La presidenta de la Comisión vecinal del kilómetro 9 Acaray de Ciudad del Este, Sully Espínola, denuncia que constantemente está siendo amedrentada, amenazada y hasta escrachada en redes sociales por personas que responderían al equipo de Yo Creo, liderado por el destituido exintendente Miguel Prieto. Explicó que recibe constantes ataques desde que denunció la existencia de “obras fantasmas”, cuya supuesta ejecución ahora se utilizada en la campaña electoral de Daniel Pereira Mujica.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Espínola explicó que junto con sus vecinos están cansados del mal trabajo que hizo la administración prietista porque dejan inconclusas o no hicieron varias obras y que ahora pretende continuar al frente de la comuna esteña con el asesor de Prieto en carrera para la elección del 9 de noviembre.

En el caso de esta comisión esteña de vecinos, indicó que se trata de un recapado asfáltico de una doble avenida, donde la administración se comprometió hace un año en llevar adelante, y solo hicieron unas unas cuadras, pero justo la zona más complicada, donde debían de realizar un canal por la naciente de agua, se dejó sin terminar.

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Indicó que el propio concejal Víctor Torales, principal aliado político de Miguel Prieto, acostumbra a recorrer distintos barrios realizando promesas sobre la construcción de obras que finalmente no se cumplen.

“Ellos se fueron a vender el cuento de que nos iban a hacer nuestra obra, llevando un plano gigante, mostrando a la comisión vecinal todo lo que iban a hacer. Hicieron fotos de la reunión, usan como campaña electoral. Sin embargo, solo hicieron 5 cuadritas y la parte crucial, donde estaba el agua, ellos dejaron abandonado”, relató.

“La verdad que nos tropezamos, pero nos tropezamos por la falta de trabajo y por el agua que sale por nuestras vías. Por esto que yo dije, la gente de Yo Creo comenzó a atacarme, a insultarme, simplemente por mostrar una verdad. Acá está prohibido decir la verdad, está prohibido decir que las autoridades no cumplieron con su deber”, lamentó Espínola.

Además, refirió que esas cinco cuadras tampoco tienen una buena terminación, ya que la capa asfáltica se dejó a un desnivel muy grande. Mencionó que las personas que transita en moto ya sufrieron varias caídas y accidentes a consecuencia de ese desnivel.

Espínola expresó su temor, ya que la gente que respondería al equipo del movimiento prietista Yo Creo están recurriendo totalmente a la violencia. “Lo que más me asusta es que están recurriendo a las ofensas, al odio, ellos están incitando totalmente a la violencia y me preocupa como con tanta facilidad ofenden a las personas”, agregó.

Esta semana, en la Junta Municipal de Ciudad del Este hubo un fuerte altercado entre concejales de Yo Creo que presentaron un listado de 1.300 obras que supuestamente realizó esta administración. Sin embargo, los ediles colorados aseguraron que muchas de esas obras son son simples lomadas y bacheos, sin ninguna construcción importante en relación al presupuesto que vienen manejando.

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.

Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.

El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.

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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.

Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.

“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.

El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.

“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.

Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.

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Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.

Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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