El presidente de la Cámara de Diputados, y titular de la ANR, Pedro Alliana, aseguró que en ningún momento existió intención de enviar al freezer el pedido de intervención de la Gobernación de Central, como dieron a entender algunos medios. Sostuvo que la idea de los parlamentarios es conformar la comisión especial para el análisis del pedido de intervención, a fin de que el proceso culmine antes del inicio del receso parlamentario.
En comunicación con medios de prensa, el titular de la Cámara Baja dijo que personalmente conversó con el gobernador Hugo Javier González, como titular del Partido Colorado, este le manifestó que no tiene inconvenientes en que se cree la comisión especial, y que se verifique in situ que esas obras fantasmas de las que muchos hablan sí existen.
Señaló además que la Gobernación de Central no es la única que está con problemas en la rendición de cuentas con facturas clonadas, o facturas falsas, también hay varios municipios, así como la Gobernación de Cordillera, que está con el mismo inconveniente.
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“Más allá de algunas versiones de medios de comunicación, que nosotros queríamos mandar al freezer supuestamente este pedido de intervención, nuestra idea es que la comisión especial tenga todos los dictámenes y hagan todas las verificaciones de estas obras y poder tratar el tema antes del receso parlamentario, que creo que el 15 de diciembre sería la última sesión”, comentó.
No obstante, Alliana aclaró que todavía no se conversó con ningún otro colega de la bancada oficialista y mucho menos de otras, porque desde la bancada de Honor Colorado están aguardando que culmine primeramente todas las verificaciones de las supuestas obras fantasma. Luego esperarán el dictamen de la comisión y, posterior a eso, conversarán con sus pares.
“Por supuesto, si hay hechos o indicios que ameriten la intervención estaremos acompañando el pedido, si no, estarían rechazando. Si no existen las supuestas obras fantasma, no estaremos acompañando”, remarcó.
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Aneaes pide intervención de más de 120 carreras de Derecho que operan sin acreditación
El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, informó que detectaron una brecha muy crítica entre las carreras universitarias habilitadas para funcionar y aquellas que efectivamente cuentan con acreditación de calidad. Indicó que desde el año pasado vienen evaluando varias carreras, y en el caso específico de Derecho, notaron que solo el 17 % de las carreras están acreditadas, una cifra considerada alarmantemente baja por las autoridades técnicas.
En conversación con La Nación/Nación Media, el Dr. Duarte señaló que la institución a su cargo remitió un informe técnico al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el que sugiere la intervención de entre 124 y 126 carreras de Derecho, distribuidas en todo el país.
“Este año actualizamos nuestro informe sobre la carrera de Derecho, donde tenemos una tasa de 17 % de acreditación. Es decir, una tasa muy baja de nivel nivel de acreditación, siendo que la carrera de Derecho, conforme a la Ley 2072/03 es una carrera taxativamente mencionada como de acreditación obligatoria”, explicó.
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Mencionó que las carreras que no están en proceso de evaluación con fines de acreditación o que nunca se presentaron a esta instancia, no solo están funcionando de manera informal, sino que además están violando la Ley 2072/03 de creación de la Aneaes y también la Ley 4995/13, que es la ley de Educación Superior.
Indicó que en el capítulo de registro de titulación se establece con claridad que un título se registrará cuando se cumplan todas las condiciones legales y para Derecho una condición legal es la acreditación.
Cones debe intervenir
Por tanto, Duarte señaló que la institución a su cargo comunicó al Cones, que es la instancia que tiene la potestad de intervención por medio de sus resoluciones que le facultan y entre las cuales figuran como causal de intervención estas faltas administrativas.
Indicó que remitieron este listado, según sus propios registros de las carreras que nunca fueron acreditadas para los procesos de evaluación con fines de habilitación por la Aneaes.
Aclaró que desde la Aneaes solo pueden sugerir la intervenir, ya que es una institución que tiene la función simple de evaluar, pero que sí tiene atribuciones para formular pareceres técnicos según la propia ley que les rige.
“Le sugerimos al Cones la intervención de todas aquellas carreras de Derecho que están funcionando sin haberse presentado, incumpliendo la normativa legal que les obliga a pasar por evaluación con fines de acreditación en la carrera de Derecho”, acotó.
Carreras de evaluación obligatoria
Duarte Peñayo explicó que conforme a la Ley 2072/03, la acreditación no es opcional para Derecho ya que se trata de una carrera que afecta el patrimonio y la integridad de las personas, por lo cual su evaluación es taxativa y obligatoria.
