En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

Una inversión pública de calidad constituye una de las herramientas más relevantes para promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población, destacó la ministra sustituta de Economía y Finanzas, Andrea Picaso.

Durante la apertura del XIV Seminario Internacional de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de América Latina y el Caribe, sostuvo que fortalecer la gestión de la inversión pública es fundamental para construir economías más inclusivas, productivas y resilientes.

Picaso destacó que el capital humano representa el principal activo de los países y remarcó que las decisiones de inversión deben orientarse a generar infraestructura, servicios y oportunidades que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que la inversión pública trasciende el ámbito financiero al convertirse en una herramienta para materializar las políticas públicas.

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La representante del MEF sostuvo que los sistemas nacionales de inversión pública deben evolucionar para responder a los nuevos desafíos. Entre ellos mencionó la incorporación de herramientas tecnológicas, el aprovechamiento de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la transparencia y la mejora de la calidad del gasto sin afectar la eficiencia en la toma de decisiones.

Asimismo, resaltó que Paraguay avanza hacia una gestión pública orientada a resultados y valoró el trabajo de la Red SNIP como un espacio que permite compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y construir soluciones conjuntas para fortalecer el desarrollo sostenible en la región.

Por su parte, un oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) resaltó la evolución de la Red SNIP desde su creación en 2011 y sostuvo que los sistemas nacionales de inversión pública deben entenderse como capacidades estratégicas del Estado para convertir las prioridades de desarrollo en infraestructura, servicios, capacidades productivas y resiliencia territorial.

Además, reiteró el compromiso de la Cepal de seguir apoyando a los países mediante herramientas, metodologías y conocimiento técnico para fortalecer la calidad de la inversión pública.

El XIV Seminario Internacional de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe se desarrolla en el Hotel Bourbon y se extenderá hasta el viernes.

La agenda contempla paneles de alto nivel, espacios de intercambio técnico y presentación de experiencias regionales.

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Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.

El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.

La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.

A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.

A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.

Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.

A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.

En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.

Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.

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Al cierre del primer semestre del 2026, se registró un déficit fiscal de 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a G. 4,7 billones (USD 732,1 millones), de acuerdo con el Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El resultado respondió al moderado crecimiento de los ingresos totales y al aumento del gasto público asociado al cumplimiento de compromisos sociales y la regularización de obligaciones del Estado.

El reporte señala que, pese al sólido desempeño de la actividad económica, la inflación contenida y la fortaleza del guaraní, la evolución de las cuentas fiscales estuvo condicionada por la menor disponibilidad de ingresos provenientes de las Entidades Binacionales y por el impacto de la apreciación cambiaria sobre la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior.

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Los ingresos totales crecieron 0,5 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado estuvo explicado por el incremento de 2,1 % en los ingresos tributarios, impulsado principalmente por los impuestos internos, mientras que la apreciación del guaraní frente al dólar incidió sobre la recaudación de impuestos externos.

En tanto, los ingresos no tributarios disminuyeron 5,2 %, principalmente por una reducción de 33,0 % en los recursos provenientes de las Entidades Binacionales, asociada tanto a la apreciación cambiaria como al mayor consumo interno de energía, que redujo las transferencias recibidas por compensación de cesión de energía.

Por su parte, el gasto total aumentó 11,7 %, impulsado principalmente por una mayor ejecución en bienes y servicios, remuneraciones y prestaciones sociales. El incremento en bienes y servicios respondió, en gran medida, a la continuidad del proceso de regularización de pagos pendientes a proveedores farmacéuticos, con un aumento de 45,8 % en la adquisición de medicamentos respecto al mismo período del año anterior.

El informe indica que, en este escenario, la ejecución del gasto mantuvo como prioridad el financiamiento de sectores estratégicos, la protección social y la regularización de obligaciones pendientes, principalmente en medicamentos e inversión pública.

Las remuneraciones continuaron concentrándose en las funciones esenciales del Estado. El 80 % de la masa salarial financiada con ingresos tributarios correspondió a los sectores de salud, educación y fuerzas públicas, mientras que el indicador de salarios financiados con recursos tributarios se ubicó en 54,7 %, manteniéndose próximo al mínimo registrado para un primer semestre. Asimismo, las prestaciones sociales crecieron 17,6 %, impulsadas principalmente por las mayores erogaciones destinadas al programa Hambre Cero, la pensión para Adultos Mayores y las jubilaciones.

La inversión pública alcanzó G. 3,0 billones (USD 472,9 millones), equivalente al 0,7 % del PIB, con un crecimiento acumulado de 3,3 % respecto a junio de 2025. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión aumentó 22,6 % como consecuencia de la regularización de pagos pendientes a contratistas.

En términos anualizados, el déficit fiscal se ubicó en G. 10,4 billones, equivalente al 2,6 % del PIB, manteniéndose en niveles similares a los observados un año atrás. El resultado primario, que excluye el pago de intereses de la deuda pública, registró un déficit equivalente al 0,9 % del PIB.

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