Miembros de la Comisión de Ciencias del Senado realizaron este jueves una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que busca regular la actividad y fortalecer la seguridad de prestadores y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto.

De la actividad participaron los senadores Patrick Kemper, José Oviedo y Walter Kobylanski, además de representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.

En su intervención, el senador Kemper afirmó que la propuesta legislativa tiene como eje central la seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores de las plataformas digitales.

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Como presidente de la Comisión de Ciencias, el parlamentario habló de la importancia de estos espacios participativos para fomentar el debate ciudadano, recoger aportes y fortalecer la iniciativa con contribuciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado.

A su vez, el senador Oviedo expresó que se trata de un tema de gran interés, referido a tecnologías emergentes que ya están ampliamente insertas en la sociedad y que pueden constituir soluciones en materia económica, de transporte y logística.

En tanto, el senador Walter Kobylanski señaló que, en la búsqueda de un equilibrio, corresponde legislar considerando especialmente a los sectores más vulnerables.

Así también, la señora Paola Argüello, en representación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), destacó la importancia de armonizar la propuesta con la normativa vigente en materia de servicios de confianza.

Expresó la necesidad de respetar el principio de neutralidad tecnológica en lo referente a la identificación electrónica de los prestadores, considerando que dicha cartera de Estado es la autoridad de aplicación en esta materia.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.

A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.

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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.

Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.

Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.

“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.

Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.

“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.

A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.

“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.

Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.

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La Cámara de Diputados otrogó este martes media sanción a una propuesta de ley que busca facilitar el acceso de jóvenes a licencias para conducir en plataformas digitales. El proyecto legislativo plantea la modificación de los artículos 22 y 27 de la ley Nº 5016/14, De tránsito y seguridad vial; permitiendo que jóvenes con la edad mínima de 19 años puedan acceder a la categoría A de licencia de conducir.

Durante la sesión ordinaria que se desarrolló en la fecha, el plenario de la Cámara Baja aprobó la citada propuesta normativa que fue impulsada con la finalidad de adecuar la mencionada normativa a la realidad actual del transporte de pasajeros, particularmente, en el caso de vehículos livianos que son operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales. El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

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De acuerdo a uno de los proyectistas, el diputado Rubén Roussillón, explicó ante sus colegas que la propuesta de modificación busca precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”. Explicó que por interpretaciones administrativas, exigen a los conductores de plataformas la licencia profesional de Categoría A.

La normativa actual, según indicó, excluye a los trabajadores jóvenes de plataformas digitales al exigírseles una edad mínima de 24 años para acceder a la licencia de conducir de la Categoría A.

“Planteamos que baje a 19 años la edad mínima para posibilitar la obtención de licencias (Categoría A) a jóvenes conductores de las plataformas digitales. Sabemos que la actual ley establece que recién a partir de los 24 años uno puede obtener el tipo de licencia requerida”, expresó el legislador proyectista.

Los titulares de las comisiones asesoras de Defensa Nacional, Obras y Servicios Públicos, y de Salud Pública Pedro Ortiz y Miguel Del Puerto, respectivamente, expresaron su apoyo a la iniciativa.

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Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.

La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.

En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.

Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.

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“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.

Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.

Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.

La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.

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