“Consideramos que más de 100 carreras de Derecho deben ser intervenidas, e incluso podrían ser más debido a deficiencias en el catastro del Cones, las cuales debe solucionar. Además el MEC debe considerar mejor el registro de títulos de carreras no acreditadas. Desde la Aneaes emitimos un parecer técnico y expresamos preocupación por carreras que operan sin cumplir con la acreditación obligatoria”, explicó.
Próximas revisiones, sector Salud
El titular de la Aneaes anunció que la próxima semana entregará un informe similar —y exhaustivo— sobre las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Kinesiología, etc.), en las que se anticipan medidas y recomendaciones igual de severas debido al riesgo que implica la falta de acreditación en estas áreas.
“Estamos preparando un informe exhaustivo sobre el área de la salud que estaremos remitiendo la próxima semana a más tardar con las mismas recomendaciones. Y así iremos iremos remitiendo informes por diferentes áreas haciendo el cruce con los datos abiertos del Registro Nacional de Títulos del MEC”, adelantó.
Finalmente, resaltó la necesidad de ir cerrando la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, combatiendo con mucha dureza y medidas concretas la informalidad.
“Debemos pasar de los discursos a las acciones concretas en favor de la educación superior y el fortalecimiento del capital humano. No podemos seguir permitiendo la informalidad en un sistema en el que muchas universidades sí invierten en investigación, infraestructura y docentes de calidad, esfuerzo que merece respeto y respaldo”, concluyó.
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Dirigente vecinal denuncia amenazas tras exponer “obras fantasmas” de gestión prietista
La presidenta de la Comisión vecinal del kilómetro 9 Acaray de Ciudad del Este, Sully Espínola, denuncia que constantemente está siendo amedrentada, amenazada y hasta escrachada en redes sociales por personas que responderían al equipo de Yo Creo, liderado por el destituido exintendente Miguel Prieto. Explicó que recibe constantes ataques desde que denunció la existencia de “obras fantasmas”, cuya supuesta ejecución ahora se utilizada en la campaña electoral de Daniel Pereira Mujica.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Espínola explicó que junto con sus vecinos están cansados del mal trabajo que hizo la administración prietista porque dejan inconclusas o no hicieron varias obras y que ahora pretende continuar al frente de la comuna esteña con el asesor de Prieto en carrera para la elección del 9 de noviembre.
En el caso de esta comisión esteña de vecinos, indicó que se trata de un recapado asfáltico de una doble avenida, donde la administración se comprometió hace un año en llevar adelante, y solo hicieron unas unas cuadras, pero justo la zona más complicada, donde debían de realizar un canal por la naciente de agua, se dejó sin terminar.
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Indicó que el propio concejal Víctor Torales, principal aliado político de Miguel Prieto, acostumbra a recorrer distintos barrios realizando promesas sobre la construcción de obras que finalmente no se cumplen.
“Ellos se fueron a vender el cuento de que nos iban a hacer nuestra obra, llevando un plano gigante, mostrando a la comisión vecinal todo lo que iban a hacer. Hicieron fotos de la reunión, usan como campaña electoral. Sin embargo, solo hicieron 5 cuadritas y la parte crucial, donde estaba el agua, ellos dejaron abandonado”, relató.
“La verdad que nos tropezamos, pero nos tropezamos por la falta de trabajo y por el agua que sale por nuestras vías. Por esto que yo dije, la gente de Yo Creo comenzó a atacarme, a insultarme, simplemente por mostrar una verdad. Acá está prohibido decir la verdad, está prohibido decir que las autoridades no cumplieron con su deber”, lamentó Espínola.
Además, refirió que esas cinco cuadras tampoco tienen una buena terminación, ya que la capa asfáltica se dejó a un desnivel muy grande. Mencionó que las personas que transita en moto ya sufrieron varias caídas y accidentes a consecuencia de ese desnivel.
Espínola expresó su temor, ya que la gente que respondería al equipo del movimiento prietista Yo Creo están recurriendo totalmente a la violencia. “Lo que más me asusta es que están recurriendo a las ofensas, al odio, ellos están incitando totalmente a la violencia y me preocupa como con tanta facilidad ofenden a las personas”, agregó.
Esta semana, en la Junta Municipal de Ciudad del Este hubo un fuerte altercado entre concejales de Yo Creo que presentaron un listado de 1.300 obras que supuestamente realizó esta administración. Sin embargo, los ediles colorados aseguraron que muchas de esas obras son son simples lomadas y bacheos, sin ninguna construcción importante en relación al presupuesto que vienen manejando.
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Conatel informó a comisión del Senado sobre 290 prestadoras de internet
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.
Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.
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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.
Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.
“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.
Solución amigable
El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.
“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.
Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.
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Concejales piden intervención de la Municipalidad de Encarnación
Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.
La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.
Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.
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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales
Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.
“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.
Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.
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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.
Otras irregularidades
Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.
Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.