en el barrio carioca de Ipanema y fue asaltado con una pistola. Pasó “un mes sin teléfono” antes de poder comprar otro, en cuatro cuotas.

Contó a la AFP que ha presenciado cuatro robos de teléfonos desde el edificio donde trabaja hace siete meses. Lo Bianco, que hace unos años ya sufrió un robo de auto a mano armada, sueña con irse de la ciudad. “Le digo a mi marido que, si me pidiera mudarnos a la Amazonía, al día siguiente tendría las maletas listas”.

Fuente: AFP.

Guillermo Bae Ki, jefe de Taller del Ministerio del Interior, ratificó que una camioneta fue reparada en el taller del narco Marcus Vinicius.

En el marco del juicio oral y público contra el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narco­traficante Marcus Vinicius– declaró el jefe de Taller del Ministerio del Interior, Gui­llermo Bae Kim. El funcio­nario confirmó al Tribunal de Sentencia que uno de los vehículos pertenecientes al Gobierno, que estaba en uso de la cartera estatal, fue trasla­dado a Ciudad del Este y repa­rado en el taller Black Eagle SA) del presunto capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Este testimonio, sumado a las declaraciones del exviceminis­tro Pablo Ríos y de otros altos exfuncionarios de la institu­ción robustece la hipótesis del Ministerio Público. La audien­cia oral continuará el próximo 2 de octubre a las 11:00.

Por su parte, la fiscala Veró­nica Valdez señaló que Bae Kim explicó detalladamente el procedimiento adminis­trativo utilizado para solici­tar las reparaciones de la flota institucional. Valdez aseguró que “el testigo confirmó que una camioneta Dodge RAM del Ministerio del Interior fue llevada hasta Ciudad del Este para ser reparada en la empresa vinculada a Marcus Vinicius”. Asimismo, adelantó que todos los testimonios y elementos probatorios deba­tidos en el juicio serán expues­tos formalmente durante los alegatos finales de la fiscalía.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. En la audien­cia previa del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero Victoriano Benítez también sumó elementos al proceso de la acusación.

Durante su comparecencia, el testigo admitió –tras ser confrontado con documen­tos exhibidos por el tribunal– la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparacio­nes y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú SA (vinculada al grupo Black Eagle SA), pro­piedad de Vinicius en Ciudad del Este.­

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se reanudó este martes con la declaración testifical del jefe del departamento de Transporte del ente estatal. Guillermo Bae Kim, jefe de Servicios Generales del Ministerio del Interior, mencionó que uno de los vehículos del ministerio fue llevado a Ciudad del Este al taller perteneciente al presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua para su reparación, durante la gestión del exsecretario de Estado.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores de Marcus Vinicius cuando se desempeñaba como ministro, entre mediados de 2021 hasta febrero de 2022. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel. La agente fiscal Verónica Valdez señaló que se aguarda la declaración de más testigos y la producción de pruebas clave, como el informe derivado de la extracción de datos de los teléfonos celulares de Marcus Vinicius.

En la pasada audiencia del 22 de setiembre, la declaración del exdirector administrativo y financiero de la cartera estatal, Victoriano Benítez, complicó la situación procesal del acusado. Durante su comparecencia, el testigo admitió —tras ser confrontado con documentos exhibidos por el tribunal— la existencia de tres vehículos blindados en el ministerio y confirmó que las reparaciones y trabajos de blindaje se realizaban en el taller de la firma Ombú S.A. (vinculada al grupo Black Eagle S.A.), propiedad de Vinicius en Ciudad del Este. No obstante, Benítez evitó precisar la forma en que se financiaron dichos trabajos, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de que los servicios constituían “favores” patrocinados a favor del entonces ministro.

La fiscal Valdez destacó en aquella ocasión que las manifestaciones del testigo confirman que los arreglos mecánicos no se limitaban a los móviles blindados, sino a cualquier vehículo de la institución que requiriera mantenimiento. Asimismo, el exadministrador reveló que hacia el año 2021 la cartera ministerial ya sospechaba de irregularidades en el taller, donde se sobrefacturaban o adulteraban los repuestos figurantes en las planillas.

Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.

En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.

También se abordó la gestión de vehículos específicos, como una camioneta Hyundai Santa Fe y una camioneta Dodge RAM (propiedad de Senabico), mencionando un convenio para tareas de inteligencia. El proceso judicial por presunto cohecho pasivo agravado sigue su curso en la etapa testifical y testificación de pruebas documentales, con las declaraciones pendientes de los últimos testigos presentados por la Fiscalía.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.

En la última sesión del 21 de setiembre, los abogados defensores presentaron sus teorías del caso, argumentando, entre otras cosas, que la gestión de su defendido se dio en un contexto de emergencia por la pandemia del covid-19 y cuestionaron la objetividad de la fiscalía y plantearon la existencia de una supuesta persecución penal selectiva.

Además, las defensas solicitaron medidas para evitar que la fiscalía introduzca referencias innecesarias a la vida íntima y familiar de los encausados. Igualmente, se dio lectura a diversos documentos, incluyendo actas de allanamiento, contratos (como el contrato n.º 14/20), facturas y documentos de constitución de la firma “Tía Chela”. La sesión se centra en el análisis detallado de la legalidad de los procedimientos y contratos realizados por la Municipalidad de Ciudad del Este.